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CIDH: no hay avances en investigación masacre El Mozote ni colaboración del gobierno

La instancia de la OEA dice que El Salvador debe tomar medidas de forma inmediata a fin de esclarecer los hechos y que hará una supervisión reforzada de cumplimiento de la sentencia de 2012 donde condenó a El Salvador por graves violaciones a los derechos humanos.

Por Mirella Cáceres | Dic 23, 2021- 15:56

Las personas hicieron un recorrido por el parque, pasando por la casa comunal hasta llegar al monumento donde están los nombres de las víctimas de la masacre. Foto EDH/ Yessica Hompanera

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución mediante la cual ordena una supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Masacre de El Mozote y lugares aledaños al no ver avances en las invetigaciones de la masacre ocurrida en diciembre de 1981.

En un comunicado, la CorteIDH dice que le preocupa la "la ausencia de avances en las investigaciones penales por los hechos" ocurridos durante la guerra salvadoreña.

La Corte también dice en su resolución, notificada este día, que las autoridades salvadoreñas han mantenido una "posición negativa" y una resistencia a colaborar para brindar información relevante para la investigación. Con esto, dice, se ha impedido al juez de la causa que realice las inspecciones ordenadas en el marco de dicho proceso.

Durante las inspecciones judiciales, el gobierno de Nayib Bukele, que prometió en campaña que colaboraría con este caso, se negó a abrir las puertas de los archivos militares en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y otras sedes, donde el juez buscaba documentos como planes militares que aportaran al esclarecimiento de lo que llevó a la masacre.

El entonces juez de la causa, Jorge Guzmán, pese a ser una autoridad judicial y llegó con una resolución judicial para realizar las inspecciones, oficiales de la Fuerza Armada le salieron al paso y le bloquearon.

El gobierno le negó el acceso al juez Jorge Guzmán a verificar los archivos militares sobre la masacre de El Mozote. Foto EDH / Archivo

El presidente Nayib Bukele llegó hace más de una semana a El Mozote para anunciar la instalación de un cubo, un proyecto que el gobierno publicita como forma de prevención de la violencia en comunidades, pero para ello militarizó el cantón, algo que indignó por el hecho de la presencia militar evocaba la presencia militar que acabó en una de las masacres más cruentas de la guerra en El Salvador.

La Corte también expresa su preocupación por los efectos de las recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial en el avance del caso El Mozote, ya que las que a través del decreto 144 la Asamblea Legislativa le dio un segundo golpe al Órgano Judicial y con ello obligó al retiro de jueces o al cese arbitrario de algunos como Jorge Guzmán,  el juez del caso El Mozote.

La CorteIDH "considera preocupante que hayan transcurrido hasta cinco años sin que el Estado haya efectuado los análisis necesarios para concluir el proceso de identificación de restos recuperados en los años 2016 y 2019, con el impacto negativo que tal espera e incertidumbre puede generar en sus familiares” y destaca que es “urgente que el Estado fije como una prioridad inmediata la conclusión del proceso de identificación de tales restos, y que mantenga una adecuada comunicación con los familiares y sus representantes”.

Esta resolución es seguimiento de la que la CorteIDH emitió en octubre de 2012, en la que condenó al Estado salvadoreño y donde establece que es responsable internacionalmente de graves violaciones a los derechos humanos.

En El Mozote y los otros sitios cercanos murieron cerca de 1,000 personas, en su mayoría mujeres y niños a manos del Ejército.

Ante todos esos hechos, el tribunal internacional considera necesario que el Estado de El Salvador adopte medidas "de forma inmediata" y que por lo tanto "corresponde realizar una supervisión reforzada respecto de la medida de reparación de investigación de los hechos, mediante un seguimiento constante sobre su cumplimiento".

Como parte de esa supervisión, la Corte dice que solicitará cada tres meses informes "mientras subsista la situación". Advierte además que sobre las medidas de reparación pendientes de cumplimiento las tomará en otra resolución.

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