Dos meses y medio después de que delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) le propusieron a la Fiscalía General de la República una “alianza estratégica” para el combate a la corrupción, este lunes ambas instituciones firmaron un convenio para ese fin.
El fiscal General, Raúl Melara, y el vocero interino de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) Ronalth Ochaeta, informaron que el organismo internacional brindará asesoría técnica para fortalecer las capacidades del Ministerio Público en la prevención, detección, investigación, acción penal y erradicación de la corrupción e impunidad.
#ÚltimaHora | Fiscal General @MelaraRaul firma convenio de cooperación con @OEA_CICIES. Con este acuerdo la #CICIES se convierte en una realidad que formaliza la asistencia técnica para fortalecer a la @FGR_SV a partir de este día. pic.twitter.com/AaAayC3NXH
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 9, 2019
Melara exhortó a diferentes sectores del país a unir esfuerzos para combatir el problema, pues apuntó que hay corruptores en el sistema público y privado.
Aunque el convenio estará vigente desde este 9 de diciembre, la OEA aún está trabajando en la conformación del equipo que asesorará a los fiscales.
El fiscal asegura que el convenio formaliza la asistencia técnica que la OEA brindará a la FGR, por medio de la CICIES, para fortalecer las capacidades en prevención, detección, investigación, acción penal, procesamiento y erradicación de la corrupción
En septiembre pasado, cuando una comitiva de la OEA se reunió en El Salvador con el fiscal general, él señaló que todo apoyo que El Salvador pueda recibir para luchar contra la corrupción y para fortalecer las instituciones es bienvenido, pero dejó claro que es la Fiscalía General quien tiene el monopolio para dirigir la investigación, perseguir el delito y ejercer la acción penal.
“La Constitución le da a la Fiscalía el monopolio de la investigación. Ellos (CICIES) colaborarán, capacitarán, transmitirán conocimiento y buscaremos la mejor forma de aplicar todo ese conocimiento”, apuntó.
Ochaeta y Melara manifestaron que la asistencia que dará la OEA consistirá en asesoramiento, recomendaciones y transferencia de conocimientos especializados en casos concretos de actos de corrupción, y durará hasta enero de 2022.
El vocero de la CICIES será el enlace coordinador para la implementación del convenio.
Mientras que el gobierno de El Salvador aún no detalla cómo operará la CICIES en cuanto a alcances y tareas a ejecutar.
Las dudas que deja la CICIES en la sociedad civil
El 26 de noviembre pasado, la canciller de El Salvador, Alexandra Hill, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, firmaron un acuerdo para avanzar en el establecimiento de la CICIES.
De acuerdo a este marco, en su apartado de competencias, la CICIES podría suscribir acuerdos con otros órganos de Estado e instituciones, y es lo que hizo en esta ocasión.
Además, se incluía la posibilidad de presentar propuestas de reformas como “habilitar a los miembros de la CICIES para que se constituyan como querellantes”, es decir, que puedan acompañar a la Fiscalía en procesos penales; sin embargo, para ello debe haber todo un proceso y por ahora sus funciones se limitarán a asesorías técnicas.
Con relación a la participación de organismos internacionales en la fundamentación de la CICIES, Roberto Rubio, director de Funde, mencionó que desde la sociedad civil se planteó en diversas ocasiones que la OEA se limitara a un rol consultivo y de apoyo institucional, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podía ayudar a establecer una comisión internacional con facultades investigativas e independiente del poder político como hizo en el caso de Guatemala.
A su juicio, la OEA es más amigable con el gobierno actual, por lo cual no espera una comisión tan independiente y dispuesta a tocar casos difíciles como sí fue el caso de Guatemala, donde investigaciones apoyadas por la CICIG incluso derribaron a un gobierno plagado de corrupción.
Con ese pensamiento, Rubio visitó hace unos días la sede de la ONU en Nueva York, y manifestó en una entrevista a El Diario de Hoy los motivos de su arribo: “Nuestra intención es venir a Naciones Unidas, al Congreso y al Departamento de Estado para decirles que esta parte de la sociedad civil, estas organizaciones estamos sumamente interesadas en que la ONU participe, que la secretaría general del organismo sea parte de este proceso y a los congresistas y al Departamento de Estado decirles que lo que se está haciendo no va a contribuir realmente a lo que se dijo, que sería para combatir la corrupción, más bien podría hacer un efecto contrario”.