INFOGRAFÍA: Los vacíos legales que ponen en riesgo un invaluable sitio arqueológico en Santa Ana

En un día cualquiera, al hacer un recorrido en lancha alrededor de la isla Igualtepeque se pueden ver en las orillas de la isla a mujeres lavando ropa o maíz, niños jugando, jóvenes y hombres de avanzada edad pescando, otros buceando. Ellos están conscientes de que son personas de “bajos recursos económicos”, pero dicen proclamarse los guardianes del tesoro de Igualtepeque.

La península se convierte en isla durante el invierno cuando las aguas del lago de Güija, ubicado en Metapán, Santa Ana, suben de nivel. Algunas de las rocas volcánicas que están posicionadas en forma de barrera en la parte norte, del también conocido Cerro de La Figuras, quedan bajo el agua en esta época del año y muy poco dejan ver los grabados e historias que los pueblos indígenas plasmaron durante el periodo postclásico.

Es un sitio arqueológico que no ha sido excavado ni investigado, pero se sabe que tiene una plaza, una pirámide y es fácil encontrar trozos de cerámica, obsidiana, parte de armas que utilizaban los nahuas pipiles e incluso tumbas.

 

Hace 43 años, en 1975, el Instituto de Colonización Rural (ICR), ahora Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) entregó a 17 familias una escritura de comodato para que les fuera permitido habitar la isla por 50 años.

“Desde entonces nosotros hemos respetado las medidas que nos dieron, pero podemos cuidar solo lo que está dentro de nuestro terreno, por lo demás no podemos responder y es una lástima porque a cada rato viene gente a desenterrar cosas y se las lleva”, dice Magdaleno Magaña, también conocido como “don Leno”, el presidente de la Adesco de la comunidad que habita en la parte baja de la isla.

En la actualidad son 25 familias, que suman un aproximado de 120 personas entre niños y adultos. Cada familia está formada entre cinco y ocho o hasta más personas, ellos sobreviven máximo con tres dólares al día. Casi siempre es dinero de la venta de pescado, cuando la pesca no ha sido buena se debe de “comer con lo que haya”, dice Manuel Perlera, un joven de 28 años que nació y creció en Igualtepeque.

La madre de Perlera tiene 43 años de vivir en el Cerro de las Figuras, ella pertenece a una de las 17 familias que fundaron la comunidad; dice haber dejado gran parte de su vida en esas tierras que han visto nacer a sus hijos y guardar en sus entrañas los ombligos de sus descendientes.

Las familias de la comunidad viven en casas hechas a base de lámina y madera, muy pocas son construidas con ladrillos, ya que cuando se les dio el comodato se comprometieron a no hacer ningún tipo de actividad que dañara el sitio arqueológico. Ellos tienen prohibido hacer calles, caminos, edificaciones e incluso utilizar un arado o maquinaria para la siembra de cultivos porque la remoción de tierra puede causar daño en alguna estructura o destruir algún vestigio que esté en el subsuelo.

En 2008, el ISTA ratificó el comodato que fue dado para 50 años y reafirmó que las familias podían seguir viviendo en la isla hasta 2025, según información proporcionada por Hugo Díaz, director de Arqueología del Museo de Antropología David J. Guzmán (MUNA).

“De aquí no nos sacan”
Como quien guarda un tesoro, cada familia tiene una fotocopia del comodato que les fue entregado hace 43 años. Son cinco páginas que describen cómo y cuáles son las condiciones que deben de cumplir para poder vivir en Igualtepeque. Para ellos, esas páginas tienen “un gran valor” porque les garantiza un techo donde vivir, pero la fotocopia de un documento no tiene validez en un proceso legal.

Hace diez años la presencia de Jorge Alberto Panameño Flores despertó la angustia de estas familias. Era un extraño más que llegaba a la isla, la diferencia era que él llevaba documentos que lo acreditaban como el propietario del inmueble.

“Él nos dijo que podía sacarnos de aquí porque estas eran sus tierras, pero que lo único que haría era reducir nuestras parcelitas y que, si no aceptábamos, entonces nos sacaría por las malas porque él era el dueño”, cuenta don Leno.

Don Leno es considerado el cacique de la comunidad, dice no recordar con exactitud cuántos años tiene y se mueve por su casa sobre una silla de ruedas eléctrica, pero asegura recordar el día que vio por primera vez a Jorge Panameño.

Asegura que Panameño le contó que tenía planeado ejecutar un proyecto turístico en la isla, pero también que estaba analizando la posibilidad de vender el inmueble. Don Leno dice que esa noticia le fue desconcertante porque hasta ese momento creía que el único dueño de la isla era el Estado debido a la gestión del comodato que se hizo en el pasado y por ser un sitio arqueológico conocido como tal.

