El contrato firmado entre la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) y la empresa de capital israelí y con base en Londres, Tenlot El Salvador S.A. de C.V., para que esta última opere juegos de azar electrónicos tiene vicio de nulidad debido a que es un fraude de ley, algo ilícito, por cuanto atenta contra la ley orgánica de la misma Lotería, según lo ha establecido la Fiscalía, quien este jueves por la tarde interpuso una demanda civil para declarar nulo ese trato.
La fiscal del caso explicó que el contrato suscrito por ambas partes el 9 de julio de este año atenta contra el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Lotería y su Reglamento, los cuales le prohíben dar en administración del sistema nacional de lotería a manos de ninguna persona natural o jurídica de derecho público o privado.
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“El vicio de nulidad que se esta presentando es causa ilícita, objeto ilícito y fraude de ley por haberse suscrito atentando con lo que ya la ley orgánica establece, y en la que hay una prohibición expresa de que el negocio de la lotería o el sistema nacional de lotería pública debe ser una actividad exclusiva de de la Lotería Nacional de Beneficencia y que no puede estar en manos de ninguna persona natural ni jurídica de derecho publico y privado como es el caso”, argumentó la fiscal al presentar la demanda.
El contrato firmado entre la Lotería Nacional de Beneficencia y una empresa de capital israelí para que esta última opere juegos de azar electrónicos tiene vicio de nulidad, según la Fiscalía.
En julio de este año, el empresario israelí Yossi Abadi reveló en su cuenta de Facebook sobre el acuerdo al que había llegado con la Loteria Nacional de El Salvador después de una larga negociación y que el acuerdo para operar los juegos sería por 20 años.
También agradecía al gobierno salvadoreño por el acuerdo.
El gobierno israelí respaldó la publicación pero luego de que El Diario de Hoy intentara indagar sobre ese acuerdo la publicación fue borrada.
La Lotería Nacional guardó silencio en un inicio, pero luego del revuelo de la noticia, el secretario jurídico de la Presidencia Conan Castro confirmó la negociación. Aunque primero dijo que se trataba de una concesión, luego dijo que se había equivocado, que era un “préstamo de uso de nombre” porque la Lotería no podía dar concesiones en cuanto no es un bien o servicio.
En tanto el presidente de la Lotería, Roberto Carlos Javier Milián Velásquez, declaró a un sitio de noticias sobre juegos de azar que no era una concesión la que se le estaba dando a los empresarios israelíes, sino un acuerdo para que operaran los juegos electrónicos y que era por diez años, aunque prorrogables por otros diez años.
Sin embargo, muy pocos detalles han revelado desde el gobierno sobre ese acuerdo, e incluso han negado información al respecto, alegando que una solicitante pedía el contrato de concesión y que eso no existía en los archivos de la institución.
En una audiencia realizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a raíz de la apelación de una ciudadana, el representante de la Lotería no negó el contrato con los empresarios del Grupo Tenlot, y que era un contrato para la implementación y desarrollo de nuevos productos. En Guatemala, ese grupo empresarial opera la lotería “El tirito de la suerte”.
Casi seis meses después de la firma de ese contrato para la implementación y desarrollo de nuevos productos está viciado, ha dicho Fiscalía, porque a su juicio viola no solo la ley orgánica de la Lotería y su reglamento, sino también el Código Civil.
“En este contrato se está dando la posibilidad a la sociedad Tenlot El Salvador para que pueda administrar y operar el nuevo sistema de la Lotería Nacional que es a través de la plataforma digital y el artículo 3 de la ley orgánica de la Lotería claramente establece que los sistemas nacionales tradicionales que ya están establecidos o que se establezcan no pueden estar en manos privadas”, sostuvo la fiscal que presentó la demanda.
La Lotería Nacional fue fundada en 1871, y según su Ley Orgánica es una “institución de utilidad pública” que desde su fundación “ha prestado al Estado, en forma efectiva, su colaboración para el financiamiento de los servicios de salud pública y asistencia social”. En los últimos años, la LNB ha atravesado por diversos problemas de operaciones y administrativos.