El expresidente Mauricio Funes y su amigo Miguel Menéndez Avelar, quien fuera presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), crearon una estructura sofisticada para sustraer más de 351 millones de dólares de las arcas del Estado para lavarlos e invertirlos a nombre de testaferros y sociedades ficticias, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
A raíz de esos supuestos actos de corrupción, la Fiscalía ha ordenado que se capture a Funes, quien se encuentra asilado junto a su pareja sentimental Ada Michelle Guzmán, conocida como Michy, para quien también se ha girado orden de detención.
“En el gobierno del expresidente se dieron graves e indignantes actos de corrupción donde se extrajeron fondos públicos por un monto aproximado de 351 millones de dólares”, dijo el fiscal general Douglas Meléndez al dar a conocer los resultados de la investigación que le llevó más de un año con relación a los supuestos actos de corrupción en esa gestión presidencial.
Al exmandatario se le acusa de haber lavado 10 millones de dólares provenientes de fondos públicos.
Meléndez detalló que en la trama de los supuestos actos de corrupción participaron 31 personas, entre exfuncionarios de Gobierno, amigos allegados, familiares de sus parejas sentimentales. Para todos ellos, la Fiscalía ha ordenado a la Policía que sean capturados.
Sin embargo, de los 31 acusados solo seis han sido capturados, por lo que el Fiscal Meléndez no descarta que haya existido fuga de información para favorecer la huida de la mayoría de los imputados.
Meléndez denunció que a un acusado, Manuel Ayala, director ejecutivo de Casa Presidencial, lo recogieron en un carro de la Presidencia y se desconoce su paradero.
Entre los detenidos está Menéndez conocido como Mecafé y Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario cuando se perpetraron los millonarios desembolsos. Las 31 personas fueron acusadasa ayer tarde en el Juzgado Quinto de Paz en San Salvador de los delitos de peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y encubrimiento.
Pignato, procesada en libertad
Si bien la Fiscalía acusó judicialmente a Vanda Pignato, pedirá que sea procesada en libertad “por razones de salud” por el delito de lavado de dinero, similar al trato con Ana Ligia de Saca.
Los tres funcionarios que manejaban las finanzas en la gestión de Antonio Saca también han sido acusados. Ellos son Francisco Rodríguez Arteaga, Jorge Herrera Castellanos y Pablo Gómez; quienes están recluidos en el penal La Esperanza conocido como Mariona junto a Saca.
A estas tres personas les crearon 8 cuentas bancarias para transferir fondos públicos y luego retirar millones. Solo en efectivo, Gómez retiró $292 millones del Banco Hipotecario en bolsas plásticas negras.
“De los $351 millones podemos señalar que solo quedaron 68 centavos en las cuentas irregulares creadas”, dijo Meléndez.
Hay 21 acusados que la Fiscalía General los considera como prófugos. También están involucrados varios militares del Batallón Presidencial que habrían lavado dinero con la compra de bienes para el resto de imputados.
Entre éstos está el exsecretario privado de la Presidencia Francisco Cáceres Saldaña, el exsecretario de Comunicaciones David Marciano Rivas, el exministro de Obras Públicas Hugo Alfredo Barrientos.
Así también, dos excompañeras de vida de Funes también son buscadas por la Policía para ser detenidas. Regina Cañas y Elvy Marina Paz Arteaga. Sus hijos, Diego Roberto y Carlos Mauricio tienen orden de captura. Si bien contra Pignato no hay orden de arresto, si las hay para su hermana Cristina y su cuñado Tiago Valenzuela.
Ada Luz Siguenza de Guzmán y Juan Carlos Guzmán Berdugo, papás de la pareja de Funes; también son reclamados por la Fiscalía.
“Muchos de éstos militares se aprovecharon y ahora tienen riqueza de fondos del pueblo salvadoreño, incluso fuera del país, tienen sociedades, después de haber sido humildes militares”, dijo el Fiscal.
Los investigadores recabaron información de que Funes es propietario de 14 inmuebles, pero que están a nombre de testaferros (prestanombres). Algunas de estas propiedades ya fueron inmovilizadas. También se ha identificado que posee apartamentos en EE.UU.
“Hemos identificado bienes en otros países, como por ejemplo apartamentos en el Estado de Florida, algunos de ellos ya fueron vendidos y en otros países que no puedo mencionar”, dijo Meléndez.
Sobrepasaron la sentencia de Sala de lo Constitucional
Los más de 351 millones de dólares fueron saqueados, según la Fiscalía, a través de los “gastos reservados de la Presidencia”.
La Asamblea Legistiva les había aprobado 80 millones 818 mil dólares para el período presidencial. Desde el inicio de la gestión presidencial de Funes, se pedían refuerzos presupuestarios a través de notas al Ministerio de Hacienda.
De esa manera se lograron transferir 54 millones de dólares para los “gastos reservados”. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional, el 25 de agosto de 2010, la transferencias de fondos públicos de otras instituciones del Estado a la Presidencia de la República.
Fue entonces que Funes creo “unidades de gastos imprevistos” en Casa Presidencial y en otras instituciones del Gobierno.
Ya con este nuevo mecanismo creado de manera irregular y sobrepasando la sentencia de la Sala de lo Constitucional, el Consejo de Ministros autorizaba los fondos para los gastos imprevistos de Casa Presidencial, sin ninguna justificación. Esos fondos eran solicitados por el entonces secretario Privado de la Presidencia Francisco Cáceres. Lo anterior fue confirmado por el exministro de Hacienda Carlos Cáceres en su declaración en la Fiscalía General.
Meléndez señaló que los gastos reservados se incrementaron de manera ilegal de 80 millones a 351 millones de dólares, lo que significó el 50 % del presupuesto total de la Presidencia de la República.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera , Jorge Cortéz dijo que “Funes dispuso de fondos públicos para beneficio personal, de sus familiares y de sus amigos”. Por esa razón, Funes ha sido acusado en los tribunales de justicia por peculado y lavado de dinero.
El dinero saqueado, según Cortéz, fue usado para comprar vehículos de lujo, de inmuebles a través de testaferros, alquiler de inmuebles para sus amigos y sus funcionarios, viajes de placer a distintos países, compra de armas de fuego a través de prestanombres, pago de hospitales privados no solo para sus familiares y los de sus funcionarios.
También fue desviado para la construcciones y remodelaciones de residencias, compras de artículos de lujo, simulación de contratos, y transferencias de dinero sin justificación a distintas personas.
“Pondrán venir cuestionamientos y ataques de cualquier índole en contra de la Fiscalía y en contra del Fiscal General”, dijo Meléndez, quien agregó “hemos hecho una investigación responsable y técnica con todo tipo de prueba, con análisis económicos financieros , miles de cheques, documentos provenientes del Ministerio de Hacienda, de bancos, hemos incautado documentos en el bulevar del Ejército, que son del Ministeroo de Hacienda para probar transferencias de fondos”, dijo Meléndez.