Este año, la angustia de los isleños se volvió a despertar, después que se dieran cuenta de que se anunciaba la venta de la isla por 5 millones de dólares y habían un video que circulaba en redes sociales que mostraba la construcción de un centro recreativo.

“Me siento afligido, no es posible que porque tengan tanto dinero nos quieran venir a sacar de aquí. Nosotros hemos cuidado de la isla, hemos evitado que la gente se llevara las cosas. De aquí no nos sacan, solo muertos”, dice Perlera.

En 2015 José Aguilar, abogado representante de Jorge Panameño, entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) un documento donde se solicitaba la intervención del Ministerio Público porque el inmueble había sido “invadido” por personas que estaban construyendo casas y que estas tenían un impacto negativo en el sitio arqueológico, además, no aportaba ningún tipo de valor histórico. Se pedía que se investigara a las personas por el delito de usurpación de inmuebles.

Derecho de propiedad
Jorge Panameño es el propietario legal del inmueble, según una certificación emitida por el Centro de Registro Nacional (CNR) en agosto de este año, donde se destaca que tiene “un porcentaje de 100 % de derecho de propiedad” sobre el inmueble.

En 2003 Mauricio Antonio Valiente Berdugo vendió el inmueble a Jorge Panameño; luego, en 2007 el CNR emitió la primera certificación donde ratifica el derecho de propiedad de Panameño.

Igualtepeque fue declarado Bien Cultural en 2012 mediante el decreto publicado en el Diario Oficial el 13 de septiembre. Después de la declaratoria se imponen medidas de protección al inmueble.

De acuerdo al artículo 10 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural no existe impedimento para que un bien cultural sea propiedad privada y se reconocerá tal derecho si se cumplen con los requisitos que establece la ley.

En cuanto a las acciones que puede o no realizar el propietario de un bien cultural, el artículo 26 de esta ley establece que están obligados a no hacer trabajos que puedan afectar o dañar los inmuebles.

“El señor Panameño es el dueño legal de Igualtepeque, están los documentos que lo comprueban. En 2017 concluyó el trámite y el fallo fue a favor de Jorge Panameño, ahora ya no se sigue ningún proceso legal”, dice Iván Salazar Francia, abogado de Panameño.

Explicó que, en efecto, Igualtepeque es un bien cultural y Panameño está consciente de ello, así como las obligaciones y medidas que debe de cumplir. Asegura que Panameño en repetidas ocasiones ha buscado al Ministerio de Cultura, a la alcaldía de Metapán y otras instituciones estatales para tratar de llegar a algún acuerdo o convenio para dar a Igualtepeque el cuidado que necesita, pero nadie se ha mostrado interesado en el sitio.

“Él (Panameño) siempre ha creído que lo más conveniente es que sea el Estado, el Ministerio de Cultura quien se haga cargo del sitio arqueológico, pero hasta el momento no han mostrado interés”, lamenta Salazar.

La venta
Panameño ha intentado vender el inmueble y este año estuvo a punto de cerrar un contrato con AP&G Constructores S. A. de C. V. una empresa que estaba interesada en comprar el sitio arqueológico para hacer un proyecto turístico.

La empresa pagaría 4.5 millones de dólares por el inmueble, pero en esos mismos días se publicó un clasificado que anunciaba la venta del Cerro de las Figuras. Ante la publicación, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado de prensa donde desmentía la venta e informaba que el sitio no se podía vender porque es propiedad del Estado.

“Este tipo de ambigüedades y confusiones han impedido que se haga el trato y en realidad es Jorge Panameño el propietario. El Estado es quien debería de velar junto con el dueño para garantizar la protección de Igualtepeque”, manifiesta Salazar.

Respecto a este punto, Díaz asegura que si bien es cierto que Panameño es el propietario del inmueble, pero el Estado salvadoreño es el dueño del sitio arqueológico.

“El problema es la tenencia de la tierra. La Ley permite la propiedad privada de un bien cultural. Creo que lo que está mal planteado es el cómo, porque todo lo que está en el subsuelo por Constitución es del Estado. En realidad el terreno es de él (Panameño), pero lo del subsuelo siempre será del Estado, el sitio arqueológico aunque está sepultado es del Estado”, explica.

Asegura que para aclarar el vacío legal que rodea a Igualtepeque, el ISTA tendría que reconstruir la posesión histórica del inmueble porque también es necesario identificar si la península no formó parte de la reforma agraria de 1980 y saber en manos de quién estaba en esa época.

