Magistrados de la Corte Suprema de Justicia demandaron a los cuatro comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte en un intento de anular el proceso sancionatorio en su contra por negarse a revelar informes de Probidad emitidos el año pasado.
En el documento presentado ante la Cámara de lo Contencioso de Santa Tecla, los magistrados piden que “se declare la ilegalidad y la nulidad de pleno derecho de las resoluciones emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública”.
Dos representantes de la organización Alac-Funde solicitaron los “informes elaborados por Probidad sobre presunto enriquecimiento ilícito de los casos que han sido resueltos por la Corte Suprema de Justicia durante el año 2018”.
El magistrado Óscar López Jerez confirmó que la demanda fue presentada ayer ante la Cámara de lo Contencioso de Santa Tecla y dijo que lo hicieron ante la falta de resolución de la Sala de lo Constitucional a la que acudieron en agosto para que dirima si ellos como magistrados o los comisionados del IAIP tienen la razón en este caso.
Tras la negativa de los magistrados, el IAIP abrió un proceso sancionatorio contra ocho magistrados que votaron por no acatar la orden de ese instituto de entregar informes en mención.
El magistrado López Jerez dice que, en primer lugar, el año pasado no emitieron ninguna resolución ni informe con el que se enviara a alguien a juicio civil bajo sospechas de enriquecimiento ilícito.
Por lo contrario, dice que solamente emitieron informes en que se exoneró a funcionarios, por lo tanto no pueden entregar información que no están pidiendo los solicitantes de la organización Funde-Alac.
En segundo lugar, añade el magistrado, entregar informes con datos financieros de las personas que no resultaron sospechosas de enriquecimiento ilícito es ir contra la Constitución (artículos 238 y 240); además significaría ponerlas en riesgo en un país con niveles de inseguridad, específicamente los pondrían en riesgo de algún secuestro u otro delito.
Esta demanda ante la Sala Contencioso, explicó López Jerez, se debe a que la próxima semana se vence los 60 días que tienen de plazo para recurrir en contra de la decisión del IAIP.