Las reformas a la Ley contra Delitos Informáticos y Conexos recientemente aprobadas por la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados es otra de las amenazas a la libertad de prensa que ha promovido el oficialismo.
Las enmiendas que, según abogados, “ponen en riesgo el ejercicio periodístico” al penalizar la forma en que se obtiene la información considerada de carácter confidencial se suma a la sugerencia del asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, a funcionarios del gobierno de Nayib Bukele sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de demandar a periodistas que escriban sobre dichos señalamientos.
Expertos han advertido que la modificación del artículo 25 de la Ley contra Delitos Informáticos abriría la puerta a criminalizar la manera de obtener o transferir la información declarada confidencial.
“El que deliberadamente obtenga o transfiriera mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, información de carácter confidencial, definida así por disposición legal o reglamentaria o por acuerdo de voluntades entre personas naturales o jurídicas, sin el consentimiento de los titulares de esa información, será sancionado con prisión de cinco a ocho años”, reza dicho artículo.
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Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó que el mencionado artículo podría atraer implicaciones tanto a periodistas y sus fuentes.
“Es que si hay alguna filtración de información hacia un periodista y él elabora una nota y difunde la información y el documento que se le filtró (a través de una fuente) y que el gobierno alegue que es información confidencial la que se ha transmitido, allí si no hay autorización para difundir esa información se configuraría un delito y si afectaría la libertad de prensa, porque entonces los periodistas no podrían usar un documento que una fuente les filtre”, señaló.
José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), fue más allá y cuestionó que las enmiendas “son una intensión de acallar la revelación de datos que puedan ser sensibles para el gobierno, por ejemplo este delito puede ser útil para amedrentar a cualquier informante interno que quiera revelar datos de algún ilícito o de alguna acción indebida que se esté realizando en el gobierno”.
Marcela Galeas, abogada penalista, ha advertido que la enmienda riñe con la Constitución de la República y tratados internacionales al vulnerar la libertad de expresión y de información.
En el caso del ejercicio periodístico, no pueden limitar de esa forma la obtención de información cuando la misma Constitución garantiza el ejercicio de la libertad de expresión y de información”.
“Nos están restringiendo, ya hay que pedir permiso hasta para respirar. La Convención Interamericana de DD. HH. es clara y establece que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión deben gozarse de manera ilimitada”, concluyó.