Con esa frase lapidaria: “una orden de un juez no se cuestiona” el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Ramírez Murcia, cuestionó la desobediencia de funcionarios de la Fuerza Armada y otras instancias a no entregar los archivos militares del caso El Mozote que demanda el juez de San Francisco Gotera.
El magistrado señaló que las ordenes judiciales no se cuestionan ni se discuten, son obligatorias para cualquier funcionario o ciudadano.
“Una orden de un juez no se cuestiona, sino le parece (al funcionario) que ponga los recursos donde corresponde”, afirmó este miércoles el magistrado durante el espacio de la entrevista de Canal 12.
Aseguró que al no cumplir las ordenes judiciales se está retornando a la época de los años 70 (militarismo).
“Estamos aprendiendo las lecciones de los años 70 y 80, el problema que podamos repetirla.
Esperaría que las autoridades colaboren con el juez (de San Francisco Gotera) porque no puede dejar de hacer su trabajo”.
Ayer el juez de San Francisco Gotera trató de acceder a los archivos militares de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, pero por quinta vez le negaron el acceso.
Prescribieron 127 casos de Probidad
El magistrado reveló además que hay 127 casos de funcionarios que tienen expedientes en la Sección de Probidad por supuesto enriquecimiento ilícito que han prescrito (terminó el plazo para ser procesados).
“Corte Plena no puede dejar de atenderlos, los prescritos es que Corte Plena está debatiendo qué hacer y luego se determine enviar a la Fiscalía y se tome la decisión final”, afirmó.
Añadió, que hay casos como el de David Gutiérrez, exministro de Obras Públicas y el de Walter Araujo expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que aún están siendo discutidos en la Corte Plena donde hay montos señalados y no justificados.
En el caso de Gutiérrez dijo ha presentado documentación que, dice él, la tenía lista y luego la vinieron a dejar.
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“Corte Plena y la Comisión de Ética y Probidad definió que no van a dejar prescribir ningún caso de funcionario que es investigado, los casos que están prescritos tendrán que encontrar una ruta de solución, pero los que están a tres o cuatro meses de prescribir esos casos están siendo trabajados y dentro de poco estarán llegando a Corte Plena, explicó.
Aseguró que hay alrededor de 510 casos abiertos en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia por lo que dijo llevaron a Corte Plena una propuesta de cómo enfrentar está realidad, por medio de realizar un estudio preliminar de los casos donde la mayoría está resultando sin indicios.
“Necesitamos acrecentar la producción, incrementar con personal técnico, aportarle más recursos a Probidad”, dijo.