El Salvador no había registrado en los últimos diez años una tasa de homicidios tan baja como la del 2021: 18 homicidios por cada cien mil habitantes. Un número que a simple vista no significa mucho si no se compara con el año 2015, cuando el país registró 106 asesinatos por cada cien mil habitantes.
Pero la desescalada en los homicidios sigue siendo un misterio para muchos y para otros algo muy concreto: el gobierno insiste en que si hay menos homicidios ahora es el resultado del Plan Control Territorial lanzado en junio de 2019, una estrategia de seguridad cuyo financiamiento Nayib Bukele usó como excusa para entrar con militares al recinto legislativo en 2020.
Para Estados Unidos, en cambio, la baja se debe a una negociación entre el gobierno y las pandillas MS13 y las dos facciones de la pandilla 18: Revolucionarios y Sureños, a quienes en aras de bajar los homicidios, el gobierno les “dio incentivos financieros para garantizar que los incidentes de violencia pandillera y el número de homicidios confirmados permanecieran bajos”.
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Pero, a dos años y medio de que se lanzara el plan de seguridad “estrella” del gobierno, hay municipios en los que la violencia ha comenzado a crecer a partir del 2019. Nuevo Cuscatlán en La Libertad; El Congo y Metapán en Santa Ana; y San Luis Talpa en La Paz son solo algunos de los municipios en los que el plan ha tenido pocos resultados; por el contrario, la tasa de homicidios ha aumentado.
El Congo en Santa Ana tiene a las dos pandillas divididas por una calle: en algunas colonias controla la MS13, mientras que en la zona comercial hay más presencia de la pandilla 18. El municipio registró cuatro homicidios en 2019; ninguno en 2020 y 12 en 2021. Los datos provienen de Medicina Legal vía Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, al conversar con el jefe de la delegación de El Congo, el inspector Otto Godoy, asegura que sus registros muestran solo dos homicidios en 2021 y que en todo caso, son los robos y los hurtos los que han aumentado.
“Hemos tenido bastante baja en los homicidios. Las colonias fueron asediadas en años anteriores y por eso quedaron casas abandonadas. El problema ahora es la jurisdicción; hay muchos casos que se los cargan a El Congo y no son de El Congo”, dijo.
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Godoy tiene razón en que los homicidios bajaron a casi cero en 2019. No obstante, los datos de Medicina Legal para 2021 muestran leves aumentos.
Unos metros adelante de la misma calle en la que se encuentra el puesto policial hay varias casas abandonadas: son lotificaciones en las que los lugareños creen que aunque la pandilla ha mermado su asedio, esto no es motivo de confianza. “Lo que vemos ahora es que se reúnen en grupo en las barrancas… y nos preguntamos, ¿en qué se están entrenando? No eran comunes esas reuniones. Ahora los vemos calmados, pero ya han hecho lo mismo antes. De repente atacan…”, dijo uno de los lugareños bajo condición de anonimato.
Este municipio ya había disminuido los homicidios antes de que Bukele llegara a la presidencia y en 2019, cuando se lanzó el Plan Control Territorial cayeron atípicamente. Pero a partir de entonces, esa disminución no ha durado mucho. Los homicidios ahora superan a los registrados el año en que inició funciones Bukele.
El caso de Nuevo Cuscatlán en La Libertad ha resonado en las últimas semanas por el hallazgo de una fosa clandestina con al menos 26 cuerpos. Un municipio con un alto ingreso per cápita ahora aparece en las primeras planas por el hallazgo de osamentas. El año pasado, Medicina Legal registró 12 homicidios. Esto lo colocó en el municipio con la tasa más alta debido al número de habitantes que no superan los 10,000.
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“Tradicionalmente los municipios con alto ingreso per cápita como Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán y Santa Tecla han sido municipios con bajas tasas de homicidios e incidencia delincuencial. Eso parece haber cambiado en los últimos años debido a la expansión del control territorial de las pandillas a zonas que tradicionalmente no controlaban y al desplazamiento territorial del crimen. A esto se le suma la falta de políticas de prevención local del delito que han favorecido el surgimiento de nuevos nuevos nichos criminales en los territorios”, explica la investigadora Jeannette Aguilar.
Lo notorio de Nuevo Cuscatlán ahora es el silencio gubernamental. Ni la Policía ni el Ministerio de Seguridad han querido explicar la situación de violencia en la zona. A excepción del 2017, cuando se registraron 11 homicidios y 2021, cuando hubo 12 homicidios, Nuevo Cuscatlán ha tenido históricamente tasas de dos homicidios por cada 10,000 habitantes en los últimos diez años.
