Mario Ponce asegura que han aprobado medio centenar de leyes al Gobierno para enfrentar pandemia

El presidente del Órgano Legislativo aseguró que buscan fomentar el diálogo y aprobar resoluciones para cuidar la salud, empleo y economía de la población.

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Por Cecilia Fuentes

Jun 08, 2020- 16:47

“Le hemos dado al país medio centenar de leyes (para enfrentar la pandemia)”, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, durante el Primer Diálogo virtual entre presidentes de los poderes legislativos de Latinoamérica.

“Hemos aprobado varias leyes, el esfuerzo ha sido grande desde febrero hasta la fecha. Hemos dotado de recursos económicos y presupuestarios al gobierno central para que disponga de cuanta herramienta y equipo crea conveniente a fin de adecuar los centros hospitalarios”, explicó Ponce.

Durante el foro, Ponce reiteró que El Salvador pasa por una situación crítica y la necesidad de la apertura económica.

 

“Estamos convencidos de que, si no hay apertura económica, no podemos tener recursos para poder combatir esta enfermedad que obviamente está golpeando las economías del mundo”, ahondó.

El presidente del Órgano Legislativo explicó también que la Asamblea Legislativa de El Salvador realiza “grandes esfuerzos para fomentar el diálogo, buscamos aprobar resoluciones e iniciativas que permitan darle soluciones y alternativas favorables para cuidar la salud, empleo y economía de la población de nuestros países”.

ADEMÁS: Gobierno busca ampliar la cuarentena obligatoria hasta el 15 de junio

Ponce recalcó durante el foro la aprobación del último préstamo de $1,000 millones “con los cuales queremos iniciar ya la apertura económica que todos los países deben de iniciar tarde o temprano”, dijo.

“Orientando recursos para las empresas que van a quedar golpeadas y que difícilmente van a regresar con la misma fuerza de productividad”, mencionó.

El Gobierno logró el aval al dictamen para poder obtener esos $1,000 millones, adicionales a los $2,000 que le fue aprobada por la Asamblea Legislativa, para completar $3,000 millones para la emergencia del COVID-19.

El Salvador está en cuarentena desde el 21 de marzo de este año y desde entonces el Ejecutivo y Legislativo han tenido una seria de contradicciones sobre el levantamiento de las medidas, ya que mientras el Gobierno ha enfatizado que deben seguir las medidas, la Asamblea reitera la necesidad de levantar el confinamiento y apertura económica.

TAMBIÉN: Decreto 29 que prorroga cuarentena mantiene la “ilegalidad” e “improvisación” del gobierno, advierten juristas

El caso más reciente ha sido que la aprobación del decreto 648 en el que establecía que este 8 de junio se comenzaría con la apertura económica. Sin embargo, Bukele lo vetó y ahora amenazó a las empresas y negocios con cerrarlos si abren.

El decreto 648 de la Asamblea Legislativa fue vetado por violar “el principio de separación de poderes”, entre otros, y pone en riesgo la salud de los salvadoreños, argumentó el Gobierno.

El Ejecutivo asegura que se mantiene el decreto 29, que contiene una cuarentena obligatoria hasta el 15 de junio. Sin embargo éste no tiene sustento legal ya que no existe un estado de emergencia decretado por la Asamblea.

Sala recibe demanda contra el Gobierno por amenazas de cierre de empresas

La organización Federation International Human Rights and Justice presentó ayer un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante las amenazas de Bukele y otros funcionarios del gobierno de cerrar de forma definitiva las empresas que abran operaciones en medio de la cuarentena domiciliar obligatoria por el COVID-19, que este lunes llega a su día 79.

Una abogada interpuso la demanda en representación de la organización demandante. En el escrito se pide a los magistrados constitucionalistas que ordenen de inmediato que “cesen las órdenes de cierres de las empresas, que no utilicen la fuerza policial en los 800 retenes, que no hostiguen ni sancionen el Ministerio de Trabajo a las empresas, ni cierren los negocios”.

“El artículo 110 de la Constitución da el derecho a la libertad empresarial, y el Estado en ningún momento puede destruir este derecho, sin haber una ley formal y razonable, pero lo que está haciendo la Presidencia y sus ministros como funcionario, es un acto en contra de este derecho porque está atacando el comercio que es la fuerza económica de la empresa privada”, dice el amparo presentado.

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