Ley de Recursos Hídricos busca que empresas mineras tengan agua disponible, dice coordinador del Centro de Estudios de Ecología

Organizaciones sociales y ambientalistas cuestionan que la nueva normativa aprobada por la Asamblea ayer no favorece a las comunidades más empobrecidas.

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Por Eugenia Velásquez

2021-12-22 12:33:54

Distintos sectores sociales y dirigentes de asociaciones ambientalistas cuestionan que la Ley del Agua aprobada anoche por la Asamblea no favorece a las comunidades más empobrecidas.

Aún más, Carlos Flores, coordinador del Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental, mencionó que el objetivo de la ley es garantizar que el agua que necesiten las empresas mineras esté disponible de manera ilimitada.

“Con la Ley del Agua lo que se quiere hacer es garantizar que el agua que se necesite para la minería esté disponible y la puedan tener de manera ilimitada las empresas mineras”, manifestó Flores en el espacio de la entrevista del programa “8 en Punto”, del Canal 33.

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El fantasma de que las empresas mineras quieren incursionar de nuevo en El Salvador fue revelado por el abogado Luis Parada en octubre pasado a través de un video conferencia.

En 2016, el abogado Parada libró un arbitraje internacional en contra del Estado de El Salvador iniciada por la minera canadiense Pacific Rim, ahora propiedad de la australiana Oceana Gold, quien reclamaba al gobierno una indemnización de $250 millones por haberle negado permisos para explotar la mina de oro El Dorado en el departamento de Cabañas.

Parada expuso que el presidente Nayib Bukele estaría viendo en la autorización para la explotación minera un mecanismo de ingresos para solventar la crisis financiera de su gobierno.

“La amenaza no se ha detenido, sino que ha resurgido. Tengo información de fuentes confiables que personas del gobierno actual incluyendo el presidente de la República han expresado interés de reabrir la minería metálica en El Salvador”, afirmó el abogado Luis Parada vía zoom en un foro realizado por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador, el octubre pasado.

Flores añadió que hasta ahora ningún gobierno en el mundo ha logrado sacar una buena partida de la minería metálica, “entonces no sabemos la fortaleza que tendrá el presidente Bukele que le hace pensar que él sí saldrá de la crisis fiscal promoviendo la minería metálica”, expuso en la entrevista.

Además, distintos sectores ambientalistas y sociales salieron al paso este miércoles dando un rotundo rechazo a la Ley General de Recursos Hídricos aprobada anoche por la Asamblea Legislativa.

El Foro del Agua de El Salvador, la Alianza Nacional en contra de la Privatización del Agua, la Mesa de las Iglesias y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), afirman que la Ley del Agua aprobada anoche no busca favorecer a las minorías, sino a las grandes empresas que explotan el recurso, permitiéndoles que lo sigan haciendo hasta por 15 años prorrogables.

“La recién aprobada Ley General de Recursos Hídricos mantiene el espíritu con que fue presentada en junio pasado por el presidente de la República, es decir, una Ley que normaliza los mecanismos enquistados en el Estado que generan injusticia hídrica, favorecen el robo y el despojo del agua en los territorios por parte de las oligarquías y sus grandes empresas; en otras palabras, la Ley aprobada transformará lo que ahora son acciones ilegales y abusos, en derechos de las empresas”, reza el comunicado emitido este miércoles por dichas organizaciones.

Versus haber dejado en la normativa que las Juntas de Agua que son las que satisfacen las necesidades de las comunidades más pobres de las zonas rurales tengan que pagar canon por el uso del agua, mientras que la ANDA no lo hará.

“Las Juntas de aguas van a continuar enfrentando la amenaza del pago del canon por el uso del agua. Las Juntas de Agua deberían tener un permiso especial que se llamaba en su momento: permiso de abastecimiento rurales y urbanas”, recomendó Flores.

Las organizaciones ambientalistas también cuestionan que la ley no resuelve la “injusticia” que generan los convenios suscritos por ANDA con empresas constructoras, ya que no le obliga a transparentar los pactos que ha suscrito con dichas firmas dedicadas a la construcción.

Así también se eliminan los permisos ambientales para autorizar el uso de agua a los grandes capitales, criticaron este miércoles en rueda de prensa.