Proyecto de Ley de Reconciliación reduce a la quinta parte penas si hechor pide perdón a víctimas del conflicto armado

El proyecto diseñado por la Asamblea dice que jueces determinarán si aplica bajar pena cuando el hechor admita, pida perdón y colabore a esclarecer los hechos.

Diputados presentan ley de Reconciliación. Foto EDH

Por Eugenia Velásquez - Lilian Martínez

Feb 24, 2020- 11:18

Que el “juez pueda reducir hasta en una quinta parte la totalidad de las penas a imponer”, si la persona procesada por hechos cometidos en el conflicto armado admite su participación, pide perdón a las víctimas y colabora con el esclarecimiento de los mismos, es lo acordado por la Asamblea en el proyecto de la Ley de Reconciliación Nacional dado a conocer ayer por los diputados.

El documento lo presentan a tres días de que venza la “prórroga de la prórroga” que dio la Sala de lo Constitucional a la Asamblea para que apruebe dicha normativa. El primer plazo fatal venció el 13 de noviembre del año pasado, pero ante el rechazo de las organizaciones civiles y de las víctimas de la guerra al primer borrador que se conoció en 2019, la Sala dio un ultimátum hasta este 28 de febrero de 2020.

El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, dio a conocer ayer el proyecto que consta de 74 artículos. El 90% de su contenido viene de las propuestas de organizaciones que representan a las víctimas de la guerra, explicó.

Dice que aunque no lo incorporaron en el documento, incluirán un aporte que recibieron hace poco de organizaciones sociales para que “se deje dentro de la ley la garantía que el Ejército y la Policía jamás persiga a un ciudadano por pensar diferente al régimen que gobierna”.

Aunque Ponce asegura que contemplaron todo lo requerido por la Sala y aportes de las familias de las víctimas, algunas organizaciones que los representan piden al presidente, Nayib Bukele, que vete el proyecto que fue socializado ayer con el cuerpo diplomático radicado en el país.

Este día lo analizarán junto a las organizaciones sociales y abogados constitucionalistas.

Según los sobrevivientes de las víctimas, la Asamblea obvió sus aportes hechos en los foros a los que fueron convocados en febrero por la Asamblea. David Morales, de Cristosal, aseguró que “el mecanismo para que ningún criminal de guerra vaya a la cárcel sigue” en la propuesta. Los atenuantes serían “salud, edad o causas similares”. Morales los califica como términos ambiguos, fuera del derecho penal.

Ponce argumentó que los delitos serán enjuiciados de acuerdo a la normativa penal vigente en la época en la que fueron cometidos.

“Sólo tenemos dos Códigos Penales: el de 1974 que estuvo vigente durante el conflicto armado y el Código Penal de 1998, allí hay dos Códigos Penales y Procesal Penal que tendrán que aplicarse de acuerdo al periodo al cual la Sala nos manda a legislar”, explicó Ponce.

La Fiscalía deberá ser reforzada presupuestariamente, ya que debe crear una unidad especializada que investigue los casos e igual sucederá con la Corte Suprema de Justicia.

“El Órgano Judicial tendrá un enorme papel, tendrá que reforzar el aparato de justicia, la Sala nos manda que estos casos se ventilen en tribunales comunes, no crea tribunales especiales, en el lugar donde se encuentre la masacre, en ese tribunal de ese municipio tendremos que ventilar el juicio correspondiente”, añadió Ponce.

El proyecto también contempla una unidad de genética que ayudará a identificar los cuerpos de las víctimas del conflicto armado. Según Ponce, este apartado se agregó a petición de las organizaciones que representan a las víctimas, pero estos señalan que no es así.

“No es justo que solo se oiga a los victimarios y las víctimas estén botadas, siempre nos están dejando burlados. Nos llaman a la Asamblea Legislativa para que demos testimonio y esos testimonios no los toman en cuenta”, lamentó Sofía Hernández, del Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (Codefam).

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