El Juez Ambiental, Elí Álvarez, ordenó al Ministerio de Obras Públicas y la empresa constructora que desarrolla la fase II del periférico Gerardo Barrios en San Miguel sembrar 100 árboles por cada uno de los 1,500 árboles talados para el desarrollo de la fase II del Periférico Gerardo Barrios, así como construir 200 reservorios y limpiar la maleza del parque botánico “El Obrajuelo”.
La audiencia se desarrolló el lunes donde representantes del MOP y la empresa constructora presentaron toda la documentación que les permite realizar la tala de árboles para el desarrollo del proyecto, sin embargo, para el juzgador siempre existe un daño ambiental. “Aun cuando tiene los permisos, pero son daños permitidos ante los principios de protección, recuperación y manejo responsable del medio ambiente y en base al principio de desarrollo económico y social tiene que estar de la mano con el medio ambiente”, dijo el juez.
Debido a las más de “50 denuncias” recibidas en el Juzgado Ambiental de San Miguel por la tala de árboles en el Parque Botánico “El Obrajuelo”, el pasado viernes el juez realizó una inspección en el punto donde se construirá el intercambiador del periférico e inicia la apertura de carretera en 17 kilómetros.
En esa ocasión Edwin González, apoderado legal del MOP, presentó ante el juez Álvarez los permisos correspondientes para la tala de 1,500 árboles que se encuentran dentro de la etapa II, otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente y la comuna de Quelepa.
Hace menos de un mes, el juez ordenó el cese de la tala hasta confirmar que los encargados de la obra contaban con los permisos correspondientes, así como identificar el daño ambiental. “Ahora que se han mostrado los permisos esperamos seguir con el proyecto, el juez interpuso una medida cautelar donde nos ha ordenado que se detenga la tala de árboles, obviamente se ha respetado, no hay trabajadores, en espera de que el tribunal resuelva nuevamente en base de lo que se ha presentado”, dijo el apoderado legal del MOP, en esa ocasión.
Con las medidas impuestas por el Juez Elí Álvarez, durante la audiencia del lunes, estaría dando el aval para continuar con el proyecto.
Los sancionados deben de crear escuelas ambientales en los municipios de San Miguel, Quelepa, Moncagua y Comacarán, así como ofrecer una disculpa pública.
La empresa constructora y el MOP contarán con un periodo de tres años para cumplir con lo ordenado por el juez, en caso contrario podrían ser procesados por incumplimiento.
Las medidas impuestas por el juez son independientes de la compensación ambiental administrada por FONAES y a la fecha ya realizó depósitos de hasta $170.000 a la comuna de San Miguel y cerca de $40.000 a las alcaldías de Quelepa y Moncagua para iniciar el proyecto de reforestación, que al igual que la sanción del tribunal debe de ser desarrollado en tres años.