Tras el anuncio del presidente Nayib Bukele, de que enviará en los próximos días a la Asamblea un proyecto de Ley de Agua que espera sea aprobado en tiempo récord; el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó en su cuenta de Twitter que esa iniciativa “es una reivindicación histórica del pueblo salvadoreño, no de partidos moribundos ni de organizaciones de fachada”.
Lo anterior es un portazo a la petición de varias organizaciones de la sociedad civil y ambientales que exigen que el proyecto de ley pase a consulta popular de esas instancias.
Zanjemos el tema para siempre: el agua es un bien PÚBLICO, un DERECHO HUMANO, y NUNCA SERÁ PRIVATIZADA. Pero ojo: la Ley del Agua que iniciará la próxima semana es una reivindicación histórica del pueblo salvadoreño, no de partidos moribundos ni de organizaciones de fachada. pic.twitter.com/HC9fUXlEfa
— Ernesto Castro (@ECastroES) June 11, 2021
Una de ellas es el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA). El presidente de esa organización, Ricardo Navarro, lanzó fuertes críticas al gobierno por anunciar un proyecto de ley del Agua que nadie conoce.
“Que no vaya a salir como el Bitcoin, que los diputados ni siquiera sabían que iba a hacer algo obligatorio, creían que era voluntario, tienen que discutirse las cosas, y no solo escuchar a la oposición, sino escuchar a la sociedad civil, opinión de universidades, iglesias, grupos indígenas, organizaciones ambientalistas”, afirmó Navarro.
El pasado 8 de junio en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, unas 75 organizaciones sociales marcharon desde el Centro Histórico de San Salvador a la Asamblea exigiendo que se ratifique el derecho al agua y el derecho a la alimentación; sin embargo, fueron recibidos por barricadas y la UMO.
“A los diputados de esta Asamblea Legislativa, cuál es el miedo a dialogar con el pueblo”, exclamó Amalia López, una de las ambientalistas que se apostaron ese día en las afueras del edificio legislativo.
La Ley General de Agua que estaba siendo discutida por la anterior legislatura fue enviada al archivo por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea; a pesar de que solo faltaban como 30 artículos para terminarla y se había logrado consenso en que el ente rector de la misma fuera de naturaleza público, que era el punto medular del atraso.
Al paso salieron también otras organizaciones sociales que se han identificado por años en la defensa del recurso hídrico y del saneamiento ambiental.
Entre ellos, el Foro Nacional del Agua, quienes también hicieron su propia propuesta en legislaturas anteriores de una Ley General de Agua. Esta normativa ha sido una de las más discutidas en el Congreso desde hace más de 10 años sin lograr consenso.
Al respecto, Carlos Flores, facilitador del Foro del Agua explicó que tras el anuncio del presidente Bukele esperan que haya “un debate urgente” de la misma, puesto que el mandatario ha dado un plazo de 90 días a su bancada oficialista de Nuevas Ideas para que la aprueben.
“Como Foro del Agua planteamos que lo primero debe ser el debate, la aprobación de una ley del Agua es un debate urgente y prioritario para el país, por lo que uno en el Foro del agua no podemos más que ponernos de acuerdo con el presidente que realmente es necesario y urgente para la sustentabilidad de El Salvador contar con ese instrumento”, apuntó Flores.
Señaló que en cuanto a los contenidos como Foro del agua han venido proponiendo propuestas de políticas públicas para abonar a la solución de los problemas vinculados a la mala gestión del agua, a los “problemas de injusticia hídrica”.
“Consideramos que en el caso de los contenidos en los últimos 15 años hemos hecho propuestas muy importantes para que se resuelvan estas problemáticas”, enfatizó.
Algunas de estas propuestas son la gestión pública del agua, que los contenidos de la ley sean del conocimiento público de las personas afectadas por el desabastecimiento del agua y que se les brinde la oportunidad de participar, que se fortalezca el marco institucional, que exista una gestión sustentable de las cuencas hidrográficas, y un régimen económico y financiero justo y equitativo.