El sábado 26 de marzo ha quedado registrado como el día más violento de los últimos 20 años, desde que comenzaron a contabilizarse las muertes diarias, desde que las víctimas de homicidios se convirtieron en datos que son necesarios contabilizar de forma constante.
Entre las 62 víctimas de la ola de sangre que inundó al país solo ese día, hay 12 que sirven para medir el tiempo que pasó entre la solicitud que hizo el presidente Nayib Bukele sobre un estado de excepción hasta que inició la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa para aprobarlo.
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A las 8:04 de la noche, el presidente pedía ese decreto para suspender garantías constitucionales, hasta esa hora, el dato más reciente divulgado por el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) contabilizaba ya 50 muertes violentas.
Más de dos horas después, las cifras de la fuente extraoficial ya establecían los números en 59 asesinatos, y hasta esa hora (10:47 pm), Bukele seguía sin dar cifras oficiales y se había dedicado solamente a atacar a la oposición por “defender a los pandilleros”, y no había enviado ningún mensaje de acompañamiento a las familias salvadoreñas más allá de una publicación en horas de la tarde y en la que hablaba de Joe Biden, de Macrón, de la crisis económica y, apenas en el sexto párrafo, sobre el repunte de homicidios que llevaba casi ya 40 horas.
Más de cinco horas de espera
Los diputados tardaron 12 muertes en iniciar la sesión plenaria que estaba programada a las 11:00 pm, pero que se retrasó hasta casi la 1:30 am del domingo, o lo que es lo mismo decir, se tardaron casi cinco horas y medio en sesionar para discutir el estado de excepción pedido por Bukele.
Antes de iniciar la sesión extraoirdinaria, las redes se habían inundado con publicaciones haciendo referencia a lo solicitado por el presidente, y una que otra fotografía de los diputados, algunas tan desafortunadas que mostraban a un grupo de legisladores sonriendo en medio de la coyuntura de violencia, razón por la que quizá luego fue eliminada por el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano.
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A pesar de esa tardanza, el decreto recibido en la Asamblea, y leído por la diputada Elisa Rosales, llevaba errores y evocaba a un decreto que ya había sido redactado y discutido en el Legislativo en 2020, precisamente en el marco de la suspensión de garantías constitucionales que emitió el mismo gobierno durante los primeros meses de la pandemia de covid.
A pesar de que el decreto llevaba una referencia a la salud y reapertura económica, que no tenían nada que ver con el contexto, 67 diputados aprobaron las medidas solicitadas por el presidente, quien celebró la aprobación a las 3:45 am y envió la requerida sanción hasta pasadas las 7:00, un par de horas antes de que aparecieran los primeros asesinados del domingo.