LA UNIÓN. La comunidad Elíseo Soriano está llena de pobreza, promesas e ilusiones. Las ilusiones de las 80 familias que viven en terrenos del Estado y que por años han pedido que les entreguen las escrituras para poder acceder a beneficios y proyectos que mejoren su calidad de vida.
También tienen en sus recuerdos un montón de promesas; como las que llevaron a cambiar el nombre a la colonia.
Según cuentan los habitantes, con la llegada de las primeras familias al terreno en el cantón Playas Negras de Conchagua, el lugar era conocida como La Antena o El Manguito pero fue el exalcalde Ulises Soriano quien les propuso el nombre de Elíseo Soriano, quien ya falleció y padre del exfuncionario. Dicen que aceptaron a cambio de mejoras de calles, viviendas, parque y otros beneficios.
Te puede interesar: Dos mil huevos de tortuga marina están en peligro de ser arrastrados por los oleajes en la playa El Icacal
Santos Quinteros, miembro de una cooperativa de pescadores y habitante del lugar, expuso que el nombre de Elíseo Soriano se dio durante la administración municipal del ex alcalde Ulises Soriano, en el periodo del 2015 a 2018 por el partido del FMLN.
“Ya había algunas viviendas en el lugar, cuando llegó el alcalde Ulises Soriano propuso a la comunidad nombrarla así con el compromiso de hacer maravillas o una comunidad modelo en el municipio, y la gente lo aceptó, pero todo fue una mentira”, agregó Quinteros.
El exalcalde Ulises Soriano dijo que desconoce quién le puso el nombre de su papá a la colonia “si ellos se lo pusieron fue porque ellos tuvieron la buena iniciativa de hacerlo y tuvieron el buen corazón porque conocían a mi papá muchos de los que viven ahí, yo estoy bien contento con la comunidad, y cuando estuve de alcalde se hizo lo que se pudo y hasta donde he llegado me he sentido feliz”.
Te puede interesar: Hurtan custodia en parroquia de Anamorós, La Unión
Pobreza. La mayoría de hogares en la colonia Soriano duermen entre paredes y techos de láminas o plástico, pisos de tierra. Más de la mitas de los hogares están sin acceso a servicios básico como electricidad, agua potable y letrinas.
“Lo único que pido es que me ayuden hacer mi ranchito, aunque sean con láminas porque las que tengo ya no sirven y tengo temor de que con alguna tormenta o viento se caiga”,
Son pocas las viviendas de concreto.
Y aunque se sienten dueños del lugar en el que están desde hace uno 15 a 20 años y quieren seguir echando raíces en esas tierras, no hay un documento legal que los ampare. Lo que ellos saben es que el terreno pertenece al Estado a través del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA).
La mayoría de los habitantes de la colonia Soriano (185 personas, entre adultos e infantes) se dedican a la venta ambulante de frutas, tortillas, comida en las playas de la zona. Algunas mujeres trabajan de meseras, mientras que los hombres lo hacen en la pesca artesanal, en los barcos o reparar redes.
En el deteriorado rancho de Óscar Bonilla viven siete personas. Durante el invierno les toca hacer malabares para esquivar el agua y evitar que las pocas pertenencias se mojen; no cuenta con energía eléctrica y tiene que hacer uso de una extensión conectada en la casa del vecino para poder usar un pequeño bombillo y no estar a oscuras.
Bonilla trabaja reparando redes de pesca, pero sólo lo contratan dos o tres veces al mes, y cada jornada es de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, a cambio recibe un pago de 15 dólares por el día.
“Eso de remendar redes no es un trabajo estable, se da cuando a los dueños de las redes se les ha roto; hay semanas que no me llaman para remediarlas, y es ahí donde tengo que buscar cómo ganar para las tortillas”, explica.
Francisco Sánchez, 26 años, vive con su pareja y su hijo de 5 años en un reducido espacio al final de la cuadra de la comunidad. Su rancho lo hizo con láminas viejas que le dieron y palos de mangle que cortó en los esteros de la zona.
Durante el invierno el rancho de Francisco permanece húmedo por toda la filtración del agua que ingresa por una parte por el techo y otra por el piso. “Trabajo pescando y a veces en la agricultura, pero eso a veces no alcanza para comprar la comida”, dice.
