Los errores que debe corregir el TSE para las elecciones presidenciales de 2019

DTJ, DECIDE, Acción Ciudadana y Concertación Democrática Nacional, proponen algunas medidas para futuras elecciones

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Por José Zometa/Rafael Mendoza López

2018-04-27 9:09:12

La depuración del padrón electoral, la acertada contratación de tecnología para la divulgación de resultados electorales, una mejor capacitación de las personas que integran las Juntas Receptoras de Votos, (JRV) o mesas electorales, así como disponer de tecnología de punta para el conteo de votos en las mesas, son algunas de las situaciones que se deben corregir o mejorar para futuras elecciones, plantearon varias organizaciones de la sociedad civil.

Las elecciones de diputados y alcaldes 2018 concluyeron y los funcionarios electos se aprestan a tomar posesión el uno de mayo.

Aunque en términos generales varias organizaciones de la sociedad civil dan el visto bueno al proceso electoral recién finalizado, también consideran que hay “pecados” que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe de corregir para evitar problemas en futuros comicios.

El Diario de Hoy (EDH) habló con representantes de varias organizaciones como la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ); Acción Ciudadana (AC); Defensa Ciudadana de la Democracia (DECIDE) y Concertación Democrática Nacional (CDN), quienes hicieron una evaluación de las falencias del pasado proceso electoral y del trabajo del TSE.

Coinciden en que la contratación de la empresa Smartmatic que dotó de tecnología al TSE para el procesamiento y divulgación de los datos, fue una falla que ocasionó “ruido” y dudas en los pasados comicios de alcaldes y diputados.
“Tuvimos casi que caer, porque no había otra opción, con una empresa de dudosa reputación que es Smartmatic, todo ese tipo de cosas se dan porque no se planifica y no se ejecuta a tiempo y en la forma idónea”, apuntó Jorge Daboub, quien es miembro de la agrupación DECIDE.

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La firma, que se encarga del sistema de conteo de votos, tuvo un "error humano", específicamente con el conteo de las marcas por rostro de los candidatos a diputados.

Otro aspecto importante que mencionó Daboub es el referente al listado de los ciudadanos que legalmente están aptos para emitir el sufragio.

“El padrón electoral sigue sin ser depurado; eso tiene que ver obviamente con las alcaldías que tienen que actualizar información, pero el Tribunal debe exigir ese tipo de información, de tal suerte que el padrón electoral pueda estar a tiempo y depurado correctamente”, consideró Daboub.

El director de CDN enfiló sus comentarios en el tema de la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos, que por primera vez se implementó en las votaciones del 4 de marzo. “Hubo algunas deficiencias en la integración de las JRV. No llegaron algunas personas que habían sido capacitadas y creo también que hizo falta una mejor capacitación a los miembros de las mesas”, resaltó José Domingo Méndez.

También consideró que la falta de dotación de equipo tecnológico a las JRV o miembros de mesas, derivó en alguna medida en que varias actas de escrutinio preliminar reflejaran datos inexactos y hasta hubo necesidad de abrir urnas y de recontar los votos en algunos casos.

Al respecto de la integración de las JRV, magistrados del TSE y el mismo titular, Julio Olivo, dijeron que se debe “repensar” ese tema, pues en los pasados comicios se puso “en crisis”, la instalación de las mesas electorales en algunos municipios del país, por falta de personas propuestas para asumir esa función.

“Se debe recuperar a lo mejor el espíritu del Constituyente o la disposición de la Constitución de la República que ya subraya con mucha sabiduría los equilibrios que deben guardarse al momento de integrar las Juntas Receptoras de Votos”, dijo Olivo en su discurso de entrega de credenciales.

Hasta las elecciones de 2015, los integrantes de las mesas electorales los ponían los partidos políticos, pero a raíz de una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó la “ciudadanización” de las JRV, estas se implementaron en la elección del 4 de marzo.

Transmisión de resultados

Otro tema importante es el tema de la dotación de equipo tecnológico en mesa para el conteo de los votos de los diputados, que es el más complejo por las marcas preferentes y los votos cruzados.

Aunque el TSE intentó contratar una empresa para la dotación de tecnología en mesa, al final no se logró ese cometido, que a juicio de Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, debe de concretarse para futuras elecciones.

“Para facilitar un poco más el trabajo a los miembros de JRV debería de pensarse en una solución tecnológica que auxilie a las JRV para desarrollar el escrutinio, que evite errores y luego que facilite y aminore el tiempo de escrutinio”, planteó.
Escobar agregó otro aspecto en el que el TSE no tuvo una acertada labor: la ejecución de una campaña informativa masiva para que los ciudadanos pudieran conocer las diferentes modalidades para votar o marcar la papeleta, en el caso de los diputados.

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El procesamiento de datos se realiza en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

“Afectó que no se le informara con suficiente intensidad al ciudadano sobre las formas de votar que tenía. Por ejemplo cuando yo fui a votar, las dos personas que estaban antes de mi le preguntaron a los miembros de mesa ¿cómo se podía votar sin anularlo? Hubo cierto desconocimiento”, dijo Escobar.

Recuperar la credibilidad

La directora de DTJ, Sofía Flores, agregó un elemento no menos importante en el que el organismo electoral debe trabajar para recuperar la confianza y la credibilidad.

“El Tribunal tiene que trabajar desde este momento, post 4 de marzo, en construir de nuevo la confianza de la ciudadanía. A que sepan que ellos están velando no por intereses partidarios, no para premiar o cargar los dados a favor de cierto candidato o cierto partido, sino que simplemente para que el próximo 3 de febrero de 2019 prime la voluntad del pueblo a través de su voto”, apuntó Flores.

En lo que también coincidieron todos los representantes de la sociedad civil entrevistados, es en que el organismo electoral debe contar con el presupuesto que requiera y a tiempo, para enmendar todos los “pecados” y realizar unas elecciones transparentes y confiables.