Carlos Ernesto Sánchez Escobar es un juez de carrera y devoto padre de familia. Comenzó como colaborador de tribunal, secretario de cámara de segunda instancia hasta llegar ser juez de Sentencia, magistrado de Cámara y catedrático universitario. Se le reconoce como uno de los fundadores del proceso penal oral y público que rige desde 1998. Por su trayectoria, en 2018 fue elegido magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, cargo del que fue destituido inconstitucionalmente el 1 de mayo pasado junto a los otros miembros del alto tribunal, entre amenazas y presiones.
Ahora, en entrevista con El Diario de Hoy, se atreve a relatar esos acontecimientos y a decir que fueron destituidos por rechazar jurídicamente todos los actos del gobierno de Bukele que violan la Constitución.
Por seguridad ustedes no han podido hablar hasta este momento, pero ¿qué ocurrió el 1M?
Como Sala habíamos advertido una sistemática animadversión del Ejecutivo, a tal grado que se llegó a decir que “deberían fusilarnos”. Eso nos preocupaba mucho y habíamos concluido que después de las elecciones la situación sería difícil, pero no imaginábamos que sería tan arbitraria y tan contraria a lo que establece la Constitución. Ese 1 de mayo, como desde días anteriores, yo había estado asistiendo a mi hija, quien se encontraba con una neumonía de covid del grado más severo en la UCI del Hospital Rosales (a cuyos médicos y personal agradezco encarecidamente su apoyo). Por la tarde nos convocaron con urgencia como magistrados de la Sala de lo Constitucional porque la Asamblea había iniciado un proceso de destitución.
“Nunca pensamos que llegarían a cometer un rompimiento con el orden constitucional y la separación de poderes. Pensábamos que podían haber situaciones difíciles, pero no a ese nivel”
¿Usted atendió la convocatoria?
Fue muy doloroso tener que dejar a la niña en ese momento, tratar de explicarle que tenía que hacer algo urgente. No nos pudimos reunir en la Corte Suprema de Justicia porque prácticamente estaba intervenida y no había seguridad para nosotros. Nos reunimos en otro lugar y comenzamos a evaluar la situación, deliberamos y elaboramos el mandamiento en que se planteaba que había una completa ruptura del orden constitucional y la separación de poderes. Estuvimos trabajando esa misma tarde-noche con muchas limitaciones, pero estábamos los cinco.
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¿Se trata de la última sentencia?
El mandamiento fue una decisión importantísima para salvaguardar el orden constitucional, la separación de poderes y vigencia real de la Constitución. Es una sentencia que declaró inconstitucional, de manera general y obligatoria, la destitución de los cinco magistrados propietarios y de los cinco suplentes. Esta una sentencia que está vigente, con todos sus efectos jurídicos, pero incumplida por los otros poderes del Estado. Esto último refleja el nivel de Estado que tenemos actualmente.
Se dijo también que ustedes estaban por emitir un pronunciamiento para que la fuerza pública no se prestara a la ilegalidad… ¿Qué sucedió?
Ya no hubo tiempo para emitir otros pronunciamientos, aunque dentro del mandamiento de la Sala están expresados: “…La decisión que ha tomado la Asamblea, cuya correlación política favorece al presidente de la República y cuyos diputados han mostrado desde antes de su elección que tendrían la función de seguir los lineamientos presidenciales, implique erradicar una barrera de control hacia el Ejecutivo y hacia sí misma. Habida cuenta de esto, es razonable inferir que la elección de magistrados sustitutos estará orientada a designar personas que no realicen ninguna clase de control efectivo. En ese sentido, el carácter republicano del Estado y la existencia de la separación orgánica de funciones sería aparente, una letra muerta en nuestra Constitución, ya que el presidente de la República tendría en la práctica el monopolio en el ejercicio del poder… ”. Esto advertimos a las 20 horas con 22 minutos del 1 de mayo de 2021 y se ha cumplido.
Casi premonitorio de lo que vendría… Es lo que se ve ahora…
Sí, era lo que inferíamos y dada la conformación en la Asamblea, lo que había sido la campaña política y las expresiones de los candidatos.
¿Los comenzaron a amenazar?
Estábamos agotados. Yo no sabía de la situación de mi hija en ese momento y decimos abordar los otros pronunciamientos al día siguiente. Pero no se pudo. El domingo 2 ya no pudimos entrar a la Corte, que fue tomada por la fuerza pública. Se nos negó el ingreso si quiera a retirar nuestras cosas a los despachos, pero se fue materializando un ámbito de persecución y coacción, amenazas expresas y veladas. No voy a entrar en detalle. Toda esa secuencia fue “brutal”, gravísima para nosotros y nuestras familias, llevó en un momento a que presentáramos las renuncias para que cesara la persecución de la que éramos objeto.
“Las decisiones que tomamos fueron porque se pudo constatar una violación de los derechos constitucionales de los salvadoreños. Si el señor presidente de la República no hubiese violado la Constitución, hubiera tenido una respuesta diferente”
¿En qué consistió la persecución? ¿Acoso de la policía, llamadas anónimas, mensajes directos, amenazas de capturas, intimidación, guerra sicológica?