En cuanto a la intervención de este proceso legal, manifiesta que no es competencia del Ministerio de Cultura porque su rol llega hasta el ámbito cultural y la protección del bien inmueble.

El proyecto

La empresa que estaba interesada en el Cerro de las Figuras planeaba construir un malecón, una plaza al centro de la isla, pequeños jardines, zonas para comer, calles y diversas construcciones más. Sin embargo, este tipo de acciones están estrictamente prohibidas por la Ley Especial de Patrimonio Cultural porque atentaría contra el valor arqueológico que tiene el lugar.

“El malecón encima de los petrograbados es imposible porque la declaratoria no lo permite. El señor Panameño puede vender, pero quien compre se tiene que someter a las medidas de protección que tiene el bien cultural. La compra y venta no está prohibida”, puntualizó Díaz.

Explicó que solo son permitidas “infraestructuras de bajo impacto que permitan acondicionarlo a la licitación pública”.

Para Díaz, por el momento lo más importante es aclarar, según ellos, la posesión del terreno y esto se logrará sólo a través de la revisión de tenencia del inmueble que haga el ISTA. Reconoce que lo más idóneo es que se asigne un presupuesto, ya sea a través del Gobierno, empresa privada, ayuda internacional o por otros convenios para hacer investigaciones en Igualtepeque y obtener más información sobre los rasgos arqueológicos que lo caracterizan. Sin embargo, dice estar consciente que en la actualidad es imposible porque para empezar el Ministerio de Cultura no tiene un presupuesto propio.

“Los fondos, son millones los que se necesitan para excavar porque todo lo que se tendría que ir excavando, se tendría que ir consolidando para mantener el sitio”, dice.

Los panoramas
Jorge Panameño tiene la documentación que lo acredita como el propietario de la península, incluyendo la certificación emitida por el CNR en este año. En cuanto a la postura oficial, la única respuesta que ha dado el Ministerio de Cultura es el comunicado que publicó en su sitio web donde establece que el Cerro de las Figuras es propiedad del Estado. Además, del argumento que el director de arqueología del Muna dio a este medio donde dejó entrever que hasta que no se determine la tenencia histórica del inmueble y no se lleve a cabo un proceso legal se desconoce quién es el propietario y la forma de proceder.

Teniendo en cuenta estos tres puntos de vista, las opciones que se tiene para la administración del sitio arqueológico se reducen a cuatro.

La primera es que el propietario quiera ejecutar algún proyecto y que este tenga el aval del Ministerio de Cultura para llevar a cabo las obras. Pero esto requiere de mucho dinero y Panameño dice no contar con los fondos.

Otra opción es un trabajo conjunto entre Panameño y el Estado, teniendo en cuenta que según el artículo 1, inciso 3 de la Constitución de la República “es obligación del Estado asegurar a los habitantes el goce de la cultura”.

Ante este panorama, Panameño dice estar de acuerdo y no tener ningún inconveniente porque siempre ha tenido la intención de trabajar con el Estado para salvaguardar el valor del sitio.

“En el caso que el dueño quisiera recrear un parque en coordinación con el Estado, la ley nos obliga a que nosotros (Ministerio de Cultura) le demos la asesoría técnica. Si él se coordinara con nosotros fuera posible que el parque arqueológico fuera más viable que la propuesta que él tiene”, dice Díaz.

Díaz cree que el parque arqueológico es la mejor opción porque hasta la comunidad podría ser parte del proyecto, participar en la administración y gestión e incluso se podrían beneficiar económicamente con los ingresos del parque.

“Tiene que ser un proyecto bastante complejo y complicado por la voluntad política y coyuntura que vivimos, pero se podría considerar la opción y que la comunidad local como la comunidad indígena pueda gestionar sus recursos arqueológicos”, concluyó.

Por último, está la adquisición del inmueble por parte del Estado de forma directa o bajo la figura de expropiación. Según el artículo 28 de la Ley de Patrimonio, el Ministerio de Cultura debe de establecer los criterios necesarios para adquirir la propiedad, pero antes el Ministerio de Hacienda debe de calcular el costo económico del inmueble y pagar por él.
Cuando el bien patrimonial se vuelve público, el Estado puede “realizar contratos de arrendamiento, comodato o fideicomiso a fin de garantizar el goce de los servicios”.

Mientras se resuelve el conflicto legal que existe entre Jorge Panameño y el Estado, Igualtepeque seguirá siendo una península en época de verano y una isla en invierno. Los petrograbados serán visitados por más de algún curioso y don Leno junto con los demás habitantes de la comunidad seguirán cuidando del tesoro invaluable del Cerro de las Figuras, esperando no ser desalojados del lugar donde han vivido por 43 años.