El diputado Juan José Martel, de Cambio Democrático (CD), quien aparece en el listado de funcionarios que no han presentado su declaración patrimonial a Probidad, dijo este miércoles que no sabe si presentará su informe debido a que “es un método viejo” de una ley de 1959 que “ya no tiene sentido”.
“Una institución que maneja esas declaraciones a criterio propio y elige casi por órdenes a quienes van a afectar y a quienes no, si alguien cree que me estoy enriqueciendo de manera ilícita, que lo diga y yo compruebo lo que tengo, cómo entré y cómo voy a salir de esta Asamblea”, destacó, pese a que por Constitución está obligado a declarar sus bienes.
Cuando una periodista le preguntó directamente si presentaría su declaración de bienes en los próximos días, el legislador restó importancia al mandato Constitucional: “Lo voy a pensar, fíjese, si tiene sentido continuar métodos obsoletos que no combaten la corrupción”. Al ser cuestionado de que tiene obligación de presentar la declaración, dijo que estaba dispuesto a que se le imponga la multa sancionatoria.
El artículo 240 de la Constitución mandata que los funcionarios y empleados están obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En cuanto al Órgano Legislativo para la legislatura 2018-2021 existen 13 funcionarios legislativos que no han presentado su declaración patrimonial toma de posesión, según un estudio de Acción Ciudadana.
Esto representa un 7.73 % de diputados que no han presentado sus respectivas declaraciones de patrimonio a diferencia del ejercicio legislativo 2015-2018, cuando el porcentaje de incumplimiento fue del 27.98 %.
En cuanto a los funcionarios del actual Gobierno pendientes con esta obligación figuran en el informe Pablo Anliker, ministro de Agricultura y Ganadería, pero la unidad de comunicaciones de dicha cartera afirmó que el funcionario presentó su declaración la última semana de septiembre.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, también aparece en el informe pero mostró las boletas de recepción de declaración al terminar el periodo presidencial anterior y el de inicio de la presente gestión, entregadas en la Unidad de Probidad el pasado 31 de julio.
Estas fueron las declaraciones del diputado Martel cuando fue cuestionado por su patrimonio, según publicó Noticiero Hechos en Twitter:
Diputado @juanjmartel sobre informe que lo señala de no haber presentado declaración patrimonial, dice que efectivamente no ha presentado su declaración patrimonial, no tengo mucho que declarar. pic.twitter.com/DR6tFAvwYZ
— Noticiero Hechos (@NoticieroHechos) October 9, 2019
Todavía hay 51 declaraciones de Probidad pendientes del actual Gobierno
El presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáez, señala que las sanciones con las que cuenta la Ley de Probidad “no invita a cumplir con la Ley”, por tener los bajos montos de multas que van desde los $50 a los $500, por ejemplo.
“Es una invitación a no presentar la declaración de Probidad y esto es algo que debe revisarse y revisarse pronto y no sólo las sanciones económicas, si no identificar situaciones como que un funcionario que no haya presentado su declaración, pueda pretender ejercer nuevos cargo” , mencionó Sáenz.
La investigación de Acción Ciudadana sobre presentación de declaraciones patrimoniales de funcionarios y ex funcionario detalla que aún hay deficiencia en la cultura de transparencia, afirmó el director Ejecutivo de la entidad, Eduardo Escobar.
“Pese a eso hay un bajo nivel de procedimientos sancionatorios condenatorios en la Coste Suprema de Justicia, por no presentar o presentar extemporáneamente su declaración”, detalló Escobar.
A 12 de septiembre de este año, según el estudio de Acción Ciudadana, aún hay 51 declaraciones de probidad pendientes del Gobierno que tomó posesión el pasado 1° de junio.
Para Humberto Sáenz esto deja en evidencia la necesidad urgente de contar con una normativa de Probidad más eficiente y adecuada a la transparencia.
“Estos datos reflejan que hay un incentivo perverso a no cumplir con la ley, de lo contrario no tendríamos tantos funcionarios a quienes parece no interesarles cumplir con sus obligaciones”, dijo Sáenz.
“Las declaraciones de probidad son importantes para poder rastrear y establecer que los fondos públicos han sido utilizados de la mejor forma”, mencionó la investigadora Mónica Velasco.
En cuanto a la presentación de declaraciones de probidad del Ejecutivo 2019-2024, hasta el 11 de septiembre del 2019, se habían presentado 144 declaraciones de patrimonio por funcionarios o empleados públicos, de estas 63 fueron presentadas de fuera de tiempo.
La Corte Suprema de Justicia en el período 2014-2019, realizó 287 procesos sancionatorios condenatorios, dice el informe. En las instituciones del Gobierno Central o Instituciones Autónomas, se impusieron 38 multas, que oscilaron entre $50.00 a $550, en el período 2014-2019.
El mayor número de multas se ha impuesto a los Concejos Municipales, según la investigación de Acción Ciudadana, se realizaron 182 procedimiento sancionatorios condenatorios, en los cuales fueron multados 88 cargos relacionados a funciones de alcaldes municipales, 93 cargos relacionados al cargo de síndico municipal y un cargo de Regidor Suplente.