El empresario de microbuses de las rutas 42 y 152, Catalino Miranda seguirá en detención preventiva de acuerdo a lo resuelto por la Cámara Tercera de lo Penal por el delito de desórdenes públicos.
"En razón de que no están bien cimentados los arraigos laborales porque no presenté que él cotiza al Seguro Social y a la AFP y que de la casa debería de presentar declaraciones juradas de los vecinos que él ha vivido ahí. Aunque se llevó la escritura original y los recibos básicos de la misma", dijo Rolando Aparicio, abogado que defiende a Miranda.
Aseguró que pedirá una audiencia especial al juzgado de Instrucción donde llegue el proceso para pedir las medidas sustitutivas a la detención, donde complementarán los arraigos que hacen falta.
Aparicio dijo que los magistrados no se pronunciaron por los videos presentados por la defensa en los que se demuestra que Miranda en ningún momento ha participado en desórdenes públicos ni tampoco por el delito que "tiene que ser cometido por dos o más personas".
Miranda fue capturado el 12 de marzo pasado en un aparente operativo de retiro de placas de los microbuses de su propiedad.
La Fiscalía General lo acusó de resistencia y desórdenes públicos, pero el juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó detención preventiva solo por el último delito.
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Una semana después, la Fiscalía presenta una nueva acusación contra Miranda y su hijo, Adalberto Antonio Miranda Zepeda, en el juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
Al empresario y a su hijo se les acusa de aumentar el pasaje del transporte en las rutas 42 y 152. El referido juzgado otorgó una fianza a Miranda de $5,000, pero seguirá en prisión porque la Cámara le ratificó la detención preventiva.
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