El juzgado 2° de Instrucción de Santa Tecla resolvió esta tarde que el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Paredes, y Augusto Alvarado Reyes, exviceministro de Vivienda, deberán enfrentar juicio por el delito de estafa agravada.
Tras conocer la resolución, el presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Federico Paredes, discrepó con la decisión del Juzgado porque, según él, solo se refirió a las pruebas presentadas por el Ministerio Público y no tomó en cuenta las de descargo.
El funcionario no descartó la posibilidad de conciliar con las víctimas, pero explicó que debe discutirlo con sus abogados.
Él agregó que las personas que lo acusan se les explicó cuando les vendieron los terrenos que estos eran propiedad de Lomas de Santa Elena y luego de una negociación pasaron a manos del Ipsfa “pero las presuntas víctimas nunca quedaron desprotegidas”.
Según Paredes, se firmó un documento que establecía que el Ipsfa les iba a devolver a los compradores el dinero o los terrenos.
#LoÚltimo Juzgado 2° de Instrucción de Santa Tecla ordena que Carlos Federico Paredes, expresidente del @bcr_sv y Augusto Álvarado Reyes enfrenten un juicio por el delito de estafa agravada. Foto: D. Martínez
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Esta semana, Paredes renunció a su cargo como presidente del BCR.
Indicó que dejó su cargo a solicitud del presidente Nayib Bukele, para que enfrente el proceso judicial.
Paredes aclaró que Bukele lo despidió como un mensaje al sistema de justicia de que por ser funcionario de alto rango no está exento de que se le aplique la ley.
Durante una entrevista televisiva Paredes insistió que “este no ha sido un secreto para nadie”, puesto que desde 2016 se le acusa del delito de estafa inmobiliaria en perjuicio de tres de víctimas que reclaman el pago de más de medio millón de dólares como devolución e intereses por unos lotes.
El caso por el que está siendo procesado Paredes se conoció mientras era director de exportaciones del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), y desde entonces ha enfrentado varias audiencias. Paredes reconoció que debe ir a firmar cada 15 días como medida cautelar.
El caso
Paredes, que se convierte en el séptimo alto funcionario que es separado de su cargo en el gobierno de Bukele, brinda su versión de los hechos que se le imputan: primero dice que ya había conciliado con los ofendidos por incumplimiento de contrato en 2011, pero se elevó a los tribunales porque los ofendidos acudieron con fotocopias al Instituto de Previsión de la Fuerza Armada, (IPSFA), que también era parte involucrada, a intentar retirar el dinero que les correspondía de forma individual y fue negado por no presentar documentos originales.
El funcionario también dice que hay una confusión de identidad porque quienes lo acusan se refieren a un hombre (según muestran en una fotografía) que pesa 300 libras y de ojos verdes, características que no le corresponden a él. Además que en el 2010, cuando las víctimas lo demandan, Carlos Federico Paredes Castillo ya no estaba en la empresa inmobiliaria que supuestamente las estafó, sino hasta mayo de 2008 y de eso tiene constancia con la boleta del Seguro Social.
“Yo no le temo absolutamente a la verdad. Confío que mis abogados han probado la verdad jurídica y que en cualquier juzgado del mundo son suficientes evidencias para que el caso se cierre”, dijo Paredes. “Ellos me han confundido con el verdadero representante legal de la inmobiliaria”, insistió días atrás.
Los ofendidos acusan a Paredes Castillo de haberles vendido 26 lotes en la zona de Santa Elena por $700,000. Paredes reconoce que hubo incumplimiento de contrato, pero no estafa agravada.
Para subsanar esos fondos, el Ipsfa, que era parte de esta trama también, ha anexado un cheque de $192,000 para pagarles a las víctimas.
Estas personas fueron a conciliar con la empresa cuatro años después de que Carlos Federico Paredes ya no era empleado de la empresa que supuestamente las había estafado.
Al igual que esas tres víctimas, otras más reclamaron sus pagos por más de $3 millones porque por atrasos de permisos legales, los proyectos se retrasaron.