Las medidas extraordinarias aumentaron el hacinamiento en las cárceles

Las bartolinas policiales aún albergan a 5,225 privados de libertad, una cifra que no varía desde 2016. La sobrepoblación en los penales es de 20,798, según la PDDH. Investigación de la BBC posiciona a El Salvador como el segundo país del mundo con más presos por cada 100 mil habitantes.

Juez de Vigilancia de San Vicente amplía por 15 días emergencia en Zacatraz, penal de San Vicente y la granja penitenciaria. Foto EDH / archivo

Por Stanley Luna

Sep 10, 2018- 21:00

Desde que comenzaron las medidas extraordinarias en 2016, la población reclusa en espera una condena aumentó en los seis penales donde están detenidos exclusivamente pandilleros. Estos tienen prohibido ser trasladados a audiencias a los juzgados, una medida que los diputados convirtieron en permanente el 18 de agosto.

Los penales afectados son Quezaltepeque, Izalco, Chalatenango, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera y Zatecatecoluca.

Al cierre de 2016, la Dirección General de Centros Penales registraba 4,547 internos provisionales en esas cárceles, incluido el penal de Cojutepeque, cerrado en junio de ese año.

 


Ciudad Barrios, en San Miguel, con internos de la MS-13, y Zacatecoluca, el penal de máxima seguridad del departamento de La Paz, están entre los penales con población penitenciaria de pandillas.

Durante el primer año de la ejecución de las medidas extraordinarias, en el penal de Ciudad Barrios había 1,078 reos en detención provisional. Para finales de 2017 esa cárcel tenía un 315 % de hacinamiento.

En los primeros cuatro meses de 2018, las detenciones provisionales también aumentaron un 28 % en ese penal. En el mismo periodo, en el penal de Zacatecoluca hubo un aumento del 58 %.

El penal de máxima seguridad tenía en 2016 a 105 reos en espera de una condena, pero a finales de 2017 su nivel de hacinamiento era del 123 %.

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El pasado 16 agosto, 71 diputados de la Asamblea Legislativa votaron para reformar la Ley Penitenciaria y decidieron que las medidas extraordinarias fueran permanentes en las seis cárceles donde ya estaban vigentes.

Con la reforma, los reos no serán trasladados a las audiencias en los juzgados, sino que enfrentarán las audiencias bajo modalidad virtual, pero en algunos casos el tribunal podrá llevar a cabo la audiencia con el reo ausente, mientras este sea representado por su defensor.

Las bartolinas policiales del país también están saturadas y fueron creadas para las detenciones administrativas (las que duran menos de tres días), por tanto, no son lugares habilitados para detenciones más largas pues no cuentan con régimen de visitas, servicio de alimentación ni de aseo suficientes.

La detención administrativa es el plazo de 72 horas que tiene una persona para nombrar a un abogado y ser acusado ante un juzgado, para luego, en otras 72 horas, enfrentar una audiencia inicial o de imposición de medias, en el caso de los juzgados especializados.

Sin embargo, la PDDH registró hasta en junio pasado 5,225 detenidos en bartolinas policiales. Por el plazo legal, esas personas deberían estar ya en un penal, cumpliendo detención provisional mientras esperan una condena. Incluso hay casos de personas que ya han sido condenadas, pero que no son trasladadas por falta de espacio en los centros penales. La cifra se mantiene desde inicios de 2016 y fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional en junio de ese año.

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Registran 93 capturas por día

Pese al hacinamiento en las bartolinas y las cárceles, a mediados de agosto, el director de la Policía, Howard Cotto, dijo que cada día 93 salvadoreños son capturados para ser investigados.

La sentencia de la Sala se dio a partir del hábeas corpus presentado por tres reos que estaban en las bartolinas policiales debido a las condiciones en las que se encontraban ahí. Erick Roberto González Grijalva y Jorge Alberto Portillo Maldonado ya habían sido condenados por extorsión. Aunque el primero estaba en las bartolinas de la subdelegación de Quezaltepeque y el segundo en la subdelegación de San Vicente, ambos compartían situaciones similares: una celda de tres por tres metros cuadrados con otras 30 o 40 personas.

