Para el 21 de agosto se ha programado en la Asamblea Legislativa la interpelación del ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, sobre lo ocurrido el 9 de febrero, cuando el parlamento salvadoreño fue militarizado.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, del PCN, consideró que este dictamen no es un ataque contra los funcionarios de gobierno, el cual se estableció antes de la pandemia y que ha sucedido por un señalamiento de un suceso en el parlamento salvadoreño “que espero nunca se vuelva a dar, que es el famoso 9F”, el cual es una petición expresa, cuyo dictamen tiene que cumplirse, dijo en una entrevista televisiva.
“Nosotros no podemos engavetar ese dictamen, la decisión de la mayoría está tomada en que el 21 de agosto sea la interpelación, pero esa no es una decisión de este servidor, es una decisión del pleno legislativo y de la mayoría de la Asamblea Legislativa, somos 84 diputados que por mayoría se toman las decisiones tanto en la comisión Política, en la junta directiva y en el mismo pleno, por lo tanto no hay que ver esta interpelación como un acto de venganza, jamás ha existido eso”, sostuvo el parlamentario.
Ponce añadió que hay acontecimientos que deben ser investigados, los cuales tienen que ser profundizados y es lo que el pleno ha solicitado, el cual se tiene que ver como un acto normal que no es un “linchamiento”, que es normal que se dé en un país eminentemente democrático en donde todos podemos ser juzgados por nuestras acciones.
“Si tomaste una decisión a sabiendas que te iba a poner en una situación de estas, tú la tendrías que haber pensado antes. Y este es el tipo de acciones y de decisiones que al final tienen que pasar por este tipo de investigaciones que el mismo congreso, en un Estado democrático tienen que hacer”, expuso Ponce.
Elección de Corte de Cuentas
El presidente de la Asamblea Legislativa también habló sobre la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, y mencionó que toda información sobre los candidatos es bien recibida para elegir a los más indicados y que no estén atados a grupos parlamentarios ni con grupos de interés, “porque lo que queremos es que las personas que lleguen al ente contralor sean personas que se desliguen de cualquier situación externa, que les evite a ellos tomar decisiones apegadas a la Constitución y a la ley”, expresa.
Militarización de Asamblea: La contundente condena internacional al fallido golpe
Añadió que en el caso de los elegidos para los cargos, el artículo 195 de la Constitución determina la elección del mejor perfil, con características determinadas para las funciones que va a realizar.
“Solicité el apoyo de un grupo de notables, me refiero a profesionales de la contaduría pública que conforman el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría, el Instituto de Contadores, gremios de contadores públicos y auditores para que nos ayudara a analizar las 75 currículas”, dijo Ponce.
Explicó que espera que con la ayuda de los profesionales la lista sea reducida a 25 aspirantes y que el próximo paso que dé la comisión Política sea reducir los candidatos a 10 para que este listado sean nombrados el presidente y cámara de primera instancia de la Corte de Cuentas.