Liberan a salvadoreña tras redada en Estados Unidos

Joven madre y sus dos pequeños hijos estuvieron detenidos más de un mes en un centro de Texas, pero hoy se ha reencontrado con su madre en Atlanta y está a la espera de que un juez decida su situación migratoria en esa nación norteamericana.

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Joven madre, Susana Arevalo, y sus dos pequeños hijos estuvieron detenidos más de un mes en un centro de Texas

/ Foto Por Cortesía Mundo Hispánico

Por José Zometa

2016-02-12 7:06:00

Susana Arévalo lloraba a mares dentro de un avión estadounidense que el 5 de enero estaba listo para salir con decenas de salvadoreños y centroamericanos deportados a sus respectivos países. Con sus dos pequeños de 6 y 8 años, la joven madre no concebía volver a El Salvador, de donde meses atrás había salido huyendo por las amenazas de las pandillas.

 A Susana le dijeron por teléfono  que tenía que salir de su casa, sino que se atuviera a las consecuencias. Por eso volver al país le resultaba peligroso. 

Pero cuando el viaje de retorno al país parecía inminente, un oficial de Inmigración se subió al avión y nombrándola por su nombre y a sus hijos, les pidió que se bajaran, pues su deportación quedaba en suspenso. El corazón le volvió a su puesto, relata la salvadoreña un mes después de aquel momento de angustia y ya desde la comodidad de su casa en Atlanta, Georgia.

La joven madre, de 27 años, junto sus hijos Fernando, de 6 años, y Melany, de 8 fueron arrestados el 2 de enero pasado durante una de las tantas redadas que las autoridades de inmigración realizaron en Atlanta y en otras ciudades de  Estados Unidos, como parte de una campaña que lanzaron contra los inmigrantes que llegaron ilegalmente a ese país y que cruzaron la frontera después del 1 de enero de 2014.

Susana llegó el 14 de junio de ese año y tenía pendiente una audiencia en la Corte estatal de Atlanta programada para el lunes 4 de enero. Dos días antes de acudir a la Corte, llegaron los agentes del  Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a detenerla a la casa, donde residía con su madre y parientes. Por más que les suplicó y explicó que tenía esa audiencia, los agentes del ICE se la llevaron bajo arresto junto con sus dos hijos.

La compatriota es una madre soltera que padece de ataques de epilepsia y que residía en la playa El Cuco, jurisdicción de Chirilagua, en San Miguel. En ese lugar trabajaba haciendo ventas para comerciar con los turistas, lo cual alternaba con trabajos de cosmetología. 

Relata que el 2 de junio de 2014 se encontraba en San Miguel con su hijo más pequeño,  pues cada cierto tiempo lo llevaba a terapias para desarrollar la locomoción y el habla. De repente recibió la llamada en que le exigían que debía abandonar su lugar de vivienda.

“Ese día me llamaron por teléfono que tenía que salir yo de la casa porque las pandillas a los negocitos en la playa los andaban molestando. Nos dimos cuenta también que el papá de la niña (su hija) como que anduvo involucrado en cosas malas y  creo que de ahí depende que nosotros corríamos peligro también”, relata Susana.

De inmediato se contactó con su madre en Atlanta y con su apoyo y guiada por un “coyote” viajó ilegalmente a Estados Unidos, donde cruzó la frontera el 14 de enero, pero fue detenida por la patrulla fronteriza, junto con otro grupo de indocumentados.

Fue trasladada al Centro de Detención de McAllen, Texas, donde comenzó su calvario. Allí habían muchas familias con sus niños. Ese lugar es conocido como “la perrera” o la “hielera” porque, como método de castigo, ahí meten en un cuarto con baja temperatura a los jóvenes indocumentados, explica la salvadoreña.

Al llegar a ese centro de detención, como todos, tuvo que entregar a los agentes de inmigración sus pertenencias, incluidas sus medicamentos contra la epilepsia.

Aseguró que a los adultos les dan solo agua y a los niños “un refresco bien raro” que a su pequeña Melany le hizo daño. “Mi hija se puso mal y comenzó a vomitar como a las cuatro de la madrugada”, recuerda Susana, por lo que llamó a los oficiales, quienes al ver a la pequeña tirada en el suelo, los dejaron salir al pasillo. 

Susana explica que ella también se sentía mal de salud, pues casi no dormía desde que ingresó a ese centro de detención. Por más que les rogaba que le entregaran sus medicinas, los oficiales no le hacían caso.

“Yo tenía ‘chiniando’ (en el regazo) a mi niña y me sentía bastante mal pero no me hacían caso con las medicinas. En eso me dormí y empecé a convulsionar. Hasta entonces quizá se espantaron por lo que vieron”, relató la joven y espigada madre.

Asegura que a los tres días la enviaron junto a sus dos hijos en avión adonde su familia en Atlanta, Georgia, donde tuvo que presentarse ante la Corte que ordenó ponerle un “grillete” en el pie, una especie de brazalete que permite ubicar el lugar donde se encuentre. Aparte de eso, tenía que reportarse ante el juez cada semana y también llegaban a su casa a verificar que cumpliera con lo establecido.

En agosto de 2014, durante la segunda audiencia, el juez ordenó la deportación de ella y de sus dos niños. “Me sentí bien mal, pensando que tenía que regresar a El Salvador y más que todo por el temor a las pandillas”, relata Arévalo.

