La investigadora senior del centro de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Lilliam de Carsana, expone la problemática en el país sobre la falta de acceso a la información y la falta de transparencia por parte del Gobierno en curso, además de las restricciones que tienen los medios de comunicación a acceder a información detallada y concreta sobre temáticas como uso de fondos públicos y otros temas relacionados a la emergencia.
¿Cómo observa Fusades el acceso a la información durante la emergencia?
Nos sorprendió mucho que desde el inicio de la pandemia, dentro de los primeros decretos legislativos que se emiten para regular el funcionamiento de la administración pública, los plazos con lo relativo con acceso a la información se suspenden de forma expresa. En los decretos 593 y 599 se menciona todo lo relativo al acceso a la información, entonces uno dice: ¿cuál es la intensión de nombrarlo específicamente cuando se entiende que toda la administración pública está en situación de labores presenciales, salvo los relacionados con la emergencia? Se restringe un derecho fundamental de forma excesiva e injustificada.
¿Qué está sucediendo con la información oficiosa y las pruebas de COVID-19 hechas a los pacientes o las personas en los centros de retención?
Respecto a las pruebas que se les están realizando a las personas y su respuesta, este es un derecho a saber (del paciente) porque es una información sobre su estado de salud, son datos sensibles que no se deberían de publicar, solo como estadísticas, sin que se conozca su identidad. Pero acá es una violación al derecho de información, el derecho a la salud cuando a las personas que se les han hecho exámenes de COVID-19 no se les ha informado su situación. Como los casos de las personas en los centros de contención. Pero también hay un derecho colectivo de la población de conocer qué se está gastando y en qué se están gastando los fondos para asegurarnos que la gestión de la pandemia se está haciendo de forma adecuada. Al ver los diferentes portales que se han creado para dar información oficiosa, vemos que es insuficiente.
¿Al haber poca información podría haber casos de corrupción?
Lamentablemente sí, porque ya sabemos que el sector Salud y siempre ha sido un sector muy sensible a la corrupción, en todas las encuestas que hace Transparencia Internacional, este especializado en lucha contra la corrupción, el sector Salud y El Salvador no es la excepción, este es uno de los sectores más sensibles a la corrupción. Imaginémonos en tiempos de epidemias, cuando la presión contra el sistema es mucho mayor, porque dispone de más fondos, porque además se le ha habilitado el sistema de compra directa, ya no están todos los controles que establece la (Ley de Acceso a la Información Pública) Lacap, entonces aquí hay un “cóctel molotov”, hay más dinero con menos controles. En El Salvador estamos, por el momento, esperando, deseando, y dándole el beneficio de la duda al Gobierno de que las compras se están haciendo sin corrupción.
¿Qué está sucediendo con la presentación de los informes, que según el Gobierno los está presentando, pero la Asamblea insiste en que no contienen la suficiente información?
En el decreto 593 de la Emergencia, se detalla cómo deben ser presentados los informes, detallados y establece una cierta periodicidad, no es una opción, no es que el ministerio de Salud o el MOP puedan decidir cómo los van a presentar, sino que está establecido por ley.
¿Qué situación se está dando con la libertad del Gobierno para poder realizar las compras rápidas?
Nosotros desde Fusades hemos venido diciendo es que estamos en una situación de emergencia, el gobierno tiene que comprar rápido y debe disponer de los fondos y agilizar los procesos, pero hemos insistido mucho en que los entes de control les corresponde, además de la Asamblea Legislativa, a la Corte de Cuentas, quien tiene la facultad para hacer auditorías preventivas, auditorías concurrentes, entonces debería de tener equipos de auditores fiscalizando el uso de los fondos públicos.
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La Corte de Cuentas informaba que no ha tenido la información completa de a quiénes les distribuyó y cómo se seleccionó a las personas que se les dio el subsidio de los $300. La Corte de Cuentas es el ente que por Constitución le corresponde auditar, y si bien las compras públicas pueden agilizarse en tiempos de emergencia y se eliminan las etapas de la Lacap, los controles no están eliminados.
La Corte de Cuentas tiene que hacerlo con más rigor y con todo el equipo que sea necesario para conocer hasta el último centavo que se ha gastado el Gobierno en esta emergencia. Y si un funcionario no está dando la información, no solo la Corte de Cuentas debe de insistir, debe de dar parte a Fiscalía de que no ha habido el cumplimiento de deberes de estas instituciones.
Está siendo muy cuestionado el Gobierno también por la poca información que está dando a los medios de comunicación ¿Qué está sucediendo con la libertad de expresión?
Las primeras conferencias de prensa cuando inició la pandemia no eran conferencias, eran declaraciones unilaterales del presidente de la República o del gabinete de Gobierno, equipo jurídico o Salud, se retiraban sin preguntas de la prensa, esto ha sido objeto de pronunciamientos por parte del relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Los medios de comunicación son los intermediarios entre la población y los gobernantes, la prensa debe de poder tener la libertad de poder preguntar a los funcionarios todo lo relativo a la crisis, para tener bien informada a la población. Hemos visto fuertes restricciones de la libertad de prensa. El presidente (Nayib Bukele) acepta dos o tres preguntas, y los gobernantes deben de abstenerse de estigmatizar y de atacar a los medios que hacen preguntas incómodas, lo dicen los estándares interamericanos.