De los 216 magistrados y jueces con más de 60 años de edad y más de 30 años de servicio en la judicatura, hasta ayer en la tarde ya habían renunciado 98, amparándose a la decisión de la Corte Suprema y antes de que entre en vigencia el decreto del retiro obligatorio, informaron fuentes del Órgano Judicial.
Entre los funcionarios que han renunciado 21 son magistrados de Cámara y 61 son jueces de Sentencia, de Instrucción, Especializados, de Vigilancia Penitenciaria y de Paz, según el informe.
Otros 112 funcionarios se ampararon al régimen de disponibilidad, es decir, que no renuncian al cargo, pero pueden ser ubicados en otras instancias de acuerdo a las necesidades del sistema judicial.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio un ultimátum a los 216 juzgadores que se encuentran en ese rango de edad y de servicio en la judicatura para que presentaran su dimisión antes de este sábado por ser el día que entra en vigencia el decreto legislativo 144, el cual contempla el retiro obligatorio, y de esa manera acceder al beneficio económico de una indemnización de 24 meses de salario, que fue avalada por la Corte.
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El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) reveló el 8 de septiembre pasado que 216 magistrados y jueces son candidatos a retirarse de manera obligatoria por estar en ese rango de edad y de servicio en la judicatura. De ese total, 118 son hombres y 98 mujeres, según el memorándum del Consejo.
Detalla además el informe que 34 funcionarios son magistrados de Cámara, entre estos 12 de lo Penal y 2 de los tribunales superiores especializados. Se le suman 20 jueces de Sentencia, 28 de Instrucción y Primera Instancia; 98 juzgadores de Paz, ocho jueces de Vigilancia Penitenciaria y un juez de Vigilancia de Menores.
Se agregan ocho jueces encargados de procesar a menores delincuentes, nueve juzgadores especializados en tema de Familia, tres laborales, cinco del ámbito civil y mercantil.
De los 15 juzgados de Paz que funcionan en el centro judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador, los titulares de ocho de esos tribunales tendrán que cesar de sus funciones.
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El informe también indica que 68 jueces tienen jurisdicción en el departamento de San Salvador, otros 30 en San Miguel, 16 en La Libertad, 14 en Santa Ana, otros 14 en La Paz y 12 en Chalatenango.
Once funcionarios judiciales estaban asignados a tribunales en el departamento de Cuscatlán; nueve en Usulután, mientras que en Morazán, Cabañas y Ahuachapán estaban asignados ocho jueces en cada uno de esos departamentos. Hay 14 magistrados o jueces que tenían jurisdicción en Sonsonate y San Vicente; mientras que cuatro estaban asignados a tribunales en La Unión.
El Diario de Hoy pidió información a la Unidad de Comunicaciones de la Corte Suprema sobre el mecanismo que empleará para poder sustituir a los 216 funcionarios judiciales que cesarán sus funciones a partir del 26 de septiembre, pero no hubo respuesta.
La Cámara de Familia de Oriente con sede en San Miguel ordenó este jueves a la Corte Suprema que suspendiera los efectos del decreto que obliga a retirarse a los más de 200 funcionarios judiciales, pero desde la Corte informaron que pedirán la nulidad del fallo.
El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, informó a través de una carta a la CSJ que cesaría sus funciones a partir de este 26 de septiembre, pero condicionó su retiro a una serie de medidas como la derogatoria del polémico decreto y lo resuelto por la Cámara de Familia.
En ese sentido, Guzmán dijo este viernes a El Diario de Hoy que analizará “como está lo de los recursos en Familia y tomaré una decisión”. Guzmán es el juez que procesa a unos 15 militares por la masacre de El Mozote
Entre los jueces que aparecen en el listado del CNJ figura Ricardo Zamora, quien es magistrado de la Cámara Primera Especializada de lo Penal de San Salvador y quien llevó el proceso judicial del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos acompañantes.
Este proceso terminó con las condenas del coronel Guillermo Benavides y el teniente Yhusy René Mendoza Vallecillos, quienes dos años después quedaron en libertad por la Ley de Amnistía que fue anulada en julio de 2016 por la entonces Sala de lo Constitucional.
Juez Blanco: resoluciones que emitan jueces impuestos serán nulas
El juez de Sentencia de San Miguel, Sidney Blanco, quien acompañó a los abogados que presentaron la demanda ante la Cámara de Familia, dijo ayer que la decisión de la Cámara de suspender la aplicación del decreto legislativo se da porque “el juez llamado a tutelar los derechos de los adultos mayores es el juez de Familia”.
Agregó que si la Corte no acata las medidas de la Cámara y “procede a nombrar falsos jueces y magistrados, las resoluciones que estos eventualmente emitan serán igual, falsas resoluciones, cualquiera que sea y es muy grave porque está jugando con los derechos de la población, ya no de los jueces”.
Aseguró que las sentencias en materia penal, por ejemplo, que emitan los “jueces falsos carecerán de nulidad porque no cumplen la garantía del juez natural que establece nuestra Constitución”.
Explicó que el juez natural es aquel que ha sido nombrado siguiendo los procedimientos contemplados en las leyes.
Para Blanco es humillante cómo la Corte Suprema les ofrece dinero a los jueces para que renuncien a sus cargos. “Es indigno la manera en la que la Corte Suprema, que son jueces, tratan al colectivo judicial”, señaló.
Cuestionó que “(magistrados) están empeñados en ejercer presiones en contra de jueces y juezas para que presenten las renuncias y por eso les están ofreciendo bonificaciones más allá de las acostumbradas y un trato diferenciado. Claro, son maneras de tentarlos, de estimularlos, ofreciéndoles dinero a cambio de que dejen las plazas”.