Al menos 16 jueces y magistrados salvadoreños denunciaron ante Naciones Unidas las “graves violaciones” contra la independencia de los tribunales ocurridas en El Salvador por funcionarios y autoridades del órgano Ejecutivo, especialmente el presidente Bukele.
En una carta al Relator Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Jueces, Diego García Sayán, con sede en Ginebra, Suiza, los funcionarios judiciales señalan que Bukele “invoca en forma constante desobediencia a las resoluciones judiciales”, provocando pronunciamientos deliberados contra la judicatura.
Estas violaciones, dicen los jueces de diferentes especialidades e instancias, “se han presentado en forma sistemática” durante la pandemia del COVID-19, sobre todo en “constante desobediencia, incitación agresiva y amenazas contra los miembros de la Sala de lo Constitucional”.
Como prueba de ello denuncian que Bukele y sus funcionarios, “con interpretaciones propias e inusuales para evadir las decisiones de la Sala de lo Constitucional”, obligaron a las aerolíneas a exigir una prueba negativa de covid a los salvadoreños y extranjeros residentes que regresaban al país, en contravención a la Constitución y una orden del máximo tribunales de no impedirles el ingreso si no la llevaban.
Para los jueces, lo anterior constituye “un fraude de etiquetas y en franca desobediencia a las mencionadas decisiones, porque en definitiva, a quienes ha causado el agravio, han sido a los mismos conciudadanos y extranjeros a quienes se le ha negado viajar, y por ende, el derecho a ingresar al país”.
Los denunciantes señalan también que Bukele trata de descalificar a los magistrados de la Sala con “insinuaciones de corrupción”, pero señalan que igualmente “es preocupante que el Presidente Nayib Bukele, por cadena de radio y TV, amenace la vida e integridad de los magistrados de la Sala de lo Constitucional”.
Otro “ataque grave a la independencia judicial” es el bloqueo del Ministerio de Defensa al Juez de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, cuando se presentó el pasado lunes al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, a realizar una inspección judicial en los archivos militares sobre la masacre de El Mozote.
Esta diligencia “fue ordenada y notificada con mucha antelación”, pero el juez Jorge Guzmán “fue recibido con un desacostumbrado dispositivo de miembros de esa unidad militar desde la calle de ingreso, fue interceptado y obstaculizado su ingreso por el mando militar”, dicen la misiva al representante de la ONU.
Finalmente, dice que en vista de que se han agotado las instancias nacionales para frenar estos atropellos, solicitan al Relator de la ONU que “se pronuncie sobre las graves afectaciones a la independencia judicial que continúan en escalada, la someta a consideración del organismo que representa y realice las indagaciones y tome las providencias pertinentes, ante las peligrosas violaciones a una garantía establecida para el ciudadano” de contar con magistrados y jueces independientes.