Otros municipios con conexiones fronterizas como Metapán en Santa Ana también registran aumentos en sus tasas de homicidios a partir de la caída del 2019.
¿Un plan de seguridad o una negociación?
El Plan Control Territorial de Nayib Bukele ha sido una de las estrategias de seguridad más publicitadas por el gobierno: en palabras de sus promotores, su éxito ha logrado bajar los homicidios a nivel nacional. Pero desde que fue lanzado en junio de 2019, inicialmente en 22 de 262 municipios mostró sus primeras contradicciones.
Para ese momento la Policía esperaba que los homicidios bajaran primero en los municipios donde se priorizaba el Plan, pero no fue así. Los homicidios descendieron más en los municipios fuera del Plan Control Territorial, como lo documentó El Diario de Hoy en noviembre de 2019. El hecho fue considerado como “normal” por el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, pues “la policía está en todos los municipios”, dijo. Entonces, ¿qué de diferente tenía el Plan Control Territorial?
Pese a que los homicidios en El Salvador han bajado como no había sucedido en los últimos diez años, los datos oficiales muestran una disminución desde 2016, y otra disminución más pronunciada a partir de 2019. El antropólogo Juan Martínez d’Aubuisson, quien en la última década se ha dedicado al estudio de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, reconoce que el gobierno de Bukele ha sido “habilidoso para lograr darle continuidad a los acuerdos pasados”. Y en un esbozo sobre las negociaciones entre gobierno y pandillas, asegura que las pandillas ahora han perdido el interés en asediar militarmente, más bien se han concentrado en objetivos financieros.
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“Después de todo el 2011, que fue el primer año donde se empiezan a enfrentar las pandillas y el gobierno, el gobierno de Mauricio Funes puso militares en las cárceles, y la pandilla respondió matando un número abrumador de personas que trabajaban en Centros Penales. Las pandillas tenían la sensación de haber ganado, militarmente, la guerra del 2011. Un año después, el gobierno se sienta a hablar con las pandillas. Ahí fue cuando el Estado les pidió tregua”, explica d’Aubuisson.
Pero cuando se rompe la tregua en 2015, el país vivió la ola de violencia más cruenta después de la guerra civil: más de 6,600 asesinatos en 2015 y 5,200 en 2016. La pandilla creyó, nuevamente, que podía ganar la guerra. Pero no fue así, explica el antropólogo.
“Una guerra que pensaron que iban a ganar, la perdieron por goleada. El gobierno y buena parte de la sociedad salvadoreña peleó contra las pandillas y ganaron. Lograron diezmar a las pandillas (con enfrentamientos oficiales y grupos de exterminio organizados por la sociedad civil). Paralelo a esto, el gobierno de Sánchez Cerén, por primera vez, logró un bloqueo (a través de las medidas extraordinarias) más o menos eficiente entre cárceles y calles. Entonces, las pandillas comprendieron que ya no les convenía seguir con la guerra”, agrega.
A mediados del gobierno de Funes, hubo 142 enfrentamientos armados entre la Policía y las pandillas. Ese número se cuadruplicó cuando la tregua se rompió e inició la guerra entre el Estado y las pandillas, llegando incluso a los 649 enfrentamientos en 2016. Pero, El Diario de Hoy documentó en agosto del año pasado que los enfrentamientos en el periodo de Bukele cayeron a niveles de la tregua de Funes: 181 en 2020.
“La pandilla, menos la MS, ya no es una pandilla, es una estructura empresarial. En ese sentido, el gobierno de Bukele ha sido bastante estratégico en darle continuidad a los acuerdos, en fundar nuevas treguas, en hacer nuevas negociaciones para mantener la gobernabilidad”, explica d’Aubuisson.
Los inexplicables repuntes de homicidios
Así como los homicidios cayeron de manera notoria a nivel nacional, a partir del 2019, hay otros municipios que, justo tras la caída de ese año, han comenzado a aumentar.
El país, además, ha vivido días violentos en el gobierno de Bukele: en septiembre de 2019, abril de 2020 y noviembre de 2021 se abrieron “las válvulas”, explica el antropólogo, y eso “no significa que sea el inicio de una guerra, sino una forma de lograr alinear las negociaciones con el gobierno”.
Aunque hay una baja generalizada en los homicidios, y son solo algunos los que no han logrado mayor reducción con el Plan Control Territorial, esa reducción generalizada es atípica, según la investigadora Aguilar: “La reducción a esos niveles solo pudo darse por un repliegue paralelo de diversos actores criminales: pandillas, grupos de exterminio y criminalidad organizada”.