Aunque han pasado 39 años, José Cruz Vigil aún espera justicia por el asesinato de 54 integrantes de su familia extendida entre hermanos, primos, tíos y sobrinos, durante la masacre de El Mozote, perpetrada por integrantes de la Fuerza Armada durante un operativo en siete localidades de Morazán, entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981.
José Cruz como decenas de familiares de las víctimas de esta masacre tienen una luz de esperanza de conocer la verdad y que se haga justicia en el proceso judicial contra los exmilitares que participaron en el operativo que cometió la matanza. Sin embargo, esa ilusión puede ser borrada de un tajo después que la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa aprobara las reformas a la Ley de la carrera judicial.
La reforma a la ley ordenan el retiro de todos los jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio, con ellos se jubilaría de manera obligada a un tercio de los jueces del país, incluyendo a Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, a cargo del caso de El Mozote. El presidente de la CSJ (impuesto) ha dicho que ese juez pasará a disponibilidad, algo que Guzmán ha dicho que no se someterá.
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La Mesa contra la Impunidad en El Salvador y el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones rechazó las reformas propuestas por el oficialismo, tanto a la Ley de la carrera judicial como a la Ley orgánica de la Fiscalía, por considerarlas un golpe a la independencia judicial que violentan la Constitución.
“Son reformas que están dando paso a una destitución encubierta, arbitraria y masiva de jueces, juezas y fiscales por el criterio discriminatorio de su edad”, expresó David Morales, exprocurador de Derechos Humanos.
Morales agregó que estas acciones no solo violentan los derechos de los funcionarios judiciales sino también afecta el derecho de la población en general a contar con un juez imparcial en un proceso judicial. “Entre los ciudadanos afectados se encuentran las víctimas de los crímenes de guerra durante el conflicto armado” aseguró.
El exprocurador explicó que el proceso judicial sobre este caso se encuentra en la fase final y el juez Jorge Guzmán ha conocido durante cinco años diligencias de pruebas anteriores como exhumaciones y los 36,000 folios con los cuenta la querella.
“Su destitución implica la parálisis del proceso y se corre el riesgo que coloquen un juez a la carta con el lineamiento de cerrar el caso de El Mozote” agregó.
El juez Jorge Guzmán ha estado a cargo del proceso tras la apertura del caso a partir de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
En julio de 2016, la Sala de los Constitucional a través de una sentencia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, por considerar que la extensión de la amnistía es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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Según los demandantes, el Estado Mayor y la Fuerza Armada tiene interés por cerrar el caso de El Mozote, pues el año anterior el presidente Nayib Bukele y el ministro de Defensa, Francis Merino, impidieron las inspecciones de los archivos en unidades militares, protegiendo a los militares que cometieron la matanza.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, la masacre fue cometida durante el operativo antiguerrillero denominado “ Operación Rescate” en la que participaron el batallón Atlacatl, la Tercera Brigada de Infantería y el Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera.
Familiares de las víctimas buscan justicia