Para tener asistencia médica deben viajar a las unidades de Salud en el cantón Las Tunas o en El Tamarindo.
Jesús Medina, ex alcalde de ese municipio en el periodo 2019-2021 y miembro del partido ARENA, dijo que durante su administración “le dieron mantenimiento a las calles interna de la comunidad, aporte de materiales para badenes en las entradas, campaña de fumigación, reparto de víveres, se ayudó a varias personas con láminas y se dio ayuda a algunas persona con ataúdes”.
Ahora las ilusiones de la comunidad están puestas en contar con el documento que les ampare que son los propietarios del terreno ya que para ellos significa un boleto para gestionar proyectos de viviendas y letrinización ante el Gobierno Central, la municipalidad u otros organismos.
“Las familias viven del día a día es decir de lo poco que ganaron ya sea vendiendo mango picado, tortillas, en la pesca artesanal o en extracción de los moluscos”,
Godofredo Nájera, líder de la comunidad, explica que en el 2017, a través de la municipalidad, solicitaron un proyecto de vivienda en el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), sin embargo la falta de los títulos de propiedad de sus terrenos les imposibilitó cualquier beneficio.
“Las tierras las dio el Ista, muchas familias tenemos de 10 a 20 años de estar esperando que nos resuelvan y nos den las escrituras para poder gestionar proyectos de vivienda digna y otras necesidades de la comunidad”, lamenta Nájera.
En el 2019, directivos de la comunidad viajaron a San Miguel y San Salvador a las oficinas del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) para que les agilizarán el trámite de los terrenos. La respuesta que encontraron fue que debían esperar un decreto de la Asamblea Legislativa que les otorgue las escrituras a cada una de las familias.
El ingeniero Aquiles Díaz, técnico regional de la oficina del ISTA en San Miguel, explica que esa comunidad está reconocida como parte de la hacienda El Encantado, y que esa oficina desde el año 2012 dejó de elaborar las escrituras, entre los factores que e llevaron a esa decisión están que los planos debían ser recientes y digitalizados, además de que hay una demanda por el terreno de parte de una familia.
Díaz explicó que la familia puso una demanda contra el ISTA ante la Corte Suprema de Justicia, disputando la propiedad de una parte de tierra que está en la zona entre de Los Portillos de La Unión, y la laguna Los Negritos de Conchagua. Aunque esos lugares están retirados de la comunidad Soriano, la matrícula de la hacienda es una sola y eso afecta.
“La comunidad Elíseo Soriano, o el Ganoguero, ellos han perdido varios beneficios por la falta de las escrituras, pero mientras no haya solución a esa demanda será difícil darle respuestas a la comunidad”, agregó el técnico Díaz.
La gobernadora de La Unión, Victoria Gutiérrez, asegura que no ha recibido ninguna petición de la comunidad Elíseo Soriano, “personalmente no he recibido solicitudes de esa comunidad, pero haremos una visita de campo para verificar cómo está el proceso de escrituración y poder ayudarles en articular el trabajo con las instituciones correspondientes”, agregó.
Los residentes de la comunidad ahora esperan que el diputado William Soriano pueda ayudar a la comunidad que lleva el nombre de su abuelo. El legislador ha dicho que hay un equipo técnico en la Asamblea que ayuda a coordinar con el Viceministerio de Vivienda y que pasará un decreto transitorio para las personas que tienen parcelas y que no han logrado ese trámite de estabilidad jurídica.
“Va hacer un decreto transitorio que les va a permitir a todas las personas que han sido estafadas o que no tienen las escrituras, las puedan realizar en un tiempo bastante corto”, agregó Soriano.
Mientras tanto Cintia Narváez, de 26 años, quien tiene 4 años de vivir en la comunidad y es madre de una niña de 6 años, no esconde su desesperación y anhelo de que las cosas mejoren en si comunidad. “Aquí no puede venir ningún proyecto para el beneficio de nosotros porque no contamos con las escrituras, nos urge tener una vivienda digna para nuestros hijos y la familia”, agregó Narváez, quien trabaja de mesera en un rancho en playa Las Tunas.