Omar Oswaldo Raymundo Salguero, procesado por homicidio, también demostró que tenía hongos en su cuerpo y un dolor agudo en su espalda por tener que dormir en una zona húmeda y sucia: el baño de las bartolinas de la delegación de Soyapango.

La Sala sugirió que, según la Corte Europea de Derechos Humanos, el espacio individual que un privado de libertad debe tener es de 7 metros cuadrados. También se refirió a la medida establecida por el Comité Internacional de la Cruz Roja: 5.4 metros cuadrados por persona y 3.4 metros cuadrados cuando la celda era compartida.

Francisco Hernández, jefe del Departamento de Verificación Penitenciaria de la PDDH, asegura que las delegaciones policiales han adaptado otros inmuebles para resguardar a los detenidos, como puestos policiales o casas en colonias. Pero advierte que las estadísticas que recibe del Centro de Información y Control Operativo Policial reflejan la cantidad de detenidos en esos espacios habilitados, pero las consolida de forma generalizada con las 17 delegaciones policiales a nivel nacional.

Una investigación de la BBC, publicada en abril pasado, reveló que El Salvador tiene 591 internos por cada 100 mil habitantes, convirtiéndose en el segundo país a nivel mundial con más presos, seguido por Estados Unidos, que por esa tasa habitacional tiene 655 reos.

Según la PDDH, en las cárceles salvadoreñas están recluidas 38,849 personas, pero hay una sobrepoblación de 20,798.

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) señala que a finales de 2017, unos 13,000 internos, el 35 % de la población total, estaban presos en los penales bajo las medidas extraordinarias, por las que no pueden recibir visitas de sus abogados o familiares. Algo que ha sido criticadas por las Naciones Unidas.

En noviembre del año pasado, tras su visita a El Salvador, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, instó al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, a derogar las medidas y también garantizar el acceso a las cárceles a los organismos internacionales.

La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, Agnes Callamard, también dijo en febrero de este año que las medidas extraordinarias han generado “detenciones prolongadas” de miles de personas, incluso, que esperan condenas en condiciones “crueles e inhumanas” en las cárceles.

Un sistema en contra de la libertad

Jeannette Aguilar, directora del IUDOP, sostiene que la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y los jueces se ponen de acuerdo para que una persona siga detenida, aunque no existan pruebas suficientes para inculparla. Agrega que la retardación de justicia tiene relación con la “lógica punitiva” del Estado.

“En un estudio que hacíamos en 2015 se mostraba que alrededor de un 20 % de las personas estaban detenidas por delitos menores, delitos que pudieron ser perfectamente excarcelables o que pudiesen haber conmutado a través de medidas alternativas a la prisión”, señala la académica.

La PDDH recibe denuncias constantes de casos en los que el día en que la persona recuperará su libertad es acusada de otro delito, el que a veces está basado en rumores o declaraciones de testigos criteriados (con beneficios penales), lo que satura más el sistema.

El jefe del Departamento de Verificación Penitenciaria dice que las detenciones masivas que realiza la Policía, como la operación Jaque y la Tecana, y otras a las cuales no dan realce pero que involucran a más de 100 personas, saturan el sistema penitenciario.

Hernández señala que “organizaciones terroristas” es el delito por el que hay más registros de capturas desde la implementación de las medidas extraordinarias. Los procesos masivos, indica, tienen irregularidades.

Hay personas que cuando son trasladadas a una bartolina o a un centro penal se enteran de que tienen más cargos penales, o que no les mostraron la orden girada por la Fiscalía al momento de la captura, como es su derecho. Sin embargo, cuando la PDDH verifica, las órdenes están adjuntas en expedientes administrativos o fiscales.

Hernández dice que la retardación de justicia provocada por jueces o autoridades judiciales debería ser castigada, pero hasta el momento no hay ninguna normativa que lo haga.

El Diario de Hoy solicitó seis veces una entrevista con Marco Tulio Lima, titular de la Dirección General de Centros Penales, para ampliar detalles sobre el hacinamiento en las cárceles y el funcionamiento de las audiencias en modalidad virtual desde que se implementaron las medidas extraordinarias de seguridad. Al cierre de este reportaje, el equipo de comunicaciones de la institución dijo que aún no tenía una respuesta de Lima.

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