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“Hay una política de seguridad del gobierno de no extraditar a pandilleros”, dice Alac-Funde

Los abogados nombrados como magistrados en la Corte Suprema denegaron la extradición del pandillero apodado “Manicomio” y retrocedieron en el caso del cabecilla de la MS, “Blue”; para Alac-Funde esto se interpreta como apoyo a la política del Gobierno de Bukele de no extraditar pandilleros que puede ser parte de los acuerdos con esos grupos terroristas

Por Wiliam A. Hernández | Oct 03, 2021- 21:30

Quince pandilleros, muchos de ellos considerados máximos jefes de la mara Salvatrucha, conocida como Ranfla Nacional, tienen cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos. Foto EDH / Archivo

Desde junio de este año, cosas extrañas han pasado en la Corte Suprema de Justicia, los abogados nombrados por la bancada del partido de Bukele han dado marcha atrás en las extradiciones de los pandilleros “Manicomio” y el “Blue”, requeridos por Estados Unidos.

A un mes de que los magistrados afines a Bukele se asentaron en la Corte Plena y en la Sala de lo Constitucional, los movimientos y esfuerzos han ido en el sentido de parar las extradiciones de pandilleros requeridos por Estados Unidos, algo que ha preocupado a la embajada de ese país.

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Ahora uno de los magistrados exasesor de Bukele, José Ángel Pérez Chacón, fue el principal impulsor de los bloqueos y cambios según las actas de Corte Plena; incluso en las sesiones se ha hablado de crear una ley para tratar las extradiciones, algo que no sería posible porque una ley secundaria de esa naturaleza no puede estar por encima de los tratados internacionales que tienen prioridad, a menos que se reforme la Constitución de la República.

El 24 de agosto pasado, los magistrados de Bukele impulsaron y votaron para negar la extradición de uno de los pandilleros de la MS, Edwin Mauricio Rodríguez Morales, alias “Manicomio”, quien cometió un delito en Estados Unidos en 2017, cuando era un menor de edad. Esta fue la justificación de la decisión de no entregarlo a las autoridades estadounidenses, según el acta de Corte Plena, los magistrados dijeron que las garantías no eran suficientes porque entraba en conflicto con el artículo 35 de la Constitución y 37 de la Convención de los Derechos del Niño, y otros instrumentos nacionales e internacionales.

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Los esfuerzos fueron encaminados en bloquear la extradición y así fue, con 10 votos negaron la extradición. Los magistrados que votaron para no extraditar a Edwin Mauricio Rodríguez fueron: Óscar López Jerez, Elsy Dueñas Lovos, ambos trasladados de otras salas a la Sala de lo Constitucional; los abogados elegidos por el oficialismo: José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahun Martínez García; los otros magistrados que avalaron la negativa fueron Alex David Marroquín Chicas, Miguel Ángel Flores Durell, Enrique Alberto Portillo Peña, José Ernesto Clímaco Valiente.

En una sesión posterior fue revertida la extradición del pandillero MS-13, Armando Eliú Melgar Díaz, apodado “ Blue” o “Cliper”, reclamado por el Tribunal del Distrito Este de Virginia, donde está acusado de intentar asesinar a una salvadoreña. En la sesión del 10 de junio, 13 magistrados votaron para autorizar la entrega del cabecilla a EE. UU., pero Pérez Chacón pidió revertir esa decisión y aunque en esa sesión no tuvo el apoyo, posteriormente logró que se vuelva a estudiar el caso.

¿Qué dice la Constitución?

 

Art. 28

 

La extradición será regulada de acuerdo a los tratados internacionales y cuando se trate de salvadoreños, solo procederá si el correspondiente tratado expresamente lo establece y haya sido aprobado por el Órgano Legislativo de los países suscriptores. En todo caso, sus estipulaciones deberán consagrar el principio de reciprocidad y otorgar a los salvadoreños todas las garantías penales y procesales que esta Constitución establece.

La extradición procederá cuando el delito haya sido cometido en la jurisdicción territorial del país solicitante, salvo cuando se trate de los delitos de transcendencia internacional, y no podrá estipularse en ningún caso por delitos políticos, aunque por consecuencia de estos resultaren delitos comunes.

La ratificación de los tratados de extradición requerirá los dos tercios de votos de los diputados electos.

Para Wilson Sandoval, coordinador de Alac-Funde, ese actuar de los magistrados en la Corte Suprema denota que existe una política o compromiso del Gobierno para no extraditar pandilleros, principalmente de la MS-13, el grupo delictivo más grande del país.

“Creo que debemos comprender que existe una política de seguridad pública del Ejecutivo que tiene como componente la no extradición de pandilleros. La pregunta es: ¿por qué este componente? Muy probablemente responde a lo que los expertos en seguridad han apuntado, y es que existe una tregua que se vería afectada con cumplir con la extradición (de los pandilleros)”, afirmó Sandoval.

Sandoval ve como algo contradictorio que las pandillas, en la retórica del Ejecutivo, sean el enemigo número 1 del Gobierno pero se les protege bajo esa política de no extradición. “La intervención de los magistrados de facto, especialmente de la Sala de lo Constitucional, contrasta con la intervención del Ejecutivo. Son ellos quienes han impulsado y promovido este esquema. Claramente, es una situación que Estados Unidos va a considerar en las relaciones diplomáticas e incluso a nivel de cooperación en materia de seguridad”, aseguró Sandoval.

Según su análisis, con la negativa de extraditar pandilleros queda claro que los magistrados obedecen a Bukele. “Acá la prueba de que estos magistrados responden claramente a la intervención del Ejecutivo”, reiteró Sandoval.

Sobre una posible ley de extradición, Sandoval dijo: “claramente, cualquier otra ley de extradición que se genere y que pase por la Asamblea Legislativa, apuntará a favorecer esta política (de Bukele) a favor de las pandillas”.

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