Militares impidieron nuevamente que el juez del proceso penal por la masacre de El Mozote, Jorge Guzmán, ingresara a los archivos de la Fuerza Armada para buscar documentos relacionados con la matanza cometida en 1981 durante el conflicto armado.
El Ejército volvió a bloquear la diligencia del juez de San Francisco Gotera, Morazán, quien acudió este lunes a las instalaciones de la Fuerza Aérea en Ilopango ante la negativa de las autoridades de permitir este procedimiento en un primer intento el pasado 21 de septiembre en el Estado Mayor.
Personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Cristosal y otras organizaciones se concentraron este lunes por la mañana en las afueras del Comando de Fuerzas Especiales de Ilopango en apoyo al trámite que realizaría el juzgador.
Personal de la PDDH y Cristosal se concentraron afuera del Comando de Fuerzas Especiales de Ilopango, para solicitar a los militares abrir los archivos sobre la masacre El Mozote.
Al juez le fue negada la entrada a la entidad. Delegados de la institución castrense se acercaron al aplicador de justicia para exponerle “que en esa unidad no cuentan con la información que ustedes andan buscando” y sostuvieron que “es información confidencial secreta la que tenemos aquí, y que solo puede ser solicitada por la Asamblea (Legislativa)”.
“La negativa es porque nosotros no contamos con esa información que ustedes vienen a verificar”, planteó una de las representantes de la Fuerza Armada.
Guzmán les respondió que “la valoración” que realizan “es conforme a los intereses de la institución armada”. Añadió que “eso de que no contamos con la información es algo que se tiene que verificar a través de la inspección”.
Sin embargo, el aplicador de justicia nuevamente no logró tener acceso a los archivos para buscar los relacionados con la masacre de El Mozote.
Guzmán decidió suspender su visita a otra instalación militar y se trasladó al Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, para levantar un acta.
Para David Morales, querellante en el caso y miembro de la organización humanitaria Cristosal, el presidente Nayib Bukele y el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, estarían cometiendo el delito de desobediencia, incumplimiento de deberes y encubrimiento al “entorpecer” las investigaciones, indicó la agencia EFE.
“Todos los bloqueos deben certificarse por el tribunal a la Fiscalía, porque es prueba de los delitos que han cometido las autoridades militares, incluidos el presidente lamentablemente y ante el peor crimen masivo más grande de la guerra civil de El Salvador”, expresó Morales.
“No existen facultades legales para que bloqueen una orden de una diligencia judicial”, indicó el letrado.
El pasado 21 de septiembre, el Ejército ya había bloqueado el ingreso de Guzmán al Estado Mayor en San Salvador para comenzar la diligencia judicial bajo el argumento de que dicha inspección pondría en peligro el resguardo de documentos secretos.
El presidente Bukele y su ministro Merino Monroy aseguraron al juez mediante dos documentos que la Fuerza Armada mantendría su postura de manera “invariable”.
El juzgador asumió, de acuerdo con una resolución a la que Efe tuvo acceso, que esta postura era únicamente con los archivos del Estado Mayor, por lo que suspendió las inspecciones a este sitio e intentó adelantar este lunes las de la Fuerza Aérea, ubicada en el municipio de Ilopango.
Exigen justicia
“El Mozote nunca más” fue la consigna que gritaban este lunes por la mañana un grupo de personas de las comunidades de Morazán, para exigir justicia en el caso y un alto a la impunidad. Pobladores cerraron por varios minutos el paso sobre la carretera Ruta Militar en el kilómetro 18.
Miguel Ventura, de las comunidades eclesiales, dijo que la concentración era para exigir a las instancias que se abran los archivos y se conozca la verdad de la masacre de El Mozote.
No obstante, según un documento al que Efe tuvo acceso, el Ejército no comparte el interés del proceso penal que enfrentan más de una docena de mandos militares por crímenes de guerra.
“Esta institución no había tenido acceso en dicho caso, en vista que, por el objeto de referida causa penal la Fuerza Armada de El Salvador no es parte y tampoco puede considerarse que tiene interés directo en el fin último que se persigue mediante la misma”, señaló el ministro Merino en un escrito que envió a la Corte Suprema para intentar frenar por esa vía las inspecciones.
Bukele aseguró el pasado 24 de septiembre, en una cadena nacional de radio y televisión, que la intención de ingresar al archivo del Estado Mayor era para conocer archivos militares secretos y divulgarlos.
En esa misma comparecencia, el mandatario anunció la desclasificación de algunos archivos supuestamente relacionados con la masacre.
“La mayoría de archivos, como ustedes esperaran y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años”, sostuvo el jefe de Estado al presentar cinco cajas pequeñas con documentos.
Según afirmó este lunes el querellante de El Mozote, hasta la fecha el Gobierno no ha entregado al juez “ningún material de las famosas cajas” que presentó Bukele en cadena nacional.
“Por cierto esos archivos gozaban de una medida cautelar de protección ordenada por el tribunal, nadie los podía tocar, desplazar, movilizar, ocultar; al mostrar las cajas el presidente evidencia que bajo sus órdenes se cometió el delito de encubrimiento y el delito de ocultación de documentos, porque no los podían mover de los archivos, sin embargo no sabemos qué contenían esas cajas que ni siquiera las han enviado al tribunal”, aseveró en declaraciones a la prensa Morales.
Un grupo de organizaciones sociales ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a Bukele por la posible comisión del delito de “encubrimiento” de la masacre.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de elite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.