Durante la masiva manifestación de este 15 de septiembre, un grupo de jueces y magistrados de cámara denunciaron los crecientes signos autoritarios en El Salvador. Además, destacaron que se está consolidando una dictadura con el auxilio de los abogados impuestos en la Sala de lo Constitucional de forma ilegal y forzosa por la bancada oficialista el 1 de mayo.
Antonio Durán, juez del Tribunal Tercero de Sentencia, afirmó que "como (el oficialismo) no los logró comprar (a los magistrados legítimamente electos para la Sala de lo Constitucional en 2018), los destituyó por la fuerza".
Esto, en relación al golpe que dieron los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN el pasado 1 de mayo, en su primer día de trabajo, cuando removieron a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República y los sustituyeron por abogados afines al Ejecutivo.
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Sobre la Sala impuesta, Durán dijo que "no son magistrados, son operadores políticos del Órgano Ejecutivo".
Condenan purga judicial
Por su parte, la magistrada de Cámara, Cesia Romero, lamentó que el oficialismo “busca jueces que no sean incómodos, porque nosotros somos la última garantía ante abusos de poder y golpes a la Constitución”.
Esto en relación a la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, aprobada de forma acelerada por el oficialismo, y que busca destituir a todos los jueces mayores de 60 años, así como facilitar el traslado de estos entre diferentes tribunales.
Según juristas salvadoreños, esto es un "tiro de gracia" a la independencia judicial atropellada desde el pasado 1 de mayo, pues deja numerosas vacantes en la judicatura que pueden ser suplidas por abogados afines al régimen, como se hizo con la Sala de lo Constitucional.
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La excusa del oficialismo es que buscan limpiar la "corrupción" dentro del Judicial. Por su parte, la magistrada Romero explicó que ya existen procedimientos para sancionar, trasladar o destituir jueces, por lo que una ley de este tipo no era necesaria.
Además, explicó que esta ley es inconstitucional, pues la Asamblea Legislativa no tiene iniciativa de ley para reformar aspectos relativos a la carrera de los jueces. Solo la Corte Suprema de Justicia puede proponer este tipo de reformas, según el artículo 133, inciso tercero de la Constitución.
La magistrada además criticó que se rompe lo que establece el 172 de la Constitución, que establece que "los Magistrados y Jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes", algo que el oficialismo busca someter.