Mujeres jóvenes, estudiantes, colectivas feministas, padres, hermanos y abuelos denunciaron el irrespeto a los derechos humanos que, en sus palabras, ha incrementado en los últimos tres años. Además, recordaron la responsabilidad de diputados y funcionarios públicos frente a la violencia que afecta a las mujeres. Señalaron a mujeres que están dentro del Legislativo como las diputadas Marcela Pineda y Suecy Callejas, del partido de Nuevas Ideas, quienes según las mujeres que asistieron a la concentración, han irrespetado la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) o la han utilizado a su conveniencia.
Paola Lorenzana, comunicadora, artista y docente, mencionó que una de las preocupaciones actuales de las mujeres es “la cantidad de agresores que están siendo protegidos dentro de todas las carteras del Estado”. Además, alertó sobre el retroceso de todas las conquistas que las mujeres ya habían logrado y ahora son utilizadas a conveniencia de las instituciones.
Morena Herrera, feminista y activista por los derechos humanos, dijo que este 8M es necesario denunciar que, en el país, los derechos no están garantizados “porque el gobierno ha disminuido los presupuestos públicos para atender los problemas de las mujeres porque pretenden derogar la LEIV, lo que significa una desprotección para las mujeres y niñas en El Salvador”.
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Pañoletas verdes
Aunque la marcha estuvo conformada por al menos nueve bloques distintos, las pañoletas verdes que utilizaron la mayoría de las mujeres en sus cuellos, manos o cabello, representaron unas de las exigencias más destacables del movimiento feminista en el país: el aborto legal y seguro. Sobre este punto destacaron que en El Salvador, 259 mujeres han ido a prisión bajo cargos de homicidios entre 2002 a 2009, según registros de la Policía Nacional Civil (PNC), con penas de entre ocho a diez años.
El caso más emblemático, que denunciaron durante la marcha, es el de Manuela, una mujer de escasos recursos, quién en 2008 experimentó un parto extrahospitalario en la letrina de su casa y una emergencia obstétrica que provocó que su hijo falleciera. Quienes la atendieron, la denunciaron por tener un aborto; sin embargo, el expediente clínico expuso que Manuela enfrentaba una anemia secundaria y preeclampsia grave posparto, una afección del embarazo que produce hipertensión grave, proteinuria excesiva o disfunción orgánica materna, la cual es responsable de una cuarta parte de las defunciones maternas en América Latina, según la Organización Mundial de la Salud.
Además, entre enero y septiembre del 2021, fueron registradas en el Ministerio de Salud (Minsal) 40 muertes maternas, dato que representa un aumento del 11 % respecto al mismo periodo en el 2020. Las exigencias de las mujeres en la marcha fueron claras: fortalecer la institucionalidad, protección del Estado para no ser víctimas de violencia, feminicidios, acoso y criminalización.