"BASTA YA de perseguirme, acosarme, y usar instituciones para tus fines. Tus acciones no son ejercicio legítimo de paternidad ni hacen bien a nuestros hijos, es VIOLENCIA. Sabes donde estamos, sabes donde visitar a tu hija, ya viste que está bien y hablaste con ella. #8M", con ese tuit y una carta que detalla las causas por lo que huyó del país, la abogada Bertha Deleón denuncia la persecución de la que ha sido objeto por parte del Gobierno de Nayib Bukele.
BASTA YA de perseguirme, acosarme, y usar instituciones para tus fines. Tus acciones no son ejercicio legítimo de paternidad ni hacen bien a nuestros hijos, es VIOLENCIA. Sabes donde estamos, sabes donde visitar a tu hija, ya viste que está bien y hablaste con ella. #8M pic.twitter.com/Wl0jQ8UBPp
— Bertha María Deleón (@berthamariaD) March 8, 2022
El lunes, la Fiscalía General acusó formalmente a Deleón en un juzgado de Antiguo Cuscatlán por dos delitos: maltrato infantil, en modalidad continuada, y privación de libertad.
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"La Fiscalía ha presentado un requerimiento de instrucción formal con la aplicación de medidas sustitutivas a la detención provisional en contra de la señora Bertha María De León Gutiérrez atribuyéndole los delitos de maltrato infantil, en modalidad continuada, así como el delito de privación de libertad", afirmó la fiscal que presenta la acusación.
Esta es la carta que Bertha Deleón publicó en Twitter esta mañana:
Han pasado seis meses desde que decidí huir de El Salvador, dejar mi amado hijo, mi familia, mis amigas, el trabajo que tanto amo y mi activismo por los derechos de las mujeres. Han sido meses largos, en los que he permanecido callada, escondida y desconectada por completo de redes sociales.
Decidí huir de los abusos que me estaba tocando vivir, en represalia al ejercicio de mi libertad de expresión, mi ejercicio profesional y mi activismo por los derechos de las mujeres. Tenía meses de estarme calando la campaña de estigmatización proveniente de la estructura paralela de comunicación digital del Presidente y varios de sus fanáticos, meses de recibir odio, amenazas, desacreditación y burla, todo lo que enfrentan las personas que se atreven a criticar al Presidente y su gobierno.
Decidí no regresar al país, sobre todo por la amenaza concreta de ser privada de libertad por acusaciones penales absurdas, varias provenientes de seguidores o personas allegadas a Nayib Bukele. Decidí no volver, porque desconfío del fiscal general impuesto por el Presidente y porque estoy consciente que si bien es cierto nuestro sistema de justicia históricamente ha sido frágil, desde el uno de mayo de 2021 no hay garantías judiciales mínimas y no existe independencia de poderes.
No soy la primera ni la última persona que ha tenido que salir forzada del país, históricamente, miles de hermanos y hermanas salvadoreñas han tenido que migrar arriesgando sus vidas, sin documentos, exponiéndose a violencia extrema, sin apoyo de nadie, con profunda tristeza por el desarraigo, pero con la esperanza de comenzar una vida digna, lejos de las amenazas de pandillas, la pobreza, la falta de trabajo digno, la corrupción. También he sido testiga que a dos años y medio del gobierno de Bukele, la migración desde El Salvador no se ha detenido, ni ha disminuido, miles de personas, incluso adolescentes y jóvenes continúan aventurándose, huyendo.
Afortunadamente, mi hija y yo, hemos contado con el apoyo incondicional de mi familia, amigas, compañeras feministas y organizaciones que han sido soporte en este tiempo de desarraigo y nos han acompañado en el proceso migratorio de protección internacional, de modo que ya contamos con estatuto de protección y residencia permanente, pues las autoridades, después de hacer la investigación correspondiente constataron que en El Salvador mis derechos a la vida, integridad personal y libertad están en grave riesgo, no solo por la violencia política sino por violencia de género.
Lamentablemente, cuando tomé la decisión de no retornar a El Salvador, no existían condiciones para dialogar razonablemente con el padre de mis hijos, pues desde nuestra separación en agosto de 2019, optó por denigrarme, difamarme tanto en círculos de amistades en común, como con familiares y lo que es peor usando sus redes sociales y valiéndose de terceras personas. Ante ello, en lugar de ventilar mi versión de la historia en público y atacar lo, acudí al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y me otorgaron medidas cautelares de protección desde julio de 2020 y aun se encuentran vigentes. No obstante la vigencia de estas medidas, el padre de mis hijos, como la gran mayoría de hombres que ejercen violencia, no las cumple, públicamente falsea la verdad, expone a mi hija en redes sociales y me señala como secuestradora de nuestra hija; sin contar las denuncias sin fundamento que ha iniciado en diferentes instancias nacionales e internacionales.
Las mujeres no somos propiedad de nadie y los hijos no deben ser usados nunca como rehenes para someter al otro, o como instrumentos de venganza y menos aliarse con quienes quieren destruir a la madre de tus hijos.
Soy consciente que como padres tenemos derechos y obligaciones para con nuestros hijos e hijas y no pretendo obstaculizarlos, pero tampoco permitiré que continúe humillándome, desacreditándome, manipulando los hechos para victimizarse, exponiendo a nuestra hija en redes sociales e irrespetando las emociones de nuestros dos hijos. Las acciones que ha emprendido en mi contra evidencian que actúa movido por resentimiento y odio, lo cual es muy peligroso y ha ido escalando con el pasar del tiempo.
No es cierto que haya abandonado a mi hijo de 17 años, él decidió no viajar conmigo por consejo de su papá y yo respeté su decisión. No es cierto que yo sea secuestradora de mi niña, ella al igual que su hermano, siempre han vivido conmigo, desde que nacieron y luego de la separación, el padre de mis hijos los veía un día a la semana según su tiempo y decisión. Siempre he dedicado gran parte de mi tiempo a criar a mis hijos, haciéndome cargo de su cuidado, dándoles afecto y protección, por tanto las acusaciones que hace el padre de mis hijos de supuesto maltrato infantil son falsas y me desvinculo totalmente de ellas.
Insto al padre de mis hijos, a que cumpla las medidas de protección que están vigentes a mi favor y que para tratar lo relativo a la crianza y cuidado de nuestros hijos, DIALOGUEMOS en privado, usando el sentido común, respetándonos como personas, sin superioridades y priorizando el bienestar de nuestros dos hijos, quienes están sufriendo la peor parte en este conflicto.
No he cometido ningún delito, ni en El Salvador, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país, tampoco he infringido ninguna ley migratoria. Tanto la niña como yo, contamos ya con la protección internacional que solicité, por tanto estoy lista para afrontar cualquier proceso legal que tenga que afrontar.
Migrar no es delito, buscar una vida libre de violencia, una vida digna para continuar criando mis hijos y trabajando es lo que quiero.
Gracias a quienes creen en mi y me apoyan, sigamos adelante, no perdamos la esperanza, porque el tiempo del gobierno corrupto de Bukele también pasará.