La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene en mente hacer un giro importante, pretende darle una nueva estructura a sus sentencias a fin de que estas sean más comprensibles para el ciudadano común y no estén escritas solamente para los profesionales del Derecho o personas con mayor escolaridad.
La magistrada Marina Marenco de Torrento aseguró a El Diario de Hoy que están “trabajando en una estructura de sentencia que el ciudadano la pueda comprender”.
La funcionaria dice que todo juez tiene que motivar sus sentencias a fin de que los ciudadanos las entiendan y como Sala de lo Constitucional buscan esa manera de comunicarse mejor con la población a través de sus sentencias.
De Torrento admitió que en ciertas ocasiones el contenido de las resoluciones son demasiado técnicas y que en realidad están más dirigidas a los abogados y no para toda la población.
“A veces se comete un poco el error que se emiten sentencias demasiado técnicas que van dirigidas al abogado pero el ciudadano común y corriente no las entiende. Entonces estamos tratando de darle otra estructura a las sentencias, de tal suerte que también las lean”, afirmó De Torrento.
De igual forma, se refirió la magistrada a que a veces emiten “mega sentencias de 30 a 40 páginas” que muy pocos leen. Dice estar consciente de que en vez de leer tantas páginas se van de una vez a la parte final en la que el tribunal “resuelve” o falla las demandas.
Saltarse hasta esa parte final no permite leer la “parte argumentativa” que es la que contiene la explicación de porqué se está fallando a favor o en contra de una petición, afirma De Torrento.
Consultados tres abogados, consideraron positivo este paso de la Sala de lo Constitucional y coincidieron en que este giro va a incrementar el acceso a la justicia, va a contribuir a que el ciudadano conozca mejor sus derechos y sepa cuándo acudir cuando se los vulneran y exigir que se los cumplan.
Para la Sala, según De Torrento, es importante desarrollar este proyecto de cómo mejorar esa comunicación entre esa instancia y la población. “La parte de la comunicación a la población es bien importante para que el ciudadano entienda”, insiste la magistrada.
Inspirados en otro proyecto
Esta necesidad de conectar con el ciudadano, que no es abogado, a decir de De Torrento, toma inspiración en un proyecto que impulsó el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, mediante el cual promovió el conocimiento de la Constitución en las comunidades más remotas.
Meléndez y colaboradores visitaban distintas localidades del interior del país los fines de semana, reunían a un grupo de personas, le repartían ejemplares en miniatura de la Carta Magna y les explicaba de manera simple qué significaba esa normativa y cómo esta les garantizaba una serie de derechos que ellos podían ejercer.
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“Eso fue tan efectivo que a partir de allí la gente entendió que puede acudir a la Sala de lo Constitucional, que si a mí me han despedido de un trabajo y no me han respetado el procedimiento, la Sala me puede amparar y con una medida cautelar me puede reinstalar mientras la Sala resuelve si hubo o no razón”, ejemplificó la magistrada de Torrento.
Eso, agrega la funcionaria, es bien importante saberlo porque también hay arbitrariedades del poder público, que hay gente violentada cotidianamente por parte del poder público y a eso “también hay que ponerle limite”. Y para esto, dijo, está la Sala de lo Constitucional.
“Yo les decía: así como se hizo con este librito, con la Constitución, hagamos lo mismo con la Sala, que la gente conozca el trabajo de la Sala, y ese será un trabajo del personal de comunicaciones, que es muy bueno, de llevarle a la población el conocimiento del trabajo que hace la Sala de lo Constitucional”, relata ella sobre cómo motivó a sus colegas cuando hablaron de este proyecto.
Abogados apoyan proyecto y dicen que esto hagan todos los jueces
El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, dice que es totalmente positivo este proyecto de la Sala de lo Constitucional pues en los últimos años entraron en una dinámica de hacer cada vez más largas las sentencias y con múltiples citas nada relacionados con el tema, todo eso, añade, deriva en que si se utiliza un lenguaje rebuscado o una estructura mucho más compleja de las sentencias eso se vuelve inaccesible para la mayoría de la población.
Anaya dice estar convencido desde hace mucho de que todas las resoluciones judiciales deben ser redactadas de manera en que todos las podamos comprender; pone de ejemplo cuando un juez habla de medidas cautelares en una audiencia pero que hay personas que no lo entienden, cuando bien pueden explicar en lenguaje sencillo las prohibiciones para el acusado o de protección para la víctima.
El abogado también considera que la Sala de lo Constitucional debe trabajar en la extensión de las sentencias. “Creo que las sentencias deben ser más breves, y abordar directamente el tema que está en debate porque a veces la Sala cuenta una gran historia y que la Asamblea, el fiscal y demandante... empieza a comentar un montón de ideas previas, los tipos de sentencias que pueden haber y después de 50 páginas llega al tema de fondo”, señala Anaya.
Él es de la idea de que este proyecto de la Sala deben aplicarlo todos los tribunales del sistema judicial y tomar modelo de otros países de Europa y Suramérica, donde hacen más accesibles los contenidos de las sentencias judiciales porque consideran que es parte del derecho ciudadano a la justicia.
Para el director de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro, este proyecto es una buena medida por la relevancia y el interés que tienen las sentencias de la Sala de lo Constitucional, y que se pretenda que sean más claras y más comprensibles es un paso positivo porque acerca la justicia al ciudadano.
Ahora, para Castro es importante establecer un balance, pues si bien es bueno que la ciudadanía pueda entender de mejor forma si se usa un lenguaje claro y fluido, tampoco se va a descuidar la parte técnica. “Tiene que haber claridad en los conceptos, precisión jurídica y robustez técnica, hay que balancear ambas cosas”, dice Castro.
En esto coincide Saúl Baños, director de Fespad, cuando dice que si bien se debe romper con este tipo de obstáculos que impiden el acceso a la justicia en El Salvador, también considera que se debe mantener ciertas formalidades y ciertos requisitos.
Para Baños, el uso de terminología en desuso o rebuscada del Derecho no ayuda y que si bien se dice que ninguna persona puede alegar ignorancia de la ley en la práctica eso no es posible porque “tanto las sentencias como las leyes están redactadas de tal manera de que no son comprensibles hasta por profesionales menos por un ciudadano que haya tenido acceso a la educación formal”.
Castro disiente en el aspecto de si tienen que ser menos extensas pues hay temas que lo ameritan y que sientan jurisprudencia, por ejemplo sobre algún derecho vulnerado y que sirve a una persona plantear a futuro alguna demanda.
Castro también considera que la Sala debe también apostarle a la producción de material audiovisual de materiales y compartirlos en redes sociales en los que explique los derechos fundamentales, los límites del poder, formas de acceder a la justicia constitucional, pues esos son aspectos que acercan la justicia al ciudadano.
Baños también considera que “en la medida en que se pueda hacer una intermediación pedagógica con una intencionalidad de que el ciudadano común comprenda lo que se está diciendo es un gran avance para mejorar el acceso a la justicia”.