Por cuarta vez, la Fuerza Armada de El Salvador se opuso este miércoles a la inspección judicial de archivos militares por la masacre de El Mozote durante la guerra, pese al fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que respaldó al juez del proceso.
Han sido cuatro las ocasiones en las que la institución castrense, con el respaldo del presidente Nayib Bukele, se ha negado a permitir la ejecución de la diligencia judicial en cuatro de sus guarniciones militares, en las cuales, según el juez del caso, solo buscan recabar posibles evidencias que esclarezcan la matanza cometida en 1981 en el conflicto armado.
En los cuatro intentos ha dado la misma explicación el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, y el mismo número de veces la Fuerza Armada se ha escudado en que guarda documentos “secretos” en sus recintos para bloquear las inspecciones.
El presidente Bukele ha justificado el bloqueo en que el juez del caso no tiene jurisdicción, algo que le han rebatido especialistas en derecho; además ha argumentado el carácter confidencial de los documentos que se resguardan en las sedes militares e incluso ha dicho que la intención de ingresar a las instituciones es para revisar planes estratégicos de seguridad.
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El lunes, la Sala de lo Constitucional resolvió que los archivos militares de la época de la guerra, que son los que el juez decidió revisar no son confidenciales como lo argumenta el gobierno. Pese a esta resolución judicial, el Ejecutivo impidió el paso y se ha negado a que sea ejecutada una orden.
Estos son las cuatro sedes militares en las que el Ejército ha obstruido la diligencia del juez y sus peritos para verificar archivos relacionados a El Mozote:
1. Lunes 21 de septiembre se bloqueó el ingreso al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.
Los militares no permitieron la entrada del juez de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, de los peritos y de la Fiscalía General de la República (FGR).
En los dos portones de ingreso a esa sede del Ministerio de Defensa fueron colocadas barricadas de hierro reforzado con alambre razor. Según explicó un militar a un funcionario de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), los obstáculos se debían a que en esa ocasión esperaban la llegada de una manifestación.
Sin embargo, se le negó la entrada al juez Guzmán y de los vehículos con personal de la FGR y también de los peritos juramentados para tal propósito.
2. El lunes 12 de octubre, el juez y peritos acudieron a las instalaciones de la Fuerza Aérea en Ilopango ante la negativa de las autoridades de permitir este procedimiento en un primer intento el pasado 21 de septiembre en el Estado Mayor.
No obstante, nuevamente el Ejército impidió el desarrollo de la diligencia. Delegados de la institución castrense argumentaron que en el lugar “no cuentan con la información” que se requiere y añadieron que “es información confidencial secreta la que tenemos aquí, y que solo puede ser solicitada por la Asamblea (Legislativa)”.
3. El martes 13 de octubre al juzgador le fue prohibida la entrada a la Segunda Brigada Aérea de la Fuerza Aérea, con sede en Comalapa. Delegados de Defensa lo recibieron para decirle que no le estaba permitido el ingreso.
El capitán Carlos Escobar dijo a Guzmán que en esa brigada no se encontraban planes de 1981, dado que fue fundada en 1986 y comenzó a funcionar en 1987.
“Tenemos nuestros planes particulares de defensa nacional, que son de carácter secreto” y “por tal razón yo no puedo autorizarle el acceso a los archivos de la Segunda Brigada Aérea”, indicó el oficial.
Este mismo día, Guzmán envió un oficio al Comandante General de la Fuerza Armada y Presidente de la República, Nayib Bukele, en el que comunicaba que para este miércoles en la mañana se programaba la visita a las instalaciones de la Brigada de Artillería, coronel Óscar Osorio, con el propósito de inspeccionar los archivos militares que pudieran existir sobre el caso.
4. El miércoles 14 de octubre, por cuarta ocasión fue bloqueado el ingreso al acceso de archivos militares relacionados a El Mozote.
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La oficial que atendió al juez le dijo que no lo podía dejar pasar porque no habían notificado que llegarían, sin embargo, Guzmán respondió que esta ya se había hecho con anticipación a la Presidencia de la República.
“Estamos haciendo esto por las víctimas, no por los acusadores ni la Fiscalía, sino que las víctimas son el centro de este proceso”, sostuvo Guzmán.
Los “secretos” guardados
Guzmán ha manifestado de que los militares “están haciendo una interpretación equivocada sobre el concepto de planes militares secretos”, que ha sido discutido y decidido por tribunales nacionales e internacionales.
Como jurisprudencia sobre el tema citó el fallo de la Sala de lo Constitucional de 2016 que anuló una ley de amnistía de 1993, lo cual permitió reabrir el proceso por la masacre de El Mozote, y otro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de 2012 sobre esta matanza.
