Magistrados dicen que hay libertad de cuestionar sus nombramientos

Afirman que los ciudadanos están en el derecho de interponer incluso recursos de inconstitucionalidad por nombramientos.

El martes, los diputados eligieron a los nuevos magistrados del Tribunal Electoral. Foto EDH / cortesía

Por Magdalena Reyes nacional@eldiariodehoy.com

Ago 02, 2019- 04:51

Ante los señalamientos por el proceso de elección de los nuevos magistrados y anuncios de organizaciones de la sociedad civil de presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Sala por dichos procesos, el magistrado Noel Antonio Orellana destacó ayer que ellos están en su derecho de acudir a las entidades que estimen convenientes en caso de que estén inconformes.

“Yo soy muy respetuoso del Estado de Derecho y todo ciudadano tendrá el derecho de asistir a las instancias que considere convenientes, si a juicio de él se ha violentado y si el procedimiento no ha sido el más adecuado”, destacó Orellana.

A los cuestionamientos por el proceso y la elección de los magistrados del TSE, ya se suma una demanda de parte del abogado Enrique Anaya, quien presentó el escrito de impugnación ante la Sala de lo Constitucional.

Los cuestionamientos también han tenido eco en entidades como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), que apuntó que ni la CSJ ni la Asamblea hicieron público el mecanismo de evaluación “con base a un baremo que justifique, de forma objetiva la calificación obtenida por los aspirantes en aspectos fundamentales como su formación académica, el conocimiento del Derecho electoral, la trayectoria profesional, la independencia e imparcialidad y la moralidad de los integrantes de las diferentes ternas”, según Fusades.

Ayer la organización de la sociedad civil, Acción Ciudadana, señaló a través de un comunicado que la Asamblea “de nuevo” no realizó una elección de segundo grado con serias deficiencias en materia de transparencia y motivación de la decisión, lo que deja en tela de juicio la constitucionales de dicho proceso electivo.

Entre las deficiencias que señala Acción Ciudadana están que la Comisión Política no definió el perfil de los funcionarios a elegir y la subcomisión no estableció los criterios objetivos que se aplicarían para evaluar y ponderar aspectos referidos a la moralidad y competencia notoria de los candidatas.

Afirman además que en el dictamen que aprobó la Asamblea no se expresan las razones objetivas que llevaron ala Comisión Política a decidirse por quienes resultaron electos y por qué descartaron a los demás interesados.

Sin embargo la organización Acción Ciudadana destacó que seguirá fungiendo como ente fiscalizador de la gestión de los nuevos magistrados.

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