El Tribunal Cuarto de Sentencia absolvió este martes a los exdirectores de Centros Penales Nelson Rauda y Rodil Hernández, quienes eran acusados de actos arbitrarios y administración fraudulenta.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostenía que en la administración de ambos exfuncionarios $3.2 millones de las tiendas institucionales fueron destinados a “labores de inteligencia”, así como para pagar sueldos y sobresueldos a algunos empleados durante el periodo que duró la tregua entre las pandillas, entre 2012 y 2013.
El juzgado dijo que tomó su decisión por insuficiencia probatoria y porque no existe ninguna legislación, más que el artículo 152 de la ley penitenciaria, que desarrolle el manejo de los fondos de las tiendas penitenciarias.
El Tribunal también sostuvo que los fondos que los exdirectores de penales manejaron, no eran públicos sino privados, por lo que no aplican en lo establecido en los delitos que les atribuyeron.
“Se ha basado en que no existe legislación que desarrolle el uso de los fondos de las tiendas institucionales, solo ha manifestado que existen los instructivos de la misma Dirección de Centros Penales que ha elaborado para el uso, es decir, que el director mandó hacer instructivos a convencia para el uso”, dijo el fiscal.
El Ministerio Público sostuvo ante el Tribunal que los manuales e instructivos de Centros Penales indican que las utilidades que se obtienen de las tiendas que hay en las cárceles deben estar bajo la supervisión del director general de la institución. Ese dinero debe ser invertido en programas de rehabilitación para los reclusos o para realizar mejoras de infraestructura.
Pero durante la investigación, las autoridades no encontraron un informe o documentación que demuestre que los fondos sustraídos de las tiendas haya sido invertido para el pago de fuentes o para desbaratar planes de fuga, manifestó uno de los fiscales durante el desarrollo del juicio.
El fiscal del caso dijo esta tarde que analizaran la resolución emitida y verificarán si se ha valorado de forma errónea la declaración de los testigos durante la vista pública.
Sin embargo, ante la decisión del Tribunal, Manuel Chacón, uno de los abogados de los exdirectores de Centros Penales afirmó que Fiscalía no demostró que los exfuncionarios hicieron mal uso de los fondos que tomaron de las tiendas institucionales.
“Como lo siempre lo manifestamos nos sentíamos seguros de creyentes de que íbamos a salir bien de esta acusación” dijo Hernández.
En el juicio declararon los exministros de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo y Benito Lara, en la administración de Salvador Sánchez Cerén. Ambos ratificaron que la administración y supervisión del dinero de las tiendas institucionales está bajo la responsabilidad del director general de Centros Penales.
“Desde un principio nos sentíamos seguros y completamente creyentes de que íbamos a salir bien de esta acusación y que seríamos absueltos por dos razones fundamentales jamás cometimos ningún acto o acción que fuera en contra de la población reclusa ni tampoco de la población salvadoreña”, manifestó el exdirector Rodil Hernández Zomosa.
Por el contrario el pueblo es testigo del cambio que el sistema experimentó y todo se hizo pensando en la población salvadoreña, afirmó Hernández.
“De mi parte declarar la gloria a Dios porque siempre encomendé todos estos procesos de los cuales he sido víctima a Dios y el peleó mis batallas y aquí está la conclusión”, dijo el exdirector Nelson Rauda.
Agregó que desde hace tres años afirmó que ha sido sujeto de persecución por la Fiscalía que dirigió el exfiscal Douglas Arquímedes Meléndez. “Creo que él tenía su propia agenda, tenía intereses políticos y que nos utilizó a nosotros en aras de obtener esos objetivos que ahora ha quedado demostrado que fue un proceso sin fundamento ni técnicos, ni probatorios ni jurídicos lo que llevaron al tribunal a tomar la decisión de declarar y sostener la inocencia tanto de Rodil como mía”, afirmó Rauda.
Al final, uno de los fiscales titulares que llevaba el caso afirmó que esperarán que el Tribunal les entregue el fallo por escrito para analizarlo en su totalidad y verificar si a su criterio el Tribunal ha valorado de forma errónea el testimonio de los testigos que han venido a declarar en el juicio.
“Ahorita la representación fiscal ha descubierto que el Tribunal ha valorado de forma incorrecta la declaración de un testigo manifestando que éste recibió dinero de los fondos de las tiendas institucionales para la labor de inteligencia, cuestión que no se manejó así en el juicio”, detalló el fiscal.