La jueza Cuarto de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena resolvió suspender el estado de emergencia decretado en el penal La Esperanza, conocido como Mariona, al considerar que la medida no fue ampliamente sustentada por las autoridades de dicha prisión.
“Declárese no ha lugar la confirmación del estado de emergencia, decretado por el director del Centro de Detención Menor La Esperanza, Francisco Rafael Rivera Menjívar, por no ser viables las justificaciones”, sostiene la sentencia emitida el 16 de julio.
De esa manera, el tribunal ordenó que se restituyeran los derechos y garantías que habían sido cesados a los reclusos.
El fallo se refiere a la ampliación por 15 días más de la medida anunciada por el Gobierno, como parte del plan Control Territorial, la cual iniciaría a partir del 5 de julio.
“Si bien se ha hecho alusión a que la declaratoria de emergencia ha sido emitida a fin de evitar posibles motines o cualquier acto ilícito”, la aplicadora de justicia señaló que la dirección de dicho penal no logró justificar la acción que llevó a “castigar a toda la población penitenciaria”, la cual está clasificada en nivel tres o de baja peligrosidad, como lo estable el artículo 78 de la Ley Penitenciaria.
Solo se limita a reportar ante el juzgado “el faltante de platino de hierro de los tragantes de los interiores de los sectores, que están siendo ocupados para fabricar armas” cortopunzantes que, según las autoridades penales, dan indicios de un posible ataque contra el personal penitenciario o de otros internos, pero sin especificar los lugares de los hallazgos y quiénes serían los que “pretenden causar inestabilidad en ese centro”.
“Es decir que a la fecha no se cuenta con la prueba suficiente e idónea como proceder a tal medida excepcional y restringir de todos su derechos a los reclusos”, indicó la sentencia.
La jueza exhortó en el fallo “trabajar medidas a largo plazo” dirigidas al control de la posible comisión de delitos desde las cárceles, “de manera que no afecte” a los reos que están en proceso de reinserción y que esto no limite ese derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República.
La resolución será notificada al director general de Centros Penales, al centro penal La Esperanza, Fiscalía General de la República (FGR) y a la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Otra sentencia similar fue emitida, el pasado 10 de julio, por el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria, que revocó el estado de emergencia en Cárcel Mujeres al considerar que tampoco existían los requisitos legales para tener esa prisión en esa condición.
Por su parte, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de San Vicente ratificó la ampliación de 15 días más del “estado total de emergencia” en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, la Granja Penitenciaria y el Centro Penal de San Vicente, del 5 al 21 de julio.
Según el aplicador de justicia, en estos últimos casos la petición si estuvo fundamentada por las autoridades “por diversos atentados contra la seguridad nacional”.
La emergencia en las cárceles implica que la población reclusa no podrá recibir ningún tipo de visita, no tendrán libertad ambulatoria en los recintos carcelarios, no podrán mantener relaciones familiares, ni recibirán información escrita, radial ni televisiva; ni tampoco harán trabajo rentable, de acuerdo a la ley especial.
El estado de emergencia inició el pasado 21 de junio, un día después del lanzamiento del Plan Control Territorial que impulsan las autoridades de Seguridad Pública. No obstante, este fue ampliado por 15 días más, desde el pasado 5 de julio.
Debido a la declaratoria de emergencia decretada en las cárceles de El Salvador, que impide la salida de reos, se suspendieron el pasado 2 de julio un total de 370 diligencias judiciales, lo que puso en riesgo de que algunos procesos cumplan vencimiento y los procesados deban ser liberados. Sin embargo, el Ejecutivo se comprometió a realizar puntualmente el traslado de internos para las diligencias judiciales.