El juzgado Antimafia de Instrucción de Santa Ana le revocó la detención preventiva al ex alcalde de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, José Narciso Ramírez Ventura conocido como Chicho, por medidas que deberá de cumplir para gozar de libertad condicional, según fuentes judiciales.
Para ello, Chicho Ramírez tendría que andar con brazalete electrónico, no salir del país, no cambiar de domicilio y presentarse cada viernes al juzgado de Paz del municipio donde reside.
Sin embargo, esas medidas quedarán en suspenso debido a que la Fiscalía General apelará la resolución ante la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente. En ese caso, Chicho Ramírez se mantendrá en detención, según fuentes judiciales.
VEA: Chicho Ramírez cobraba hasta $12,500 por viaje a inmigrantes indocumentados, según Fiscalía
Esas mismas medidas les fueron otorgadas a otras nueve personas que son acusadas de tráfico ilegal de personas.
A los otros 20 acusados de los mismos hechos se les ordenó que siguieran en detención preventiva.
La tarde de este lunes, el referido juzgado decidió decretar detención preventiva a Chicho Ramírez y a otros 29 acusados de tráfico ilegal de personas porque la audiencia inicial tenía que continuar y el período de las 72 horas de arresto se iba a terminar.
El referido juzgado resolvió otorgarle medidas que sustituyen la detención a Ramírez Ventura y a las otras nueve personas, porque consideró que existe una mínima participación de ellos en los hechos delictivos por los que ha sido acusado por la Fiscalía.
Agregaron las fuentes que en el caso de Chicho solo es mencionado en uno de los casos de tráfico ilegal de personas a través de una llamada telefónica y una reunión que habría sostenido con uno de los supuestos principales traficantes.
Además en el acta policial de seguimiento no consta que hubo entrega de dinero ni movimiento de personas que involucre a Ramírez, según la resolución del juzgado.
Los fiscales del caso han señalado a Chicho Ramírez como el principal cabecilla de la red de coyotes que cobraba hasta $12,500 por viaje a inmigrantes irregulares.