La jueza Séptimo de Paz de San Salvador resolvió este viernes por la mañana que cuatro fiscales fueran sobreseídos de cargos de omisión a la investigación, falsedad documental y privación de libertad. Mientras que otros dos empleados de la Fiscalía General de la República que eran procesados por peculado o apropiación indebida de fondos públicos deberán enfrentar la siguiente fase del proceso solo que en libertad sin ninguna restricción.
Los ex fiscales Carolina Manzanares Nóchez, Yesenia Carolina Amaya, Mauricio Aguilar y Marta Colindres renunciaron al criterio de oportunidad (imputados con beneficio penal) del que gozaban por haber colaborado, aportando información que llevó a judicializar los hechos en contra de 30 imputados, entre ellos el expresidente Mauricio Funes, el exfiscal general Luis Martínez, así como los empresarios Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Aldo Vinicio Parducci Meléndez.
Los cuatro fiscales (dos fiscales de caso y dos jefes de unidad) sobreseídos definitivamente renunciaron al criterio de oportunidad en el caso “Corruptela” entre 2012 y 2015, para luego ser procesados. “Eran acusados de omitir y no realizar diligencias en la investigación y no presentándolas, solicitaron en su momento sobreseimientos definitivos en casos específicos, entre ellos la jefe de patrimonio de San Salvador, y la jefe de delitos de administración de justicia y un fiscal de cada una de esas unidades”.
#CasoCorruptela | Jueza Séptima de Paz exonera de delitos a cuatro fiscales acusados por @FGR_SV de pertenecer a red de corrupción. Los dos empleados administrativos de la Fiscalía siguen el proceso por peculado en libertad. pic.twitter.com/5J560nPAyk
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 11, 2019
En el caso de estos cuatro fiscales, la jueza resolvió que no había delito que perseguir contra ellos y los sobreseyó. Lo mismo en el delito de falsedad documental “porque dice que los requerimientos (que habían presentado sin previo investigar los hechos) no son documentos”. Sobre el delito de privación de libertad, al considerar la jueza que dictar esas órdenes son parte de las funciones de los fiscales y no constituye delito.
La Fiscalía vinculaba a los ex fiscales de pertenecer a una red de corrupción judicial encabezada por el exfiscal Luis Martínez y financiada por el empresario Enrique Rais (prófugo) que giró órdenes de captura ilegales y colaboró en el desvió de fondos públicos.
El fiscal del caso afirmó que la resolución de la jueza Séptima de Paz de San Salvador es provisional y está sujeta a evaluación de la Cámara Tercera de lo Penal, tras una apelación de la Fiscalía.
En ese sentido, dijo el Fiscal que la institución valorará si es atinente una apelación de la resolución de la jueza a favor de los fiscales.
La defensa manifestó que en la acusación contra los cuatro fiscales se habían planteado algunos absurdos “lo que pone en evidencia la inocencia de algunos de nuestros defendidos”, manifestó el abogado Alirio Ayala.
Ayala manifestó que el absurdo al que se refiere es que se les atribuyeron hechos que no pueden ser encajados en ningún delito, lo que implica violación al principio de legalidad.
En el caso de los empleados administrativos de la Fiscalía, que les atribuía de haber colaborado en el desfalco de $426,000 del presupuesto de la Fiscalía, la jueza Séptimo de Paz, les cambió el delitos de peculado intencionado por peculado culposo o no intencional. En otras palabras los empleados pudieron apropiarse de bienes de la Fiscalía sin tener ese ánimo y en la siguiente etapa o instrucción esperan que queden en total libertad.
El caso Corruptela, en el que se procesa a más de 30 personas, destapó una red de corrupción que operó en la Fiscalía General cuando estuvo al frente el exfiscal general Luis Martínez, entre 2012 y 2015. Desde diciembre, él purga cinco años de prisión por el delito de divulgación de material reservado.