Juez y abogados señalan que se aplica de forma desigual juicio abreviado

Con este beneficio, aunque legal, se envía un mensaje negativo de impunidad en delitos de cuello blanco, manifiestan varios abogados. Fiscalía: proceso abreviado a Ana Ligia de Saca es legal y la obliga a ella a devolver los $17 millones.

El pasado lunes, De Saca iba a confesar ante el juez que cometió lavado de dinero. La audiencia será el 13 de mayo. Foto EDH / Lissette Monterrosa

Por Jaime López

Abr 02, 2019- 20:59

Un juez y varios abogados penalistas cuestionaron el martes el acuerdo al que llegaron abogados defensores y la Fiscalía para que la exprimera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, se someta a un juicio abreviado.

El acuerdo además establece que aunque De Saca confiese que lavó $17 millones de dólares durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca, no vaya a prisión sino que realice trabajo de utilidad pública. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó el año pasado en un proceso similar al esposo de ella a 10 años de prisión luego de que admitiera que se apropió de manera indebida de dinero del Estado en su gestión entre 2004 y 2009. Fiscalía lo acusó de apropiarse de más de $301 millones.

“La percepción es de desigualdad en el tratamiento y aplicación del procedimiento abreviado, es decir una selección que hace Fiscalía de a quiénes se le aplica y de a quiénes no”, afirmó un juez Antimafia, quien pidió no ser identificado.

“Para mí y muchos litigantes, y para el humilde pueblo salvadoreño, este acuerdo es una burla a la justicia”, afirmó el abogado Alcides Guandique. Pidió que “o todos en la cama o todos en el suelo, la justicia de aplicarse a todos por igual”.

“Si se analiza la situación legal de la señora Ana Ligia de Saca, ella no necesita ni defensores porque la misma Fiscalía la está defendiendo al autorizar un procedimiento del cual se cumple lo que decía Monseñor Romero, que la culebra de la justicia muerde los pies más descalzos”, cuestionó por su lado el penalista José Rolando Aparicio.

El abogado Dennis Muñoz se preguntó por qué De Saca “habiendo sustraído $17 millones del pueblo, según acusación, es beneficiada con un juicio abreviado y no otros procesados con delitos menores”. Al contrario, añade, para este caso existe “una Fiscalía blanda y bastante indulgente cuando en otros casos no lo es”.

Entre tanto, el jurista Francisco Bertrand Galindo cree que se debe analizar qué pruebas contra De Saca tiene Fiscalía y del rol que ella jugó en los hechos que se le atribuyen.

“Si la Fiscalía no tiene la prueba tan sólida, sino que cree que hay riesgo de perder el caso después, ha pretendido llegar a un acuerdo previo, lo que implica confesión”, detalló Galindo.

El juez Antimafia explicó que el Código Procesal Penal, la Constitución y los tratados internacionales no establecen diferencias de aplicación del proceso abreviado.

Con esta medida, el imputado es condenado a la tercera parte de la condena mínima. Por ejemplo: si le imponen 5 años, solo descontaría un año y 6 meses.

Para que haya un proceso abreviado debe haber un acuerdo entre Fiscalía y defensores, así como la confesión del delito del imputado.

“El procedimiento abreviado debe aplicarse a quien quiera someterse y reúna los requisitos independientemente del delito que sea”, dice el juez. Pero considera que la Fiscalía ha seleccionado “de manera arbitraria”, pues “lamentablemente se le ha otorgado a personas con una vinculación política que tuvieron un cargo y que se llevaron cantidades grandes de dinero”.

Pero no se ha querido aplicar el mecanismo a personas que ni siquiera han afectado a personas y bienes con los hechos delictivos que se le atribuye, añade.

El abogado Guandique se quejó de que hace un año solicitó un proceso abreviado para una persona a quien le encontraron “una pistolita” y hasta ayer la Fiscalía no le había resuelto nada. El acusado ha estado dos años en prisión sin que lo hubieren condenado en un juicio.

Aparicio afirmó que en el país hay personas procesadas que no han afectado a la sociedad y no reciben esos beneficios. En cambio a De Saca, “se le acusa de haber extraído $17 millones y parecieran chocolates. Son 17 millones de dólares que no fueron invertidos en obras sociales en hospitales, en la Policía, en educación y basta con decir, yo los malversé, yo los lavé, yo los obtuve de manera ilícita”.

Para él es incomprensible que la Fiscalía esté dando esa salida alterna a la prisión personas como ella. “Esto llega a ser una burla a la justicia”, calificó el abogado.

Los abogados consultados consideran que la Fiscalía da con este tipo de beneficios “un mensaje negativo para cuanto funcionario público malversa fondos para que al final diga: ‘me hago cargo, hago trabajo de utilidad pública y en un juicio abreviado saldré libre’.

Ante esto, Fiscalía reaccionó diciendo que el proceso abreviado es aplicado en diferentes casos y todos los meses, y que en el caso de De Saca, el trato no la exime de devolver los $17 millones.

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