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Juzgado notifica de acusaciones a siete personas en caso Jesuitas

El ex jefe de la Fuerza Aérea, general Juan Rafael Bustillo, fue el primero en ser citado para ser notificado.

Por David Marroquín | Mar 08, 2022- 10:36

El general Juan Rafael Bustillo (blanco), exjefe de la Fuerza Aérea, se presentó a la audiencia de acusación con su abogado. Foto EDH /Archivo

El juzgado Tercero de Paz les notificó este martes de las acusaciones que les formula la Fiscalía General a siete personas ligadas a la masacre de seis sacerdotes Jesuitas y sus dos colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989.

La acusación fiscal incluye a otras seis personas, pero tres no llegaron, dos que están fallecidos, y uno que cumple una condena en España.

La diligencia comprendió en hacerles saber a los imputados de los cargos penales que existen sobre ellos con relación a la referida masacre para que nombraran a sus abogados defensores.

Entre los acusados figuran diez ex jefes militares, el ex presidente Alfredo Cristiani y el ex diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker.

El ex jefe de la Fuerza Aérea, general Juan Rafael Bustillo fue el único de los procesados en llegar al referido juzgado para ser notificado personalmente de las acusaciones.

Tras ser notificado de la acusación, el general Bustillo dijo: "yo voy a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Siempre he sido responsable, un hombre responsable, por eso es que he venido aquí para que todos ustedes tengan conocimiento de que yo no me ando escondiendo de nada", dijo Bustillo.

Los generales Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios; y los coroneles Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López López y Joaquin Arnoldo Cerna; no se presentaron al juzgado, pero enviaron a sus abogados defensores.

"Es una estrategia de defensa, consideramos que el requerimiento lo podríamos venir a traer nosotros, va depender de esto y del análisis jurídico que nosotros hagamos para ver si lo presentamos o no", dijo Eduardo Cardoza, defensor del general Larios, quien era el ministro de Defensa cuando ocurrió la masacre.

El expresidente Cristiani y el exdiputado Parker no se presentaron al citatorio ni tampoco enviaron defensores para que los representara en el proceso judicial.

La Fiscalía General acusa a Cristiani de la comisión de omisión del delito de asesinato, es decir, que el ente fiscal asume que él sabía de que iban a asesinar a los padres Jesuitas y no hizo nada para evitarlo.

A Parker le atribuyen los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal, ya que según el ente fiscal, habría favorecido en las investigaciones a los militares que participaron en la masacre.

En el requerimiento, la Fiscalía acusa a trece personas en las que incluye al ex ministro de Defensa, René Emilio Ponce y al coronel Francisco Elena Fuentes; quienes ya fallecieron.

También incluyeron al coronel Inocente Montano, condenado en España a 133 años de prisión por la muerte de los padres Jesuitas y sus colaboradoras.

A Montano lo acusan de los asesinatos del padre José Joaquín López y López y las dos colaboradoras.

Como los asesinatos ocurrieron en 1989 entonces los acusados serán procesados con el Código Penal de 1973-1974, ya derogado.

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El abogado Arnaus Baulenas dijo que la Fiscalía General no les proporcionó la copia de la acusación, porque el ente fiscal aduce que no hay parte querellante (acusador particular), cuando él representante al hermano del padre Ignacio Ellacuría en el proceso.

"Creemos que estos son signos alarmantes de lo que no debería de ser la posición de la Fiscalía en un proceso de justicia, si realmente lo que se quiere y hay un interés genuino en favor de las víctimas", dijo Baulenas.

El referido juzgado deberá de programar la audiencia inicial en la que la Fiscalía General pedirá la detención preventiva de los procesados.

Por los asesinatos de los padres Jesuitas, solo el coronel Guillermo Benavides cumple con una condena de 30 años de prisión en El Salvador y el coronel Montano con 133 años en España.

El teniente Yhusy René Mendoza Vallecillos, quien también fue condenado a 30 años de prisión, pero fue liberado dos años después por la Ley de Amnistía, declarada inconstitucional en 2016, reside en Chile.

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