Un grupo de jueces y magistrados aseguraron este mediodía que valoran irse al paro de labores, si no se deroga el decreto legislativo que cesa a los funcionarios judiciales con más de 60 años de edad y los que tienen 30 años de servicio.
"Estamos valorando un paro judicial. Reprogramar audiencias durante dos semanas y que no hayan audiencias durante dos semanas", dijo Juan Durán, juez Tercero de Sentencia de San Salvador.
Explicó que la suspensión, en caso se de, no contemplaría las audiencias iniciales donde se define las medidas ni tampoco los plazos constitucionales de la detención preventiva.
"Es más caótica esta situación donde se atrape, se secuestre el poder judicial y que los ciudadanos tengan una justicia a la carta", dijo Durán.
Los jueces que se oponen al referido decreto tuvieron el respaldo de las organizaciones Alac y Cristosal, organizaciones que este viernes y en representación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional presentaron una denuncia contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que proceda a elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y se restablezca el orden constitucional salvadoreño, indica el comunicado publicado en sus redes sociales.
La denuncia solicita a la CIDH que una vez analizada, condene al Estado salvadoreño y ordene reparar el daño provocado, reinstalando de sus cargos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional destituidos
#ElSalvador | @ALAC_SV y @Cristosal informan que han presentado una denuncia contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en aras que se restablezca el orden constitucional salvadoreño. pic.twitter.com/q9QVucs0JX
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) September 3, 2021
LEA TAMBIÉN: Oficialismo da nuevo “golpe mortal” a la independencia judicial
Asamblea también reformó ley que regula carrera de fiscales y facilita su traslado