Este martes en la plenaria los diputados del oficialismo y sus aliados dieron vida a los agentes encubiertos digitales mediante reformas al Código Procesal Penal, con lo que estarían "legalizando el espionaje electrónico", han cuestionado diputados de la oposición.
Hay varios aspectos que según la abogada Marcela Galeas alertan sobre abusos, excesos y hasta violaciones a la Constitución de la República y otros Tratados Internacionales que El Salvador ha suscrito en materia de Derechos Humanos.
Las enmiendas al Código Procesal Penal fueron dictaminadas con anterioridad en menos de un mes de que fueron presentadas como propuestas en la Comisión de Seguridad; y desde entonces varios expertos advirtieron que es una medida cuyo propósito es “legalizar el espionaje” en contra de periodistas y opositores al gobierno.
La reforma fue aprobada este martes con 63 votos a favor de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC; mientras que 17 diputados de ARENA, del FMLN, de Nuestro Tiempo y del partido VAMOS, votaron en contra.
“Legalizarán que a todos los periodistas les intervengan los teléfonos”, apuntó hace poco la abogada
penalista Marcela Galeas.
En las reformas al Código Procesal Penal se contempla valorar como prueba digital en los procesos penales cualquier tipo de documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, videos, datos y cualquier tipo de información que sea almacenada, recibida o transmitida a través de las Tecnologías de la Información o por medio de cualquier dispositivo electrónico.
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El policía digital podrá intervenir esa información con la autorización del juez y de la Fiscalía y el patrullero digital podrá ponderar si ésta clasifica como prueba digital, lo cual es contraproducente ha dicho también el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, ya que dijo es un perito especializado el que debería tener esa función.
“No establece la reforma cuánto tiempo ni por qué delitos se puede utilizar la figura del agente encubierto. De alguna forma lo que se está legalizando es el espionaje, se están legalizando prácticas que, como se comprobó a inicios de este año, se están realizando en este país”, denunció ayer el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga.
HWR, preocupada
El investigador Juan Pappier, que hace parte de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), señaló la preocupación de la organización por la reforma al Código Penal salvadoreño para, entre otras cosas, crear la figura del “agente encubierto digital”.
A HRW le “preocupan las facultades amplias que se otorgan a la Fiscalía, incluyendo para emplear agentes encubiertos digitales”, indicó el investigador en su cuenta de Twitter.
Este tipo de operaciones se podrán realizar únicamente con autorización de la Fiscalía General de la República (FGR).