La intención de la recién aprobada Ley General de Recursos Hídricos es cuestionada por los ambientalistas Ricardo Navarro y Mario Guevara, ellos consideran es otra forma de privatizar y que no vela por el derecho de los más vulnerables.
Navarro es el presidente ejecutivo del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, Cesta, y Guevara el coordinador del Movimiento Centroamericano de Víctimas, afectados y afectadas por el cambio climático.
La normativa fue aprobada con 65 votos en la Asamblea Legislativa cerca de la medianoche del 21 de diciembre. Los votos fueron de Nuevas Ideas, PCN, PDC, GANA y Nuestro Tiempo.
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La nueva ley sustituyó al proyecto de Ley de Agua que por más de una década se trabajó entre las diferentes legislaturas en conjunto con grupos ambientalistas y que fue archivado en mayo por el oficialista Nuevas Ideas.
El orden prioritario para el uso y aprovechamiento del agua, según el artículo 63 de la Ley General de Recursos Hídricos, es de la siguiente forma: agua para consumo humano y uso doméstico; uso para la sostenibilidad de ecosistemas, uso agropecuario procurando la seguridad alimentaria; uso para la generación de energía eléctrica; uso industrial y comercial; usos recreativos; y otros usos.
Privatización diferente
Los puntos específicos cuestionados por los ambientalistas son: la forma en que la nueva ley otorga permisos para la explotación del agua y de donde obtendrá los recursos la Autoridad salvadoreña del agua, ASA; entidad creada para la aplicación de la reciente normativa.
“Si es como dicen, que el agua es un derecho de todos..., que bien, pero hay que ser sinceros, en la ley aprobada hay cosas que se deben leer bien”, sostuvo Navarro, quien después hizo referencia a los permisos para la explotación del agua.
El artículo 71 de Ley define que las “autorizaciones nivel 1” sobre el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos se darán cuando el volumen solicitado sea igual o mayor a 365,000 metros cúbicos por año.
Para ese nivel 1 las autorizaciones tendrán un plazo de vigencia de hasta 15 años.
Por otra parte, las “autorizaciones nivel 2” se darán cuando el caudal solicitado sea menor a los 365,000 metros cúbicos por año y los permisos serán hasta de 5 años.
Ambas autorizaciones podrán ser renovadas previo estudio técnico, ordenado y supervisado por la ASA.
Además, la ley contempla que ambas autorizaciones podrán ser renovadas cuando las condiciones del acuífero no hayan cambiado.
“Pensando en la cantidad de consumo y el tiempo de vigencia de agua establecido en el permiso quiere decir que si llega una comunidad y una empresa a solicitar el permiso de explotación del agua, la prioridad será esta última. Esa no es la equidad de la que tanto nos han hablado. Tendrá acceso al agua quien la pueda pagar, eso es así de simple”, sostuvo Navarro.
Guevara cuestiona el hecho que la ley otorga el permiso de explotación para 15 años y luego existe la posibilidad de extensión del mismo, él considera que “concesionar por esa cantidad de año, es otra forma de privatizar”.
Además, la ley establece sanciones por incumplir lo establecido, las faltas y su costo son: leves, con multas entre $365 a $36,500; infracciones graves con sanciones que van de $36,865 a $365,000; y las muy graves, con sanciones desde $365,365 hasta $3.6 millones, siendo esta sanción de las más altas en el ordenamiento jurídico salvadoreño.
Por la venta de agua
Sobre la forma de operar de la ASA, tanto a Navarro como a Guevara les llama la atención que ha sido denominada como autónoma, y se preguntan de dónde logrará lo fondos para existir.
“Si tiene autonomía financiera y el Estado no le aportará fondos, quiere decir que deberá vender mucha agua o concesiones para poder vivir, eso es una de tantas formas de privatizar”, dijo Guevara.
Navarro en ese punto reflexiona y ejemplifica con el supuestos de qué pasaría si la Asa otorga permiso a explotar agua a partir del sistema de distribución de la Administración nacional de acueductos y alcantarillados (Anda).
“Por diferentes causas Anda tiene mal su sistema de tuberías, sea por edad, daños por terremotos..., es conocido que gran parte de la producción de agua se queda en el camino, en síntesis quiere decir que la ASA deberá vender bastante agua, y no a cualquiera, sino a quien la pueda pagar. Debemos saber a quién beneficia de verdad la ley”, concluyó Navarro.
Eventual minería
La aprobación de la Ley de recursos hídricos prendió las alarmas en el Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental, pues considera que el trasfondo verdadero de la ley es procurar el abastecimiento de compañías mineras.
“Con la Ley del Agua lo que se quiere hacer es garantizar que el agua que se necesite para la minería esté disponible y la puedan tener de manera ilimitada las empresas mineras”, manifestó en televisión Carlos Flores, coordinador del Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad. Ambiental.