Tras cumplir la condena de cinco años de prisión por haber divulgado públicamente conversaciones privadas del sacerdote Antonio Rodríguez conocido como padre Toño, el ex fiscal general, Luis Martínez comenzó este viernes a cumplir con el arresto domiciliar que le fue otorgado por el juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria, informaron fuentes judiciales.
Martínez fue llevado custodiado por agentes de la Policía desde el centro penal La Esperanza conocido como Mariona hacia una vivienda en Santa Ana para que cumpla con el arresto domiciliar con custodia policial. Se desconoce si le colocaron brazalete electrónico a Martínez.
Delegados de la Dirección de Centros Penales que asistieron a la audiencia especial en la que le otorgaron el arresto domiciliar a Martínez, aseguraron que no se disponía hasta ese momento de ese tipo de dispositivo electrónico.
Las autoridades de la Policía informaron en un memorándum de fecha 20 de agosto pasado que en caso de que Centros Penales no dispusiera de uno de esos dispositivos de vigilancia electrónica, siempre debería de ser trasladado al domicilio designado en espera de que la compra de uno de esos aparatos, ya sea por parte de Centros Penales o por los familiares de Martínez.
Hasta este mediodía, el juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria no había recibido la notificación oficial de la Policía del traslado del ex fiscal Martínez a la casas donde estará en arresto, según fuentes judiciales.
El ex fiscal Martínez cumplió ayer jueves los cinco años de prisión a los que fue condenado, pero como tiene otros dos procesos judiciales pendientes deberá de ser enviado a arresto domiciliar debido a que el plazo de los dos años en detención preventiva, en los dos casos, ya los cumplió.
Luis Martínez está pendiente de la audiencia preliminar en el caso conocido como Corruptela, en el que supuestamente dirigía una red de corrupción que se dedicaba a recibir sobornos para poder favorecer a imputados para no seguir con los casos. Esto habría ocurrido durante su gestión en la Fiscalía General.
En este caso, la Fiscalía lo acusa de haber recibido $1.4 millones de parte del ex presidente prófugo Mauricio Funes para que no lo investigara en el proceso de la presa inconclusa El Chaparral y en la tregua entre las pandillas. También habría favorecido a Enrique Rais, quien es prófugo de la justicia.
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En este proceso, Martínez es acusado de 15 delitos, entre ellos lavado de dinero, peculado (apropiación de fondos públicos), cohecho propio (soborno), negociaciones ilícitas y omisión de la investigación.
Este proceso se ventila en el juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador que le dio medidas sustitutivas a la detención porque ya había cumplido los dos años de estar en prisión preventiva, tal como lo señala la ley. Sin embargo, una Cámara revocó esas medidas y ordenó arresto domiciliar con custodia policial.
En el tribunal Tercero de Sentencia está pendiente que se le haga juicio por los delitos de omisión de la investigación y revelación de información y documentos secretos por un funcionario. En este caso también está procesado Enrique Rais.
Resulta que Martínez, siendo Fiscal General, favoreció a Rais en un proceso judicial en el que habría acusado de manera fraudulenta a dos abogados por estafa y extorsión.
También como se le cumplieron los dos años de detención provisional, el referido tribunal le otorgó arresto domiciliar con brazalete electrónico.
Pero como Martínez cumplía la condena de cinco años en la cárcel, entonces, el arresto domiciliar quedó en suspenso y es por eso que al cumplir con esa pena es que podrá estar detenido en su casa.
Otra de las situaciones que se discutió en la audiencia fue la indemnización de $56,038.82 que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó a Martínez a pagarle al padre Toño por daños y perjuicios por haber divulgado las conversaciones telefónicas privadas.
El ex Fiscal General dijo que estaba dispuesto a poder llegar a un acuerdo con la víctima, pero que por el momento no puede responder económicamente por “el excesivo poder de la Fiscalía General en contra de su persona y de sus bienes”.
En noviembre de 2018, la Fiscalía le confiscó a Martínez, seis propiedades y do vehículos que habrían sido adquiridas con fondos de origen ilícito y fueron puestas a disposición del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab).
Los inmuebles están en residencial Joyas de las Piletas, en Santa Tecla; una casa de campo en Comasagua, y otra en la residencial Santa Elena, de Antiguo Cuscatlán, los tres son municipios de La Libertad. Otra casa está en el barrio San Miguelito, de San Salvador, y hay dos más en Santa Ana.