Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron por unanimidad, solicitar al gobierno de Nicaragua la extradición del expresidente Mauricio Funes Cartagena.
La petición de extradición abarca a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, la actual compañera de Funes; sus dos hijos mayores: Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas. Todos ellos acusados de lavado de dinero y activos.
La decisión de la Corte Plena es por el primero de los cuatro casos penales que los tribunales ventilan en contra de Funes, en el que la Fiscalía General de la República le atribuye haber encabezado una estructura delictiva que desvió $351 millones del Estado para beneficio personal, de su familia, amigos y un grupo de funcionarios durante su gobierno 2009-2014.
Además, Funes acusado como un prófugo de la justicia, acumula otras tres órdenes judiciales de captura por delitos de corrupción en perjuicio del Estado.
A continuación te presentamos una síntesis de los procesos penales que los tribunales tienen abiertos en contra del expresidente:
Caso Saqueo Público en el que fueron desviados $351 millones
El Juzgado 5o. de Paz de San Salvador abrió el 10 de junio del 2018 el primer proceso penal contra el prófugo Mauricio Funes y 31 acusados más, entre ellos su exesposa, dos hijos, su actual compañera de vida y exfuncionarios de su gestión presidencial. El 28 de junio de ese año, el referido juzgado ordenó la captura de Funes, sus dos hijos y su actual pareja sentimental. Todos son procesados por el supuesto desvío de $351 millones de fondos públicos en su administración, según la Fiscalía General. Esta investigación penal comenzó con el informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia al encontrar indicios de enriquecimiento ilícito por $702,000. La Cámara Segunda de lo Civil le ordenó a él y a su hijo Diego, devolver $419,145 al Estado.
Fiscalía acusó a Funes por supuestos sobornos al exfiscal Luis Martínez
La segunda orden de captura fue emitida el 12 de noviembre del año pasado por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador. Esta vez por los delitos de cohecho activo y cohecho propio (soborno) y al ex-Fiscal General Luis Martínez por falsedad documental agravada y omisión a la investigación. Las investigaciones fiscales revelaron que Funes entregaba de $10,000 a $20,000 mensuales para que el exfiscal Martínez no lo investigara por los delitos derivados de la tregua entre pandillas y también por el arreglo directo en caso El Chaparral. El Juzgado Cuarto de Paz también pidió a la oficina de Interpol que emitiera orden de captura internacional contra Funes. El anterior fiscal Douglas Meléndez dijo que Funes “compró” a Martínez su “ inmunidad total”.
Revelación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) por donativo Taiwán
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó el 18 de enero pasado que el prófugo Mauricio Funes, el exfiscal Diego Escobar Portillo y el experiodista Lafitte Fernández, fueran capturados para que respondan judicialmente por la supuesta divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del caso relacionado al supuesto desvío del donativo de 10 millones de dólares de Taiwán para los damnificados del terremoto de enero del 2001. La decisión del referido juzgado fue tomada con base en las pruebas ofrecidas por la Fiscalía General. Funes divulgó públicamente un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Escobar, quien entonces era fiscal, le habría facilitado una copia del ROS, según Fiscalía.
Supuesto soborno recibido por prófugo Funes por arreglo directo en obra inconclusa El Chaparral
Un cuarto proceso penal contra el exmandatario prófugo se abrió en el Juzgado Noveno de Paz el 18 de enero pasado a petición de la Fiscalía General por los delitos de peculado y lavado de dinero. La orden de captura por este caso fue emitida el 29 de enero pasado y a la vez, pidió a Interpol que emitiera la orden de captura internacional o difusión roja. Por este caso también le ordenaron la detención a Ada Michelle Guzmán, actual compañera de vida de Funes. Ellos dos y dos hijos de Funes están resguardados en Nicaragua. El requerimiento fiscal señala que Funes recibió $3.5 millones de la constructora Astaldi por haber ordenado el arreglo directo con la CEL y el consiguiente pago de $108 millones por las obras inconclusas de la presa hidroeléctrica de El Chaparral.