Hubo de todo, incluso algunas circunstancias fueron evidenciadas por los medios. Nos llevaron a todos a puntos extremos. Para mí fue extremadamente doloroso. Prácticamente nos tocó estar huyendo ese domingo, sabiendo que mi hija estaba gravísimamente enferma. Estuvimos a punto de irnos a embajadas. En el caso del señor presidente de la Corte, le mantuvieron presencia policial. Cada uno de nosotros fue afectado en una dimensión particular. Estos aspectos más específicos van a ser presentados en la jurisdicción internacional, en el sistema interamericano de protección, y por eso no puedo revelar más de esos aspectos. Es muy doloroso que eso que vivimos en tiempos pasados regrese al tiempo presente. Eso le puede pasar a cualquier ciudadano.
¿Qué buscaban presionándolos?
Que presentáramos las renuncias, que ellos mismos no habían enviado escritas. Yo no lo hice hasta por la noche. Había tratado de resistir, pero era muy difícil, sobre todo por la situación de mi hija. ¿Cómo la iba a asistir si me detenían o me pasaba algo?
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¿La Asamblea se basó en una serie de sentencias que afectaban decisiones del presidente Bukele? Eso fue todo… y de esa manera los diputados se convirtieron en juez y parte…
A pesar de ser uno de los órganos controlados por la Sala de lo Constitucional, la Asamblea se vuelve el órgano controlador e “intérprete” de la Constitución, usurpa la función que la Constitución le da a la Sala y ella decide sobre las sentencias emitidas. Ellos invocaron la aplicación directa de la Constitución, pero las normas constitucionales no pueden ser interpretadas de manera aislada.
¿No se puede agarrar cualquiera a mi conveniencia?
No. Y voy a señalar otro aspecto que es importantísimo: ellos se basan en el artículo 186, pero se olvidan del 11 y del 12 de la Constitución, que establecen para toda persona la garantía de juicio previo: una persona no puede ser privada de ningún derecho sin antes haber sido oída y vencida en juicio. Y eso nunca ocurrió, porque no hay una ley que rija ese procedimiento. La Constitución tiene prevista la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero dice que debe ser por causas determinadas o específicas y reguladas en la ley, cosa que en este caso NO ocurrió.
¿Es como el “empeachment” que le siguieron al presidente Trump?
En Estados Unidos el empeachement sigue todo un procedimiento. Hay que configurar una acusación, someterlo a las cámaras del Congreso y luego se toma una decisión. Igual sucede con los procedimientos en los casos de magistrados.
¿Todo lo que hicieron acá vicia, es una herida mortal, para cualquier medida, decisión que hayan tomado los diputados y en algún momento el Estado o ellos tendrán que responder por lo que hicieron?
Es completamente arbitrario e ilegal y eso llevó a que la Sala pronunciara el mandamiento respectivo.
Ustedes se han abocado al sistema interamericano. ¿No temen que comiencen a recibir presiones y amenazas así como fue el 1M?
Hay temor, pero debemos sobreponernos. Es difícil, viendo lo que está sucediendo en el país y lo que le ocurre, por ejemplo, a los medios de comunicación: están amparados por la libertad de expresión y de prensa, por el derecho que tienen a informar y por el derecho que tiene la ciudadanía a recibir información y, sin embargo, está sufriendo persecución. Igual contra nosotros: contra los cinco magistrados se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República, cuyo titular también fue destituido.
¿Cómo califica esto?
Sufrimos persecución política por haber ejercido el control que la Constitución manda, de someter el control del poder, de cualquier poder, a los límites de la Constitución…
¿Fue por las sentencias que emitieron contra los abusos y capturas ilegales en la cuarentena, por haber ordenado que trajeran de vuelta a los miles de salvadoreños varados en el exterior, por frenar cuarentenas infundadas, por todas las resoluciones que no vinieron bien al Ejecutivo?
Todas estas decisiones se tomaron porque se pudo constatar una violación de los derechos constitucionales de los salvadoreños. Si el señor presidente de la República no hubiese violado la Constitución, hubiera tenido una respuesta diferente. Estábamos convencidos de que cuando el señor presidente tuviese la razón, nosotros se la teníamos que dar, era nuestro debe como jueces independientes. Y se la dimos algunos casos, pero en otros en los que él u otras autoridades violaban la Constitución, nosotros como jueces de la Constitución NO podíamos permitirlo. NO éramos jueces que íbamos a consentir la violación de las garantías y derechos fundamentales de las personas. Nosotros veníamos observando sistemáticas actividades de hostigamiento y persecución de la Fuerza Armada y la Policía hacia diferentes personas.
Y sobre el retiro forzado ordenado por la Asamblea a la tercera parte de los jueces, ¿van a luchar?
Esto es un complemento de lo que hicieron el 1 de mayo. Es decreto que afecta normas constitucionales y la independencia de los jueces, es un proceso de cooptación del Órgano Judicial generalizando el tema de la corrupción y haciendo creer que todos los jueces mayores de 60 años son corruptos, ¡una falacia! Quieren reducir al Órgano Judicial a la servidumbre. Hay un vicio de origen, una tara, una herida de muerte en este decreto por ser violatorio de la Constitución. Vamos a proceder tanto internamente como externamente porque no puede haber “jueces a la carta”.
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