Indicó que los antecedentes judiciales de la CorteIDH señalan que “no puede invocarse una disposición de derecho interno para evitar y obstaculizar” investigaciones por graves violaciones a derechos humanos.
Por último, recordó que los jueces constitucionales rechazaron un amparo del ministro Merino, con el que intentaba frenar las diligencias por la vía legal y dieron respaldo al acceso.
El ministro no solo alegó, según el fallo dado a conocer el lunes, que se debía parar la diligencia porque existían archivos “secretos” en la unidades, sino que los mismos documentos que podrían estar relacionados tienen ese carácter confidencial.
“Pese a que se alega que los archivos sobre los cuales se realizará la inspección constituyen información de planes militares secretos, se debe tener en cuenta que en el referido proceso penal se están investigando hechos sucedidos en 1981 en la relacionada masacre, y por lo tanto serán documentos de esa época los que se examinarán”, sostuvieron los jueces constitucionales.
La amenaza de un “suprapoder” y la orden secreta
Los argumentos legales dados por el juez y el respaldo constitucional no fueron suficientes para que se permitiera su ingreso, con lo que el Ejército desobedece y reta al Supremo.
“Aquí en este país no hay una institución que sea un suprapoder y que esté por encima de todos los demás, al grado de que no pueda someterse a las resoluciones judiciales que se dictan en la investigación de hechos de graves violaciones a derechos humanos”, advirtió Guzmán.
Esta decisión judicial no es la única que se ha desobedecido desde que el presidente Bukele llegó al poder, dado que en plena cuarentena por la pandemia del COVID-19 dijo públicamente que no cumpliría un fallo constitucional que le ordenaba no detener y confinar forzosamente a quienes se saltaran la cuarentena.
El capitán Escobar, junto a una asesora legal, de la Segunda Brigada Aérea admitió que había recibido órdenes sobre estas diligencias y al ser preguntado sobre la autoridad que le mandó bloquear la inspección decidió retirarse.
Además, indicó que las órdenes recibidas no fueron modificadas ni con el respaldo que la diligencia recibió de la Sala de lo Constitucional.
La desobediencia constitucional
Para Wilfredo Medrano, abogado de las víctimas y miembro de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández”, esta negativa es una “desobediencia grave”.
“El máximo interprete de la Constitución ya dijo que no hay ningún agravio (con las inspecciones) y le reviste de legalidad todas las actuaciones que está realizando el juez”, dijo a Efe.
Añadió que “no respetar a la Sala de lo Constitucional es grave porque están incurriendo en varios delitos”.
“Aquí no se trata de un superpoder. La Fuerza Armada no esta por encima de los tres órganos de Estado”, por lo que “debe de someterse”, señaló el letrado, quien añadió que decir que Guzmán no tiene la facultad para realizar estas inspecciones “es algo absurdo”.
Más de una docena de mandos militares retirados son procesados por crímenes de lesa humanidad y en el proceso, en etapa de instrucción, han declarado unos 40 testigos.
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército ejecutaron a por lo menos 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes por sospechas de que colaboraban con la entonces guerrilla izquierdista.
Hace casi un año, Bukele se comprometió durante una conferencia de prensa que se abrirían los archivos militares sin que fuera necesario una orden judicial, lo que según él, estaba en sintonía con el compromiso que adquirió con los familiares de víctimas de El Mozote durante una reunión que sostuvo con ellos el 18 de junio de 2019.
“Es más, si el juez nos pide (abrir los archivos del conflicto) de la A a la F, nosotros vamos a hacer a la Z. Sin necesidad de orden judicial nosotros hemos estado por reinvindicar los derechos de las víctimas del conflicto armado; o hemos demostrado con hechos y no con palabras”, declaró en aquel momento Bukele.
Sin embargo, el pasado 24 de septiembre, en una cadena nacional de radio y televisión, el mandatario anunció la desclasificación de algunos archivos supuestamente relacionados con la masacre.
“La mayoría de archivos, como ustedes esperaran y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años”, sostuvo el jefe de Estado al presentar cinco cajas pequeñas con documentos.
“No se nos ha entregado ninguna información. Los expedientes o archivos que el señor Presidente dijo extrajo de diferentes unidades militares, en ningún momento las ha hecho llegar”, le afirmó el juez Guzmán a la oficial del Ejército que lo atendió este miércoles en la entrada de la Brigada de Artillería en San Juan Opico, La Libertad.
Ahora, tras la negativa de poder verificar los documentados militares posiblemente relacionados con la matanza, Guzmán programó para este jueves 15 de octubre la inspección a los que pudieran resguardarse en el Archivo General de la Nación situado en el Palacio Nacional.