Dice que los abogados particulares que contrató su familia, en lugar de apelar la resolución de deportación, solicitó al juez que le concediera permiso de permanecer en el país por un año.

Dice que el 27 de octubre, durante la tercera audiencia, inexplicablemente el juez accedió a la petición de sus abogados y le concedió el permiso de trabajo por un año y hasta le quitaron el “grillete”. 

Su vida y las de sus pequeños hijos cambió radicalmente porque podían movilizarse de un lado a otro sin ningún problema. Inclusive se consiguió un trabajo  y sus niños comenzaron a estudiar aunque eso fue solo por un tiempo.

La redada

Un año después, el 27 de octubre de 2015, acudió de nuevo a la cita en la Corte donde el juez ordenó nuevamente ponerle el “grillete” por un mes.

Para entonces, relata, ya había contratado a otro abogado porque el anterior, dice, solo se aprovechó de su necesidad. “A cada rato salía ese abogado en las noticias por denuncias en su contra” por parte de inmigrantes, relata Susana.

En esa audiencia, el juez le programó una nueva cita para el 3 de enero de 2016 para definir su situación migratoria. Tiempo después ella se percató que el 3 de enero caía en domingo y su abogado gestionó el cambio de la audiencia para el lunes 4 de enero. 

Susana y sus pequeños hijos pasaron la Navidad con sus seres queridos y amigos, esperando el nuevo año para asistir a la audiencia.

“Mi sorpresa fue que el 2 de enero llegaron los oficiales de Migración y le preguntaron a mi mamá por mi nombre y comenzaron a revisar mis documentos y le dijeron a mi mamá que no se preocupara, que ya nos iban a regresar”, recuerda la compatriota.

Asegura que la llevaron con sus niños a la oficina de Migración y ahí comenzaron a hablar con una operadora y allí escuchó que iban a ser deportados.

“Yo me puse a llorar y les dije que tenía una audiencia en la Corte el lunes 4 de enero y que también mi niño tenía pendiente una cirugía en febrero, y yo por mi enfermedad tenía una cita con el neurólogo el 27 de enero, pero no me hicieron caso”, afirma.

Dice que la única respuesta que le deban los oficiales era que “no podían hacer nada”. Añade que ella se puso mal de salud y comenzó  a convulsionar, lo cual se repitió en siete ocasiones.

“Mis niños lloraban y Melany les gritaba que me ayudaran”, explicó Susana, quien dijo que después de tantas súplicas de la niña al fin determinaron llevarla de emergencia y en una ambulancia a un hospital. Cuando volvió en sí ella ya estaba en el nosocomio junto a sus dos niños. Ella les pidió a los oficiales que llamaran a su madre para que fuera a recoger a sus hijos, pero no accedieron.

De ahí los llevaron al Centro de Detención en Texas donde estaban las 12 familias detenidas en la redada. Ocho familias salvadoreñas, tres hondureñas y una guatemalteca.  

En ese lugar, tras la hospitalización ella cuenta que se sentía débil, pues le habían sacado varios gramos de sangre. El 6 de enero llegaron de madrugada los oficiales de migración y la levantaron, pero ella no sentía fuerzas por su mala condición de salud y logró llamar por teléfono a los abogados de Cara Probono, una ONG que da apoyo legal a los indocumentados recluidos en ese lugar.

“En el caso de ella, la engañaron (los oficiales de Migración).  Lo que falló fue el sistema (migratorio), ella hizo todo los requisitos que le ponían, siempre cumplió”, externó Ian Philabaum, coordinador de Cara Probono.

El milagro

A las 5 de la mañana de ese mismo día, los montaron en un microbús junto a las otras familias centroamericanas. “Ahí llegó un bus lleno, más de cien salvadoreños con cadenas en manos y pies”, asevera Susana.

 A todos los llevaron al aeropuerto para abordar un avión con destino a otro centro de detención en Laredo, siempre en el Estado de Texas. A ese lugar, dice, llegó otro autobús con más salvadoreños “encadenados” y los montaron al avión para deportarlos.

“Yo me sentía muy mal, me preguntaba por qué me deportaban si yo había cumplido con todo, me presentaba a todas las audiencias, sentía que eran injusto”, externó la compatriota.

Fue allí cuando de pronto  subió un oficial de migración y le dijo que se bajara del avión, al igual que a otras dos familias.

El 7 de enero los regresaron al Centro de Detención en Texas, donde estuvieron más de un mes. Recuerda que los oficiales de Migración estadounidenses les trataban muy mal, les intimidaban y les ponían obstáculos y les reclamaban que por qué habían llegado a Estados Unidos.

Al ver todo lo que pasábamos, “mi hija me decía: ‘mamá, mejor vámonos de regreso a El Salvador’”, recuerda Susana, quien reconoce que también sus ánimos de seguir menguaban, cuando era ella quien siempre daba fortaleza a las demás familias de indocumentados.

Tras más de un mes de vicisitudes en ese lugar, el 5 de febrero pasado finalmente la devolvieron en un vuelo hasta el aeropuerto de Atlanta, donde su madre, parientes, amigos y periodistas locales los esperaban con alegría.

“Le di gracias a Dios, porque no fueron en vano las oraciones”, recuerda la salvadoreña, quien aún lleva prendido un “grillete”, pero guarda la esperanza de que lo peor ya pasó y de que finalmente las autoridades estadounidenses le concedan seguir viviendo con sus niños en esa nación, alejados de la pesadilla de las pandillas que un día la obligaron a huir de su país.