La libertad de Latinoamérica puede ser otra víctima de la pandemia, advierten 21 expresidentes de la región

Los exmandatarios pertenecen a un grupo de más de 160 destacados líderes políticos, académicos y defensores de derechos humanos de la región que llaman a vigilar la democracia más que nunca y evitar que sea otra víctima fatal del COVID-19.

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Nicolás Maduro. Foto: AFP

Por Ricardo Avelar

2020-09-15 6:00:26

“Las libertades que tanto apreciamos están amenazadas por actores políticos que podrían utilizar la pandemia para reforzar ilegítimamente su poder”. 

Estas son las palabras de advertencia que un grupo de más de 160 personalidades de las Américas, incluyendo a 21 exmandatarios, lanza este martes en ocasión de un riesgo menos explorado pero muy importante que la pandemia del COVID-19 trae consigo: el debilitamiento de las ya frágiles democracias del hemisferio.

A juicio de estas personas de notable trayectoria, “América Latina debe actuar rápidamente para fortalecer sus democracias ante los desafíos planteados por la pandemia de la COVID-19, vigilando de cerca los poderes ejecutivos de emergencia, asegurando que las elecciones postergadas se realicen y combatiendo la desigualdad social y la pobreza que han favorecido la emergencia de políticos populistas y autocráticos”.

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Estas palabras llegan en ocasión del Día Internacional de la Democracia, 15 de septiembre, y la iniciativa la encabeza IDEA Internacional, la Fundación Fernando Henrique Cardoso y la Fundación Democracia y Desarrollo. Su objetivo principal es advertir cómo las democracias están en riesgo en momentos en que los poderes ejecutivos están adquiriendo más facultades por la pandemia y en que la línea entre buscar mayor efectividad y generar abusos de poder es muy delgada. 

Por ello, manifiestan, “es fundamental que América Latina fortalezca sus mecanismos de control gubernamentales”, a fin de evitar abusos de poder y mal uso de recursos públicos. Por ende, los parlamentos y los tribunales deben controlar en todo momento los poderes extraordinarios utilizados para combatir la propagación del virus. “La emergencia no debe ser vista como un cheque en blanco para debilitar los controles y la rendición de cuentas. Todo lo contrario”, manifiestan.

Este aparente desdén por la institucionalidad se suma a la difícil crisis sanitaria que enfrentan Latinoamérica, una de las regiones más golpeadas por la pandemia, y a la apretada situación económica y fiscal a raíz de las medidas de confinamiento para prevenir contagios y, en algunos casos, la improvisación de algunos gobiernos. 

Otro problema que amenaza la estabilidad del continente es la creciente desigualdad, que solo se ha multiplicado en Latinoamérica, según los firmantes de esta declaración. “La pandemia desnudó e intensificó (la desigualdad), aumentando el riesgo de que la región sufra otra década perdida en términos económicos y un fuerte retroceso en lo social”, advierten.

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Estas palabras no llegan en un vacío. La región, antes de la pandemia, ya enfrentaba retos importantes, como la amenaza antipolítica y populista, una demanda creciente por el respeto a los derechos de las mujeres y de otros grupos marginados por la sociedad, y la fragilidad económica que se traduce en desasosiego social. Todo estos aspectos vuelven a Latinoamérica vulnerable a derivas autoritarias y a retroceder a sus momentos más oscuros.

Líderes de la región firman la declaración

Entre los firmantes de la declaración están expresidentes de la talla de Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana, o César Gaviria, en Colombia; el ganador del Nobel de la Paz, Óscar Arias de Costa Rica; Julio María Sanguinetti, Alberto Lacalle o “Pepe” Mujica, de Uruguay; Ricardo Lagos o Eduardo Frei, de Chile; entre otros.

Asimismo, acompaña el laureado escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez; el exvicepresidene de Guatemala, Eduardo Stein; y el ex subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela. 

También calzan la declaración un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presidente de Diálogo Interamericano o el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. 

De El Salvador, a esta declaración se han sumado el exvicepresidente Enrique Borgo Bustamante, el constitucionalista Germán Rivera, la excanciller María Eugenia Brizuela y el director de Estudios Políticos de Fusades, Luis Mario Rodríguez.

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