El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador juramentó este lunes a siete peritos que tendrán la responsabilidad de establecer si el expresidente prófugo, Mauricio Funes, incrementó su patrimonio con dinero de la supuesta corrupción en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, informó la oficina de prensa del Centro Judicial “Isidro Menéndez”.
Señaló la referida oficina que también determinarán si han tenido aumento patrimonial, el resto de procesados como por ejemplo el expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour; el expresidente del Cifco, José Miguel Antonio Menéndez, conocido como Mecafé; Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, compañera de vida de Funes; y José Efraín Quinteros.
Todos enfrentan cargos penales de peculado (apropiarse de los recursos del Estado), lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. También es acusado, el italiano, Mario Federico Perasgostine Marocchi, quien es el representante legal de la empresa italiana Astaldi que abandonó la construcción de la referida hidroeléctrica con la amenaza de promover un arbitraje internacional.
Funes y Menéndez son acusados por la Fiscalía General de haber recibido un supuesto soborno de Astaldi por la suma de 3.5 millones de dólares.
La dádiva, según la Fiscalía, le fue entregada a Funes y a Menéndez, por ordenar un arreglo directo entre la CEL y Astaldi que costó al Estado salvadoreño $108 millones, pese a que la obra de El Chaparral, situada en San Luis de la Reina, San Miguel, tenía solo 29.28 por ciento de avance.
Con la pericia se pretende establecer si los imputados han obtenido un incremento en su patrimonio, derivado de la supuesta corrupción en la construcción de la referida obra.
El referido tribunal entregó a los siete peritos, los puntos de pericia propuestos por la Fiscalía, la defensa y la querella (acusación particular), que se mostró parte en agosto, en representación de CEL.
La etapa de instrucción de este proceso finaliza el 13 de noviembre próximo, con la posibilidad de que se prorrogue por seis meses más, informó la oficina de prensa.
También el juzgado envió un oficio a la Procuraduría General de la República para que nombren defensores públicos a Funes y a su compañera de vida para que los representen en el proceso judicial, ya que se encuentran prófugos en Nicaragua.
Sobre Funes pesan cinco órdenes de captura por distintos casos de supuesta corrupción y dos sobre Guzmán Siguenza.