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Jueces condenan reformas aprobadas por el oficialismo que golpean la independencia judicial

Según los funcionarios del Órgano Judicial, la reforma para remover a jueces mayores de 60 años es inconstitucional y violatoria de la independencia judicial. Advierten que recurrirán a instancias internacionales para restituir Estado Constitucional.

Por Juan Carlos Mejía / Jorge Beltrán / Insy Mendoza | Sep 01, 2021- 15:31

"Los diputados no tienen iniciativa de ley en lo concerniente a la carrera judicial, conforme lo dispuesto en el articulo 133 ordinal 3º de la Constitución de la Republica". expusieron en la conferencia dada en el interior del centro judicial. Foto EDH/ Jonatan Funes

Decenas de magistrados y magistradas de Cámara, así como jueces de Paz y de Primera Instancia se abocaron esta tarde a las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, para manifestar su rechazo a la reforma a la carrera judicial aprobada el martes por la noche por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa.

Los funcionarios del Órgano Judicial afirmaron que “rechazan enérgicamente” el decreto de reforma que, al momento de entrar en vigencia, obligará a todos los jueces y magistrados mayores de 60 años a ser removidos de sus cargos.

Algunos jueces comentaron que el decreto es discriminatorio y atenta contra la dignidad de los jueces y magistrados. “Sin mascarilla; que nos vean la cara… que corruptos no somos”, dijo una jueza cuando el juez José Alberto Franco terminó de leer un comunicado respaldado por más de medio centenar de jueces y juezas.

Magistrados de cámara, jueces de instancia y jueces de paz de San Salvador, se pronunciaron este día ante el decreto emitido por la asamblea legislativa la noche del martes. Video EDH/ Jorge Beltran

 

La concentración de jueces comenzó a las 2:00 p.m. y a las 2:30 leyeron un comunicado de siete puntos en el que plantearon su rechazo al decreto legislativo que ordena reformas a la Ley de la Carrera Judicial, “por ser ofensivas e indignas a la investidura judicial”.

Los jueces hicieron varios señalamientos sobre el porqué el referido decreto legislativo es inconstitucional.

“Recurriremos a las instancias legales nacionales e internacionales para restituir el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, gravemente afectado con dicho decreto”, afirmaron jueces y magistrados quienes aseguran que para la depuración de miembros de la Carrera Judicial existen mecanismos institucionales que determinan la forma de sancionar o remover magistrados y jueces.

Con la entrada en vigencia de tal decreto, se removería de sus cargos a aproximadamente 156 jueces y magistrados, entre éstos algunos cuyas sedes judiciales conocen de casos importantes. Uno de esos jueces sería Jorge Guzmán, quien lleva el proceso de la Masacre de El Mozote. Analistas han coincidido en llamarlo una “purga” y un paso más en la consolidación del golpe del oficialismo a la democracia.

Según el comunicado en el que los jueces expresan su postura, dicha reforma es inconstitucional y violatoria de la independencia judicial establecida en el Art. 172 de la Constitución de la República.

El principal argumento es que, como ya lo había advertido la abogada Ruth Eleonora López, las iniciativas para reformar la Carrera Judicial pueden venir solo de ese órgano, por lo que los diputados de las bancadas oficialistas violaron el Art. 133, ordinal 3°, de la Constitución, además que no existió fundamento alguno para sustentar la dispensa de trámite en el procedimiento que siguieron los diputados.

Asimismo, los jueces y magistrados hacen énfasis en que dicha reforma violará varios derechos constitucionales una vez entre en vigencia, principalmente, los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso y a la seguridad jurídica de los funcionarios judiciales afectados.

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Por ello, los asistentes condenaron y rechazaron este despido masivo al que se enfrentarían cuando el decreto adquiera carácter vigente, por lo que aseguraron que se acercarán a todas las instancias necesarias, tanto nacionales como internacionales “para restituir el Estado Constitucional y democrático de derecho que ha sido gravemente afectado con dicho decreto”, según el comunicado difundido por los funcionarios judiciales.

Además, señalaron que ya existen mecanismos institucionales previamente establecidos que determinan en qué forma se pueden sancionar o remover magistrados y jueces, bajo un debido proceso.

Según los funcionarios judiciales, en el decreto aprobado ayer no hubo un debido proceso y se violó la Constitución de la República. Foto: EDH / Jonathan Funes

Jueces y magistrados de la zona oriental también expresaron su rechazo

Por otra parte, jueces y magistrados de la zona oriental también se sumaron al rechazo a las recientes reformas aprobadas por los diputados oficialistas para remover de sus cargos a los jueces mayores de 60 años.

Los jueces de los departamentos de La Unión, Morazán, Usulután y San Miguel se concentraron el miércoles en las instalaciones del Centro Judicial de San Miguel, donde brindaron una conferencia para dar a conocer su enérgica protesta en contra de las decisiones de los diputados.

En el pronunciamiento le exigen a la Corte Suprema de Justicia que defienda como corresponde su exclusividad en la iniciativa de ley y la independencia del Órgano Judicial, que es el único organismo neutral llamado a mantener el equilibrio democrático y frenar los abusos del poder.

Por su parte, los jueces y magistrados del Centro Judicial de Santa Tecla, en La Libertad, también se sumaron al rechazo a la reforma y agregaron que dicho decreto fue sobre la base de acusaciones de corrupción sin mostrar pruebas y sin seguir un debido proceso.

Ante esto, hicieron un llamado a la población en general, a las organizaciones de la sociedad civil, al cuerpo diplomático instalado en el país y a todos los organismos internacionales que trabajan en temas de Derechos Humanos para que condenen este “despreciable” acto realizado por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa.

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Asimismo, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) rechazó también la destitución arbitraria e inconstitucional de jueces, magistrados y fiscales, por no cumplir con los requisitos legales, y tampoco cumplir el debido proceso para remover a jueces mayores de 60 años.

Esta propuesta de reforma a la Carrera Judicial, aprobada ayer por los diputados, ocurre cuatro meses después de que los diputados alineados al Gobierno de Nayib Bukele, dieran un golpe frontal al Órgano Judicial al destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, imponiendo a cinco magistrados ilegítimos y sin el proceso de selección estipulado por la Carta Magna.

René Portillo Cuadra, jefe de fracción de ARENA, afirmó ayer que esto es una afrenta al balance de poderes y  que es un seguimiento del golpe al balance de poderes dado el 1 de mayo, cuando, además de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, también se destituyó al fiscal general de la República.

“Si hay algo de vergüenza es para quienes voten este decreto, traten de leer lo que les mandan de Casa Presidencial. No le entreguen el país a una dictadura, traten de hacer lo correcto”, manifestó Portillo Cuadra. “¡Esta vez sí se pasaron!”, les reclamó antes de que la propuesta se sometiera a votación ante el pleno.

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